El acuerdo firmado el viernes pasado entre el gobernador Alberto Weretilneck y el consorcio VMOS que sienta las bases para la construcción y operación del oleoducto Vaca Muerta Sur y una terminal de exportación en Punta Colorada tendrá tratamiento legislativo el próximo jueves.
Tras un extenso intercambio, la comisión aprobó el dictamen del proyecto por mayoría aunque bloques de la oposición solicitaron 48 horas para definir su posición.
La secretaria de Energía de la provincia, Andrea Confini, junto al director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, presentaron los detalles del proyecto y respondieron a las consultas de los legisladores.
El proyecto posiciona a Río Negro como el “primer exportador energético para la provincia y para la Argentina”, con la expectativa de ser la “segunda segunda actividad que ingrese mayor cantidad de divisas a la Argentina después del campo”, se argumentó.
Uno de los pilares del acuerdo es la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal por un período de 30 años. Esto garantiza a la empresa que los impuestos provinciales no se modificarán ni se crearán nuevos tributos durante ese tiempo. Sin embargo, Confini enfatizó que “los impuestos que al día de hoy por ley se tienen que pagar, se van a pagar, ni más ni menos”.
Palmieri complementó: “Río Negro no está resignando ningún impuesto, ni un centavo en ningún impuesto”, aclarando que los beneficios fiscales provienen del RIGI nacional, no de exenciones provinciales en este acuerdo. El régimen fiscal aplicado será el vigente al 31 de diciembre de 2023.
Legisladores como Delgado Sempé cuestionaron la rentabilidad del acuerdo para la provincia.
Confini aclaró que en el transporte (Midstream) no se cobra por el valor del producto, sino por los kilómetros transportados: “No hay regulación en ningún lugar del mundo, no hay manera que nosotros podamos encontrar otra forma que solamente pague ingresos brutos por metro cúbico transportado”, y añadió que el logro de los 40 millones anuales fue resultado de una “pelea muy dura”. Palmieri reforzó que la provincia no puede cobrar regalías, ya que el recurso pertenece a Neuquén.
El proyecto también contempla el desarrollo de mano de obra y proveedores locales. Se estima una gran demanda de personal, con necesidad de capacitación especializada. Ya hay 450 personas trabajando en la traza, con la incorporación de 100 rionegrinos más esta semana.
En materia ambiental, se implementará un programa de monitoreo constante del Golfo San Matías y la costa. La Universidad del Comahue realiza la línea base y se convocará a otras entidades para el monitoreo anual. Se constituirá una Comisión Técnica Fiscalizadora financiada por las empresas.
Ante incidentes, la empresa deberá remediar y compensar, y la provincia pidió medidas de compensación que contemplen otras actividades como pesca y turismo, trabajando con Fundación por el Mar y Parques Nacionales.
Respecto al terreno para la terminal en Punta Colorada, la provincia transferirá una fracción de 170 hectáreas de una parcela mayor. Odarda mencionó datos catastrales que indicaban 3214 ha destinadas al proyecto; Palmieri explicó que Catastro es una representación gráfica y solo se transfieren 170 ha.
Sobre la distribución de fondos a municipios, además del 5% para Sierra Grande, Palmieri explicó que los Ingresos Brutos (estimados en 18 millones de dólares anuales) son coparticipables, beneficiando a todos los municipios.
El legislador Juan Martín propuso crear una comisión de Priorización de Obras y de Seguimiento/Fiscalización, con participación legislativa y municipal, inspiradas en el Plan Castello. Otros legisladores también pidieron considerar una coparticipación directa para los municipios atravesados por el ducto.
