Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF presentarán el 15 de enero un escrito en la Justicia de Nueva York para reclamar multas económicas. El planteo se apoya en el presunto incumplimiento de órdenes de “discovery” vinculadas a correos y chats de funcionarios; el Estado argentino prevé contestar el 19 de febrero.

La disputa judicial más onerosa que enfrenta la Argentina en el exterior suma un nuevo capítulo. Los demandantes en el caso por la expropiación de YPF anticiparon que este jueves 15 de enero presentarán ante la jueza Loretta Preska (Distrito Sur de Nueva York) un pedido formal para que el país sea declarado en desacato (contempt of court) y para que se apliquen sanciones económicas por incumplimientos en la entrega de documentación. 

Según trascendió en las últimas horas, el núcleo del reclamo no se enfoca en el pago del monto de la condena, sino en el proceso de “discovery” (producción de prueba) vinculado a la estrategia de los demandantes para acreditar una hipótesis de “alter ego”: es decir, que YPF y el Estado argentino actuaron como una misma entidad, con el objetivo de ampliar el alcance de medidas de ejecución sobre activos relacionados. 

En ese marco, el planteo de Burford y los acreedores del fallo apunta a la entrega de correos electrónicos y chats (incluyendo WhatsApp) de funcionarios actuales y anteriores. A la fecha, el argumento es que todavía faltarían registros de seis funcionarios clave, lo que abriría la puerta a multas diarias u otras sanciones coercitivas hasta completar la presentación de la información requerida por la Corte. 

Del lado argentino, la posición oficial ha sido que no existe desobediencia, y que se viene cumpliendo con entregas parciales y periódicas, además de gestiones para obtener consentimientos y recopilar información de exfuncionarios. El calendario procesal que circula en el expediente fija como próxima instancia relevante la respuesta de la Argentina para el 19 de febrero. 

El trasfondo del caso es la sentencia que condenó a la Argentina a pagar US$ 16,1 mil millones (más intereses) a los demandantes Petersen Energía Inversora y Eton Park, por la forma en que se ejecutó la nacionalización de YPF en 2012, al considerar que se violaron compromisos del estatuto societario vinculados a la obligación de lanzar una oferta por las acciones de minoritarios. Burford Capital financia el litigio y tendría derecho a una porción relevante del recupero si el fallo queda firme. 

En paralelo, el caso sigue abierto en la instancia de apelación. En 2025, la jueza Preska ordenó medidas de ejecución que incluyeron la transferencia de la participación estatal del 51% de YPF, aunque la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito otorgó suspensiones y mantuvo en pausa esa entrega mientras se tramitan las revisiones. 

Además, durante 2025 la jueza dispuso pedidos de producción de comunicaciones que incluyeron mensajes de WhatsApp y correos vinculados a altos funcionarios, en una señal de que la disputa por el “alter ego” y la etapa probatoria se transformaron en un frente crítico del expediente. 

Si la jueza aceptara el planteo de desacato, el efecto típico no es “redefinir” el fallo principal, sino aumentar la presión procesal con sanciones para forzar cumplimiento de órdenes judiciales. El mercado y el sector energético siguen el caso por su impacto potencial sobre el riesgo país, el financiamiento y la gobernanza de la principal petrolera argentina, en un momento en que YPF es pieza central del programa de inversión y exportaciones.