El Decreto 302/2026 actualizó una parte de los impuestos a las naftas y al gasoil para los consumos realizados entre el 1° y el 31 de mayo. El Gobierno nacional volvió a diferir el impacto completo de los tributos, una decisión que busca administrar el traslado a surtidores en un contexto de costos sensibles para hogares, transporte y producción.

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización parcial de los impuestos que se aplican sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 302/2026 y comenzará a regir para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1 y el 31 de mayo.

La decisión forma parte del esquema que viene utilizando Nación para administrar el impacto de los tributos sobre el precio final de las naftas y el gasoil. En lugar de aplicar de una sola vez la totalidad de las actualizaciones pendientes, el Poder Ejecutivo resolvió incorporar una suba parcial durante mayo y trasladar el resto del incremento a junio.

Para la nafta sin plomo, tanto hasta 92 RON como de más de 92 RON, y la nafta virgen, el decreto establece un incremento de $10,39 por litro correspondiente al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y de $0,63 por litro por el Impuesto al Dióxido de Carbono.

En el caso del gasoil, la actualización fijada para mayo será de $9,26 por litro por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, más $5,01 por el tratamiento diferencial previsto en la normativa y $1,05 por el Impuesto al Dióxido de Carbono.

Aunque el porcentaje informado en medios nacionales ronda el 0,5%, el impacto final en los surtidores dependerá de la política comercial de cada petrolera, la evolución del precio internacional del crudo, el tipo de cambio, los biocombustibles y otros componentes que forman parte del precio final de venta al público.

La medida tiene relevancia directa para las economías regionales porque los combustibles atraviesan buena parte de la estructura de costos. En provincias extensas como Río Negro, donde la logística, el transporte de cargas, la movilidad cotidiana y la actividad productiva dependen fuertemente del gasoil y las naftas, cualquier modificación tributaria puede sentirse más allá del surtidor.

El decreto también vuelve a poner sobre la mesa una tensión que se repite en la política energética argentina: por un lado, la necesidad del Estado nacional de recomponer ingresos tributarios; por otro, el cuidado del impacto inflacionario que puede generar una suba plena de los combustibles. Por eso, el Gobierno optó nuevamente por un sendero gradual.

La actualización de los impuestos a los combustibles se encuentra prevista en la Ley 23.966 y se calcula sobre montos fijos que deben ajustarse periódicamente por inflación. Sin embargo, desde hace varios meses Nación viene postergando o aplicando parcialmente esos aumentos para evitar saltos bruscos en los precios.

En términos prácticos, el nuevo decreto no implica una liberalización completa del precio de los combustibles ni define por sí solo cuánto aumentará cada litro en las estaciones de servicio. Lo que hace es mover una parte de la carga impositiva que integra el valor final. Luego, cada empresa define cómo absorbe o traslada ese incremento en función de su estrategia comercial y del comportamiento del mercado.

Para los consumidores, transportistas, productores y empresas de servicios, el dato central es que mayo comenzará con una nueva presión sobre los costos energéticos. El ajuste no será pleno, pero sí marca otro paso en la recomposición de tributos que el Gobierno nacional tiene pendientes y que volverán a actualizarse desde junio si no hay una nueva prórroga.

En la Patagonia, el tema también tiene una lectura particular. El propio régimen tributario contempla tratamientos diferenciales para el gasoil en determinadas zonas del país, entre ellas Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, el partido bonaerense de Patagones y el departamento de Malargüe, en Mendoza. Esa diferenciación busca reconocer las particularidades territoriales, climáticas y logísticas de regiones donde las distancias pesan de manera directa sobre la actividad económica.

Con esta medida, el Gobierno nacional vuelve a avanzar en la recomposición gradual de los impuestos a los combustibles, pero sin aplicar todavía todo el ajuste acumulado. El próximo punto de atención será junio, cuando debería entrar en vigencia el tramo pendiente, salvo que el Ejecutivo decida una nueva postergación.