Un informe elaborado por Guillermo Michel, citado por Infobae, estimó el costo fiscal de los primeros proyectos aprobados. La discusión aparece justo cuando el Gobierno impulsa el Súper RIGI y la Patagonia mira de cerca el impacto de las inversiones en GNL, petróleo, minería e infraestructura.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones nació como una herramienta para seducir capitales de gran escala, ofrecer estabilidad de largo plazo y mejorar la competitividad argentina frente a otros países. Pero a medida que los proyectos comienzan a aprobarse, también empieza a crecer otra discusión: cuál es el costo fiscal de ese incentivo y qué devolución concreta tendrán las provincias donde se instalarán las inversiones.

El tema fue puesto nuevamente sobre la mesa por un informe elaborado por Guillermo Michel, diputado nacional peronista y exdirector de la Aduana, que fue citado por Infobae. Allí se estimó que los primeros 13 proyectos aprobados dentro del RIGI representarían una resignación tributaria anual cercana a los USD 1.837 millones, equivalente a 0,27 puntos del Producto Bruto Interno.

La cifra no debe leerse como un gasto tradicional del Estado. No se trata de fondos que salen directamente del Tesoro, sino de impuestos que el fisco deja de cobrar por decisión de política económica. Ese es el corazón del debate: si esa renuncia impositiva es el precio necesario para que lleguen inversiones que de otro modo no se concretarían, o si el beneficio resulta demasiado amplio frente a la recaudación que se resigna.

De acuerdo con los datos difundidos por Infobae sobre el informe de Michel, los proyectos incluidos en el cálculo suman inversiones comprometidas por USD 27.210 millones. También proyectan 36.873 empleos y exportaciones anuales estimadas en USD 21.006 millones.

Dentro de ese grupo aparecen iniciativas que tienen impacto directo en el nuevo mapa energético y productivo de la Patagonia. Una de ellas es Southern Energy, vinculada al desarrollo exportador de GNL desde nuestras costas en el Golfo San Matías, con una inversión estimada en USD 15.156 millones. Otra es Vaca Muerta Sur, el proyecto que busca transportar petróleo desde la formación neuquina hasta la costa rionegrina, con una inversión de USD 2.900 millones.

La lista también incluye desarrollos mineros de gran escala, como Rincón de Río Tinto, Los Azules de McEwen Copper y Diablillos de AbraSilver. Son proyectos que muestran hacia dónde apunta la estrategia nacional: energía, minería, exportaciones y obras de infraestructura capaces de modificar la matriz productiva de distintas regiones.

El cálculo del costo fiscal se apoya en los beneficios previstos por el régimen. Entre ellos, la reducción de Ganancias del 35% al 25%, la eliminación de derechos de exportación desde el tercer año, la exención de aranceles de importación, el uso de certificados de crédito fiscal para IVA y la posibilidad de tomar el impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias.

Hay un dato técnico que resulta importante para los sectores que más sigue Energía 360. Según la información publicada por Infobae, el informe aclara que para petróleo, gas natural y oro las retenciones ya eran cero antes del RIGI. Por eso, en esos casos, la eliminación de derechos de exportación no agregaría un beneficio nuevo sobre ese punto específico.

El debate se vuelve más complejo porque las dos posiciones parten de supuestos distintos. Quienes advierten sobre el costo fiscal sostienen que el Estado debe medir con precisión cuánto deja de cobrar y qué impacto tiene eso sobre las cuentas públicas. Quienes defienden el régimen remarcan que, sin reglas especiales, estabilidad y beneficios tributarios, muchas de esas inversiones podrían no llegar al país.

La discusión se amplía con el Súper RIGI, el nuevo proyecto que el Gobierno busca impulsar en el Congreso. Como ya explicamos desde Energía 360, esta iniciativa no reemplaza al régimen original, sino que apunta a complementarlo con un esquema más potente para nuevas industrias o actividades todavía poco desarrolladas en la Argentina.

El Súper RIGI propone beneficios más profundos. Entre los más relevantes aparece una baja de Ganancias al 15%, es decir, diez puntos menos que el RIGI vigente, y un tope del 10% para contribuciones patronales sobre nuevos empleos. Según el informe citado por Infobae, si el RIGI escalara a USD 100.000 millones en inversiones, la resignación fiscal podría acercarse a 1 punto del PBI. Con el esquema del Súper RIGI, ese impacto subiría a 1,27 puntos del PBI.

En la práctica, el Gobierno busca usar este instrumento para disputar inversiones globales en sectores donde la Argentina cree tener condiciones para crecer: GNL, minería, hidrógeno de bajas emisiones, baterías, fertilizantes, nuevos desarrollos petroquímicos, energías renovables, data centers e infraestructura tecnológica.

Para Río Negro, el debate tiene una lectura territorial muy concreta. No se trata solo de grandes números fiscales o de proyectos presentados en planillas nacionales. La provincia ya está vinculada a obras que pueden cambiar su escala productiva: el oleoducto Vaca Muerta Sur, la terminal exportadora de Punta Colorada, el GNL en el Golfo San Matías, la minería metalífera, la infraestructura portuaria y la posibilidad de sumar proveedores locales a cadenas de alto valor.

La pregunta, entonces, no debería quedar encerrada en si el Estado resigna o no resigna impuestos. La discusión de fondo es qué obtiene el país y qué obtienen las provincias a cambio de ese esfuerzo fiscal. Habrá que mirar si las inversiones se ejecutan, si los empleos se sostienen más allá de la etapa de construcción, si las empresas locales logran participar, si la infraestructura queda disponible para nuevos desarrollos y si las exportaciones prometidas efectivamente se concretan.

En una provincia como Río Negro, esa mirada es clave. Los grandes proyectos no pueden medirse únicamente por el monto de inversión anunciado. También deben evaluarse por su capacidad para generar trabajo, mejorar rutas, fortalecer puertos, capacitar mano de obra, dinamizar ciudades y abrir oportunidades para pymes regionales.

El informe difundido por Infobae agrega un elemento necesario a la conversación: pone números sobre el costo fiscal del régimen. Pero esa cifra es apenas una parte de la discusión. El verdadero balance del RIGI y del eventual Súper RIGI se conocerá cuando pueda medirse cuánto de esa resignación tributaria volvió al territorio en forma de actividad económica, empleo, exportaciones, infraestructura y desarrollo real.