El Gobierno avanza en la puesta en marcha del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que reemplazará al ENARGAS y al ENRE. El organismo fue creado por la Ley Bases y constituido por decreto, pero la designación de su directorio quedó demorada. El plazo para que el Congreso emita opinión vence el 28 de abril.

El nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad empieza a transitar la etapa final antes de su puesta en funcionamiento. El organismo, que reemplazará al ENARGAS y al ENRE, fue creado por la Ley Bases y luego constituido formalmente por el Decreto 452/2025, pero todavía no cuenta con su directorio oficializado. Esa demora postergó el inicio de una reforma institucional importante para dos servicios públicos centrales: el gas natural y la electricidad.

La Ley 27.742 estableció la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad y dispuso que, una vez constituido, asumirá las funciones que hasta ahora cumplen el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Ente Nacional Regulador del Gas. La misma norma aclaró que, hasta que el nuevo organismo quede efectivamente constituido, ENRE y ENARGAS continuarán ejerciendo sus funciones respectivas.

El Gobierno dio el paso formal en julio de 2025, cuando publicó el Decreto 452/2025. Allí se constituyó el nuevo ente en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y se le asignó la tarea de cumplir las misiones y funciones previstas en las leyes 24.076, para gas, y 24.065, para electricidad. El decreto también fijó que el organismo debía comenzar a funcionar dentro de los 180 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial, con su directorio debidamente conformado.

Ese plazo no se cumplió. El directorio debería haber estado en funciones antes de fin de 2025, pero el proceso administrativo y político se extendió. Según informó EconoJournal, el Gobierno había dejado trascender inicialmente que el ente estaría operativo en marzo, mientras que ahora la expectativa oficial apunta a mayo, una vez cumplido el plazo que tiene el Congreso para emitir opinión sobre las designaciones propuestas.

La estructura del nuevo regulador estará integrada por cinco miembros: un presidente, un vicepresidente y tres vocales. El Decreto 452/2025 estableció que sus integrantes deberán contar con antecedentes técnicos y profesionales en la industria del gas y de la electricidad, tendrán mandatos de cinco años y serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional.

La convocatoria para cubrir esos cargos se formalizó el 13 de octubre de 2025 mediante la Resolución 388/2025 de la Secretaría de Energía. Esa resolución abrió el concurso de antecedentes para seleccionar presidente, vicepresidente y tres vocales del nuevo organismo. También dispuso la conformación de un comité de selección para analizar y evaluar los antecedentes de los postulantes.

De acuerdo con la información publicada, los nombres elegidos para integrar el primer directorio son Néstor Marcelo Lamboglia como presidente, Vicente Serra como vicepresidente, y Griselda Lambertini, Héctor Sergio Falzone y Marcelo Alejandro Nachón como vocales. Sin embargo, todavía resta la oficialización de esas designaciones.

El paso pendiente está vinculado al mecanismo de control político previsto en el decreto. Antes de designar al directorio, el Poder Ejecutivo debe comunicar los fundamentos al Congreso para que una comisión bicameral emita opinión. Si esa comisión no se conforma, el Ejecutivo debe remitir la información a las autoridades de ambas cámaras. Transcurridos 30 días corridos desde esa comunicación, queda habilitado para avanzar con los nombramientos. Según la reconstrucción del proceso, ese plazo vence el 28 de abril.

La opinión del Congreso no es vinculante. Por eso, una vez cumplido el plazo, el Gobierno podrá avanzar con el decreto de designación del directorio. Si el texto ya fue trabajado en los circuitos internos del Ejecutivo, la oficialización podría llegar rápidamente. Si, en cambio, el trámite empieza recién después del vencimiento formal del plazo, la puesta en marcha podría correrse hacia mediados de mayo.

La unificación de los organismos reguladores no es un cambio menor. El ENRE y el ENARGAS tienen funciones sensibles: controlan la prestación de los servicios públicos de jurisdicción federal, fiscalizan a transportistas y distribuidoras, intervienen en cuestiones tarifarias, calidad del servicio, seguridad, sanciones, reclamos de usuarios y cumplimiento de los marcos regulatorios.

El Decreto 452/2025 también dispuso la transferencia del personal, los bienes, el presupuesto vigente, los activos y el patrimonio del ENARGAS y del ENRE al nuevo organismo. A su vez, estableció que, hasta que se apruebe la estructura orgánica definitiva, se mantendrán vigentes las unidades organizativas actuales y sus responsabilidades para garantizar la continuidad operativa del sistema regulatorio.

Desde el Gobierno, la creación del ente único fue presentada como una herramienta para mejorar la eficiencia estatal, modernizar la regulación, eliminar estructuras duplicadas y fortalecer la coordinación sobre dos servicios esenciales. La Secretaría de Energía sostuvo que el proceso de transición contempla la continuidad operativa de las estructuras existentes para preservar la estabilidad institucional y la calidad del servicio.

El punto de fondo será cómo esa unificación impacta en la práctica. La regulación energética atraviesa una etapa especialmente sensible por la recomposición tarifaria, la revisión de subsidios, la necesidad de inversiones en transporte y distribución, y la discusión sobre la normalización de los mercados de gas y electricidad. En ese contexto, el nuevo ente tendrá que ordenar una transición administrativa sin perder capacidad técnica ni independencia regulatoria.

Para los usuarios, las distribuidoras, las transportistas y las provincias, la puesta en marcha del nuevo organismo será una señal relevante. No solo porque reemplazará a dos entes históricos, sino porque quedará a cargo de regular sectores que definen costos, calidad de servicio, infraestructura y reglas de funcionamiento para hogares, comercios e industrias.

El desafío será que la nueva estructura no se limite a una fusión administrativa. La eficiencia regulatoria dependerá de la capacidad técnica del directorio, de la transparencia de sus decisiones, de la continuidad de los controles y de la claridad con la que se ordene la relación entre Nación, empresas prestadoras, usuarios y jurisdicciones provinciales. En energía, la institucionalidad también es infraestructura: sin reglas previsibles, controles sólidos y organismos técnicamente fuertes, las inversiones y la calidad del servicio quedan expuestas a mayor incertidumbre.