La nueva ley provincial permite concesiones de largo plazo, promueve terminales privadas, crea un fondo de infraestructura y se articula con el proyecto exportador de Vaca Muerta y el Golfo San Matías.

Con la sanción de la Ley Provincial N° 5764, Río Negro dio un paso clave en su estrategia logística y productiva de largo plazo. La norma —vigente desde el 31 de diciembre de 2024— establece un marco moderno y autónomo para el desarrollo, habilitación, control y administración de los puertos marítimos, fluviales y lacustres en todo el territorio provincial. Se trata de una herramienta que apunta a consolidar un modelo propio de infraestructura exportadora, vinculado directamente al crecimiento de sectores estratégicos como los hidrocarburos, la minería, la pesca y la producción industrial.

La ley forma parte de un paquete normativo más amplio que incluye el Régimen de Promoción Económica e Industrial, y tiene como objetivo atraer inversiones privadas, fortalecer capacidades logísticas y generar empleo de calidad en las regiones portuarias. Entre sus principales novedades, habilita la creación de terminales privadas con concesiones de hasta 50 años, establece agencias portuarias autárquicas con capacidad operativa y técnica, y crea el Fondo Portuario Provincial para financiar obras de dragado, mantenimiento y modernización.

Además, la ley impulsa la coordinación entre puertos y otras infraestructuras clave, como zonas francas, parques industriales y terminales de carga, lo que permitirá a la provincia consolidar un ecosistema logístico eficiente y competitivo.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó:

“Los puertos son un activo central en nuestro plan de desarrollo productivo. Con esta ley dejamos atrás un modelo en el que Río Negro tenía que esperar decisiones externas. Ahora vamos a poder planificar a largo plazo, con reglas claras, con incentivos concretos y con la autonomía que nos corresponde como provincia.”

El nuevo Registro Provincial de Puertos será obligatorio para todas las terminales públicas, privadas o municipales, y cada proyecto deberá incluir un plan de gestión ambiental y responsabilidad social, supervisado por la Secretaría de Energía y Ambiente, autoridad de aplicación de la ley.

En términos fiscales, la normativa incorpora un régimen de beneficios compatibles con otros marcos nacionales y provinciales. Se destacan:

• 100 % de exención del impuesto a los Ingresos Brutos por tres años para nuevas inversiones.
• Exención del impuesto inmobiliario por hasta diez años.
• Reducción del 50 % en el impuesto a los Sellos para actos vinculados a los proyectos.
• Bonos fiscales transferibles de hasta el 20 %, que se elevan al 40 % en caso de que el emprendimiento sea liderado por mujeres o cooperativas.
• Y una estabilidad fiscal garantizada por 10 años para las inversiones adheridas.

El gobernador vinculó esta transformación directamente con la agenda energética y logística que impulsa Río Negro:

“No hablamos solo de infraestructura. Hablamos de soberanía logística, de integración productiva y de dejar atrás la idea de que todo lo importante pasa en Buenos Aires. Con esta ley, San Antonio Este, el golfo San Matías, el corredor andino y nuestros lagos también se convierten en protagonistas del desarrollo.”

Hasta ahora, el único decreto reglamentario publicado es el Decreto 538/2024, que oficializó la promulgación de la ley. Se espera que en las próximas semanas se publiquen normas complementarias que regulen el funcionamiento de las agencias portuarias, los mecanismos de financiamiento y los criterios de adjudicación de concesiones.

La puesta en marcha de esta ley se da en un contexto estratégico para la provincia. La demanda global de hidrocarburos, minerales y alimentos, sumada al desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Sur y los futuros proyectos de GNL, convierten al litoral atlántico rionegrino en una puerta de salida central para el comercio exterior argentino. Esta ley apunta a que esa infraestructura quede bajo control, planificación y beneficio de Río Negro.