En el marco de la 6ª Revisión Tarifaria Ordinaria, la distribuidora presentó su solicitud de actualización de ingresos, que implicaría un incremento cercano al 46% en la tarifa media. Usuarios residenciales, cámaras empresariales, asociaciones y organismos públicos advirtieron sobre el impacto crítico en la economía regional y reclamaron mayor equidad y calidad de servicio.

Con la participación de más de 30 usuarios y representantes de sectores productivos, comerciales e institucionales, se desarrolló la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) en el marco de la 6ª Revisión Tarifaria Ordinaria de EDERSA.

La distribuidora presentó su solicitud de actualización de ingresos, que implicaría una variación estimada del 45,9% en la tarifa media, según la documentación técnica. Este punto concentró la atención de los 33 oradores inscriptos —entre usuarios residenciales, cámaras empresariales, asociaciones intermedias y organismos públicos—, quienes advirtieron sobre el alto impacto que un incremento de esa magnitud podría tener en la economía regional.

La jornada, iniciada por el presidente del EPRE, Juan Justo, permitió abrir un espacio de debate donde se cruzaron las necesidades de la empresa y las preocupaciones de los distintos sectores, en un contexto de fuerte sensibilidad por los costos energéticos.

La exposición de EDERSA

La distribuidora presentó los fundamentos técnicos de su requerimiento detallando la metodología utilizada para el cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD), la base de capital adaptada, los costos de explotación proyectados y la tasa de costo de capital solicitada.

Asimismo, defendió la actualización periódica del VAD mediante un mecanismo automático de ajuste (FAV) y modificaciones en los coeficientes de demanda variable (KDV), puntos que generaron observaciones de varios expositores.

El Defensor del Usuario: impacto en sectores productivos y calidad de servicio

El Defensor del Usuario, Dr. Guillermo Zeug, expuso las conclusiones de las reuniones mantenidas en distintas localidades de la provincia donde, según señaló, se verificó una “disociación estructural entre la factura abonada y la calidad del servicio efectivamente prestado por EDERSA”.

Entre los ejes planteados se destacó el rechazo generalizado al incremento solicitado, estimado en torno al 46% según manifestaciones recogidas en territorio y el impacto crítico que tendría en sectores como el riego agrícola, galpones de empaque, frigoríficos y comercios.

El Defensor recomendó al EPRE profundizar el análisis de pérdidas técnicas y no técnicas, la tasa de rentabilidad solicitada y el mecanismo automático de actualización del VAD, a fin de garantizar el principio de razonabilidad tarifaria previsto en la Ley 2.902.

La Defensoría del Pueblo: observaciones sobre equidad y transferencia de riesgos

Por su parte, la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, planteó que la propuesta tarifaria debe analizarse desde la perspectiva del impacto en los derechos de los consumidores, la equidad y la asequibilidad del servicio.

En su exposición cuestionó el aumento pretendido señalando que no guarda correlación con la evolución de salarios y jubilaciones, y advirtió sobre posibles traslados de ineficiencias operativas al usuario.

Asimismo, manifestó reparos respecto del esquema de “VAD desenergizado”, el mecanismo de actualización automática del valor agregado y el reconocimiento de pérdidas no técnicas, considerando que podrían implicar una transferencia de riesgos del negocio hacia los usuarios sin justificación suficiente.

Entre los oradores se encontraron representantes de la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Usuario, legisladores, cámaras empresariales, cooperativas, consorcios de riego, asociaciones productivas y usuarios residenciales, quienes expusieron sus observaciones en un marco de pluralidad y transparencia.

Con la finalización de la audiencia pública, el EPRE continuará ahora con el análisis técnico de las presentaciones incorporadas al expediente, previo a la definición que corresponda adoptar conforme al marco regulatorio vigente.