A través del DNU 186/2025, el Gobierno Nacional aprobó un plan de regularización de deudas que las distribuidoras y cooperativas eléctricas mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y que no habían sido regularizadas al 30 de noviembre de 2024. De esta manera, “se da un paso más para recomponer la cadena de pagos y normalizar el sector eléctrico” afirmaron desde el gobierno a través de su sitio web.

El plan de regularización de deudas incluye hasta 12 meses de gracia y 72 cuotas a una tasa equivalente al 50% de la que cobra el Mercado Eléctrico Mayorista (que es la tasa del Banco Nación). Por otro lado, se implementará como incentivo de buenos pagadores un régimen de reconocimiento de créditos a quienes hayan cancelado la totalidad de las transacciones en el 2024 y no tengan deuda no regularizada a diciembre 2023.

Además, este esquema tiene como condición que las distribuidoras paguen la deuda corriente, sino serán multadas y perderán el beneficio. También se prevé exigirles a las distribuidoras y cooperativas eléctricas que presenten un plan de inversiones para realizar mejoras en la infraestructura de la red.

Este nuevo plan de pagos para las distribuidoras ya fue aprobado por el directorio de CAMMESA y cuenta con condiciones similares a otros planes aprobados en el pasado.

Desde el gobierno manifestaron que “Es importante destacar que cuando asumimos el Gobierno, en diciembre de 2023, la tasa de cobrabilidad de CAMMESA era del 48%, lo que significaba que los importes no cobrados se cubrían con aportes del Tesoro nacional; un círculo vicioso que se traducía en más emisión, más inflación que sufrían todos los argentinos y una descapitalización del sistema eléctrico”.

Y agregaron que “Gracias a las medidas tomadas en estos meses por nuestro Gobierno, que incluyeron la recomposición de las tarifas, la focalización de los subsidios y el proceso de desregulación del mercado eléctrico mayorista, la tasa de cobrabilidad hoy es del 97%”.

Por último dijeron que “El objetivo principal de esta medida es que las distribuidoras y cooperativas paguen el 100% de la facturación corriente, lo que permitirá que puedan convertirse en sujetos de crédito y accedan a financiamiento para invertir en mejorar el sistema eléctrico, brindando un servicio de mayor calidad a todos los argentinos. Además, podrán celebrar contratos de suministro de energía con generadoras privadas”.