En la apertura del 144° período de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei presentó a la industria energética como la columna vertebral del modelo económico que quiere consolidar y, junto con la minería, como el vector más rápido para cambiar el perfil exportador del país. Su idea central fue directa: si la Argentina logra sostener inversión y reglas estables, el futuro productivo se ordena alrededor de petróleo y gas, energía nuclear y renovables, y el desarrollo de minerales críticos.

El Presidente enmarcó esa apuesta en un contexto de competencia global por cadenas de valor: afirmó que los dos capitales más importantes para una nación son “sus recursos y su ubicación”, y ubicó a la Argentina como “eslabón natural” de una cadena estratégica para Occidente gracias a su dotación de gas, petróleo, energía nuclear y renovable, sumada a minerales críticos.

En el capítulo de números, Milei sostuvo que el país ya transita “procesos virtuosos” y ubicó a la energía en el primer lugar. En ese tramo dijo que “el año pasado exportamos 80.000 millones de dólares totales” y, enseguida, proyectó que en cinco años el complejo energético por sí solo podría exportar unos 50.000 millones de dólares. También vinculó ese escenario con el impacto territorial de Vaca Muerta al señalar que el “Gran Neuquén” se convertirá en una de las metrópolis argentinas, y que otras ciudades podrían seguir el mismo camino.

Para minería, el Presidente elevó la apuesta: afirmó que “la minería se despegará por toda la Cordillera” y que generará “cientos de miles” de empleos. Y remató con una comparación que buscó funcionar como faro político y económico: si se hiciera “como la hace Chile”, la Cordillera podría aportar 1.000.000 de puestos de trabajo reales, en contraste con lo que definió como empleo público “inventado”.

El discurso no se quedó en la proyección: Milei anticipó un paquete de cambios para “remover barreras legales” y construir un “marco legal robusto” que habilite el desarrollo primario “con cuidados”, pero —en sus palabras— lejos de “prejuicios ambientalistas absurdos”. En esa enumeración incluyó expresamente a los minerales críticos (cobre y litio) y a los hidrocarburos convencionales y no convencionales.

Como ancla para atraer inversiones, Milei volvió a defender el RIGI y afirmó que, bajo ese régimen, el Gobierno aprobó proyectos por 25.000 millones de dólares “que ya están en marcha” y que evalúa solicitudes adicionales por 45.000 millones. Según detalló, son 32 proyectos distribuidos en 11 provincias y con una demanda estimada de más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Además, sostuvo que el objetivo es convertir al RIGI en política de Estado y que parte de las inversiones actuales empujan “infraestructura crítica” que habilitaría nuevas rondas de proyectos.

En paralelo, el Presidente dedicó un tramo a cuestionar el esquema previo de negocios alrededor de insumos e infraestructura, y ahí apareció el capítulo que más ruido político generó. En la secuencia donde habla del boom energético, lanzó dardos contra quienes, según él, se beneficiaron de sobreprecios e identificó a uno de ellos como: “Piedrita” y “Chatarrín de los tubitos caros”, por Paolo Rocca. Luego, al argumentar sobre “prebenda” y protección, ejemplificó con el mercado de tubos: planteó si era “normal” pagar la tonelada de tubo de acero 4.000 dólares cuando “se paga 1.400”, y lo vinculó con presiones y amenazas empresarias al mercado de cambios.

La parte más estratégica del discurso para el sector fue el “para qué” de todo esto. Milei afirmó que el boom energético no sería solo una buena noticia para petróleo y gas, sino la base para una relocalización industrial: “la energía barata es el insumo transversal” que atrae industria pesada, con crecimiento de petroquímica, siderurgia, aluminio, producción de hidrógeno y procesamiento de litio y minerales críticos. Y sumó un guiño de futuro: data centers en la Patagonia, apalancados por el frío y la energía, como plataforma para infraestructura vinculada a la inteligencia artificial.

En síntesis, Milei planteó que la Argentina puede dejar de depender de ciclos cortos si convierte su dotación de energía y minerales en un programa sostenido: exportaciones, empleo privado y nueva industria alrededor de una condición que consideró decisiva —energía abundante y barata—, mientras promete reformar el marco legal, consolidar incentivos (RIGI) y cortar con los sobrecostos y “tongos” que, según su diagnóstico, encarecieron la infraestructura del país.