La Patagonia muestra dos modelos distintos de regulación laboral: mientras Río Negro tiene la regla del 80% de empleo local y 20% foráneo, Santa Cruz acaba de aprobar una reforma que eleva al 90% la contratación de trabajadores santacruceños en sectores estratégicos como hidrocarburos, minería y pesca.

La Legislatura de Santa Cruz sancionó en su 12° sesión ordinaria la modificación de la histórica Ley 3141 (70/30), una norma que regulaba la proporción de mano de obra local en las industrias clave de la provincia. Con la reforma impulsada por el gobernador Claudio Vidal, el piso se eleva ahora al 90% de trabajadores residentes en Santa Cruz, dejando apenas un 10% habilitado para contratación externa.

El nuevo esquema, consolidado como Ley 503/25, introduce requisitos más estrictos de residencia: los trabajadores deberán acreditar seis años de permanencia efectiva en la provincia, con domicilio en el DNI y certificado oficial. Además, en los proyectos alcanzados por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), se fija que un 30% de ese 90% provenga de la localidad donde se radique la actividad, reforzando el impacto directo en las comunidades.

El objetivo es priorizar a los habitantes permanentes de Santa Cruz y asegurar que la inversión privada genere empleo local inmediato. No obstante, especialistas recuerdan que medidas similares en otras provincias han enfrentado cuestionamientos en la Corte Suprema, lo que podría abrir un debate jurídico en el futuro.

En paralelo, Río Negro mantiene su esquema 80/20, vigente en proyectos hidrocarburíferos y mineros, que si bien asegura una alta participación de la mano de obra provincial, ofrece un margen más amplio para la contratación de trabajadores de otras jurisdicciones.

La coexistencia de estos dos marcos normativos muestra cómo, dentro de la misma región patagónica, cada provincia diseña su propia receta para vincular desarrollo productivo y empleo local, con estrategias que reflejan tanto sus prioridades políticas como sus desafíos económicos.