En Río Negro, el desarrollo hidrocarburífero es un pilar clave de la economía provincial. Con la llegada de inversiones y el impulso de proyectos como la exportación de Gas Natural Licuado (GNL), surge una pregunta fundamental: ¿se está garantizando que el empleo generado beneficie realmente a los trabajadores rionegrinos?
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Una ley que prioriza a los trabajadores locales
Para asegurar que la industria impacte directamente en la provincia, la Ley Q Nº 4818 , sancionada el 20 de diciembre de 2012, establece que las empresas concesionarias de hidrocarburos, junto con sus contratistas y subcontratistas, deben contratar al menos un 80% de mano de obra local. Esta condición se aplica a trabajadores con residencia comprobada en Río Negro y, además, se da prioridad a aquellos que viven en localidades cercanas a las áreas de explotación.
El espíritu de esta normativa busca que los beneficios económicos de la actividad no queden solo en las grandes empresas, sino que impacten en el empleo y el desarrollo de las comunidades locales. Sin embargo, con el paso de los años, surgieron dudas sobre su efectivo cumplimiento.
Refuerzo normativo y control en 2024
Ante estas preocupaciones, el 12 de julio de 2024 se sancionó la Ley Nº 5733, que no solo ratifica el requisito del 80% de empleo local, sino que además impone la obligación de que las empresas concesionarias y sus contratistas tengan una sede operativa en la provincia durante la vigencia de su contrato.
Otro aspecto clave de esta ley es la priorización de proveedores locales de bienes y servicios, lo que apunta a fortalecer el entramado económico regional y evitar la dependencia de empresas de otras provincias.
Las regulaciones municipales también juegan su papel
A nivel municipal, algunas localidades han ido un paso más allá en la protección del empleo local. Un ejemplo es Allen, donde en agosto de 2024 el Concejo Deliberante modificó una ordenanza para exigir que las empresas vinculadas a hidrocarburos, minería y construcción contraten al menos un 70% de mano de obra local dentro del ejido municipal.
Medidas como esta reflejan una creciente preocupación de las autoridades locales por garantizar que el desarrollo energético también genere un impacto positivo en la vida de los habitantes.
¿Se cumple realmente con la contratación local?
Si bien la legislación establece parámetros claros, el desafío radica en la fiscalización. El cumplimiento de estas normativas depende en gran medida de los controles que realiza el gobierno provincial sobre las empresas operadoras.
En este sentido, surge una pregunta clave: ¿se están haciendo las auditorías necesarias para verificar que las empresas cumplen con la ley? Además, es fundamental conocer la mirada de los sindicatos y de los propios trabajadores para saber si efectivamente están accediendo a los puestos de trabajo prometidos.
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Desde Energía 360 seguiremos de cerca esta temática, consultando a las partes involucradas y brindando información sobre cómo estas regulaciones impactan en el sector energético de Río Negro.
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