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Ley de Glaciares: el Gobierno la incluyó en extraordinarias y el Senado buscará tratar en febrero la reforma de la Ley 26.639

Nicolás Muñoz

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enero 19, 2026
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El Decreto 24/2026 convocó a sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero y sumó al temario el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar la Ley de Glaciares. En el Senado, el expediente ya tuvo tratamiento en comisiones y quedó con dictamen firmado, a la espera de llegar al recinto.

El Gobierno nacional activó formalmente el debate legislativo sobre la Ley de Glaciares al convocar al Congreso a sesiones extraordinarias mediante el Decreto 24/2026, que fija el período de trabajo parlamentario entre el 2 y el 27 de febrero de 2026. La norma delimita con precisión el alcance de la convocatoria: durante extraordinarias, las cámaras pueden tratar únicamente los temas incluidos en el Anexo del decreto, donde figura el proyecto para modificar la Ley 26.639, el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial.

En la documentación institucional del Senado el proyecto aparece identificado como un mensaje del Poder Ejecutivo: Mensaje N° 36/25 (registro 161/25), caratulado como iniciativa para modificar la Ley 26.639. Ese seguimiento oficial muestra que el expediente ya recorrió una etapa clave antes del receso: en diciembre se reunió un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable para iniciar el tratamiento, con participación de funcionarios nacionales y exposición de lineamientos del proyecto.

El avance parlamentario también quedó asentado en la trazabilidad interna del Senado: el 18 de diciembre de 2025 hubo plenario de comisiones y se procedió a la firma del dictamen, paso que en la práctica deja la iniciativa en condiciones de ser incorporada al temario de una sesión para su votación en el recinto, siempre que exista acuerdo político para llevarla a tratamiento. Con la convocatoria a extraordinarias ya publicada y el asunto incorporado en el temario oficial, el foco se traslada ahora al calendario de febrero y a la decisión de la Presidencia del Senado de incluir la reforma en el orden del día.

En paralelo, la referencia institucional de la Cámara de Diputados sobre el funcionamiento parlamentario recuerda que las sesiones extraordinarias son aquellas que se realizan fuera del período ordinario y que la convocatoria corresponde al Poder Ejecutivo, lo que explica por qué el decreto y su temario operan como “marco” que habilita y acota el debate. Esto resulta relevante porque, si el proyecto obtiene media sanción en el Senado, deberá continuar su trámite en Diputados para completar el proceso legislativo.

Desde el punto de vista normativo, la Ley 26.639 se encuentra incluida en repositorios estatales de legislación vinculados a marcos regulatorios y normas de referencia, lo que reafirma su vigencia como estándar nacional de presupuestos mínimos ambientales mientras se discute su eventual modificación.

El debate que se abre en febrero es seguido de cerca por gobiernos provinciales, sectores productivos y organizaciones ambientales porque la Ley de Glaciares es una de las normas ambientales más sensibles para proyectos en zonas cordilleranas y de alta montaña, donde la planificación de inversiones convive con la obligación de proteger reservas estratégicas de agua. En términos estrictamente legislativos, el punto inmediato es el tratamiento en el Senado en el marco de extraordinarias, con un expediente que ya cuenta con antecedentes de discusión en comisiones y dictamen firmado.

Para el seguimiento informativo, la hoja de ruta es clara: extraordinarias habilitadas por decreto, tema incorporado en el anexo oficial, proyecto identificado como mensaje del Poder Ejecutivo en el Senado, dictamen ya suscripto y expectativa de recinto durante febrero. A partir de allí, cualquier definición concreta sobre cambios en el régimen, y sus alcances, dependerá del texto final que se someta a votación y del recorrido posterior en la Cámara de Diputados, donde se completará (o no) la sanción parlamentaria.

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