Con la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares en Economía, el Gobierno busca ordenar incentivos, exigir modelos de negocio para los proyectos del sistema y escalar la cadena del combustible (con foco en uranio) para insertarse en mercados globales.

El Gobierno nacional empezó a delinear un “reordenamiento” del sector nuclear con el objetivo de transformar capacidades históricas en una plataforma con escala industrial y potencial exportador. La hoja de ruta fue detallada por Federico Ramos Napoli, recientemente designado al frente de la Secretaría de Asuntos Nucleares, un área creada bajo la órbita del Ministerio de Economía. Ramos Napoli venía de conducir Dioxitek, la empresa estatal que produce dióxido de uranio para las centrales nucleares y cobalto-60 para usos médicos e industriales.

Según el funcionario, el problema de fondo no es la falta de conocimiento técnico, sino la ausencia de una estructura que “gobierne” el sistema y alinee incentivos para capturar retorno de la inversión pública. En ese marco, planteó revisar el esquema de financiamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA): una parte debería seguir proviniendo del Tesoro, pero con un criterio explícito de retorno de activos y de “modelo de negocio” en cada proyecto, porque —sostuvo— la vida económica de una obra empieza cuando entra en operación.

En esa lógica, Ramos Napoli propuso un cambio de roles dentro de la CNEA: concentrarla en I+D, generación de productos y asistencia técnica, y que los servicios que alcancen masa crítica migren a estructuras empresariales. También mencionó como antecedente la regularización de pasivos entre empresas del sistema: afirmó que Dioxitek mantenía deudas con la CNEA desde 1999 y que durante la primera mitad de 2026 se terminarían de saldar compromisos acumulados por más de 25 años vinculados al molibdeno producido en el reactor RA-3.

El reordenamiento incluye cambios de gestión: Ramos Napoli explicó que, al asumir, ya estaba presentada la renuncia de Germán Guido Lavalle a la presidencia de la CNEA y justificó la designación de Martín Porro, a quien atribuyó experiencia técnica y en gestión de proyectos. Además, remarcó que el RA-10 —al que ubicó en su tramo final— absorbió recursos por ser el proyecto “más crítico” de la Comisión.

Uno de los ejes centrales de la estrategia oficial es volver a impulsar la minería de uranio y, sobre todo, capturar valor en la cadena posterior. El funcionario sostuvo que Argentina tiene capacidades para transformar yellowcake en dióxido de uranio y eventualmente en hexafluoruro de uranio (UF6), con la mira puesta en integrarse a las cadenas globales del combustible en un contexto de expansión nuclear: mencionó 65 reactores en construcción y explicó que la mayoría demandará uranio enriquecido y agua liviana, lo que vuelve más relevante el UF6 como insumo.

En ese punto, Ramos Napoli detalló el “cuello” de escala de Dioxitek. Señaló que el mercado interno no requeriría más de 200 toneladas de dióxido de uranio para abastecer a las tres centrales, mientras que la planta actual no fue diseñada para competir con ambición exportadora. A la vez, afirmó que Dioxitek cerró 2025 con producción récord de 190 toneladas, lo que —según su análisis— permitiría cubrir la demanda local y reducir importaciones.

Sobre la planta de Dioxitek en Córdoba, describió problemas edilicios y de condiciones de depósitos y residuos, y sostuvo que no puede frenarse de manera abrupta porque afectaría el abastecimiento de combustible. También indicó que la empresa avanzaba en un acuerdo con la Municipalidad de Córdoba por un conflicto de ordenamiento territorial para definir un plazo razonable de transición y la finalización de una nueva instalación en otro emplazamiento, con un modelo económico viable.

En paralelo, se refirió al proyecto de una nueva planta en Formosa como un caso de gestión deficiente, con cambios sucesivos de diseño (dos líneas de 230 toneladas nominales, luego una línea con previsión de expansión) y un “agujero” presupuestario de 4.000 millones de pesos que, afirmó, se cubrió a lo largo de 2025.

La mirada exportadora no se limita al uranio. Ramos Napoli explicó que la línea de cobalto-60 (orientada mayormente a exportación) se fortaleció al llevar contratos a precios de mercado, lo que habría contribuido al saneamiento de la empresa. En ese marco, mencionó oportunidades de valor agregado en aplicaciones vinculadas como el gamma-knife.

En el capítulo de proyectos, el funcionario volvió sobre el RA-10 (investigación y producción de radioisótopos) y advirtió que la finalización técnica debe ir acompañada por un esquema de operación que genere ingresos. La misma lógica aplicó al Centro Argentino de Protonterapia desarrollado con la UBA: dijo que tiene buen avance técnico pero que falta definir su modelo de gestión, incluido un eventual canon por concesión del activo a la fundación que lo administrará.

También repasó la situación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en Arroyito (Neuquén), paralizada desde 2017. Según explicó, para viabilizarla se firmó un memorando de entendimiento entre la CNEA y CANDU Energy con el objetivo de reacondicionar la infraestructura y abastecer de agua pesada a nuevos modelos de reactores CANDU Monark.

Finalmente, sobre el reactor modular CAREM, indicó que se decidió frenar la construcción del prototipo en Atucha por cuestiones de ingeniería aún no resueltas. Y sumó que existe otro proyecto modular, el ACR-300 patentado por INVAP, a desarrollarse con una empresa estadounidense bajo un esquema privado, para el que la Secretaría busca construir un entorno regulatorio y de servicios que incentive a que el desarrollo se aloje en Argentina.

Para Río Negro, el punto más directo es el rol de INVAP y su cartera de desarrollos nucleares desde Bariloche, un activo que vuelve a ganar relevancia si la agenda oficial efectivamente se orienta a escalar productos, servicios y exportaciones con mayor valor agregado.