El Gobierno definió un mecanismo especial que busca equilibrar el traslado del costo real del GNL con el cuidado del bolsillo de los hogares. El sistema evita que el salto estacional llegue de golpe en los meses de mayor consumo, otorga 65 días de plazo a las distribuidoras para pagar a ENARSA y aplica topes de precios en el Plan Gas.Ar.

En el marco de la política nacional de reducción de subsidios, el Gobierno definió un esquema especial para este invierno que busca equilibrar dos objetivos: trasladar el costo real del gas natural a los usuarios y, al mismo tiempo, evitar un impacto inflacionario inmediato en los hogares.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso que el pago del GNL importado para cubrir la demanda en los meses más fríos se difiera en las boletas. Así, las distribuidoras abonarán a ENARSA un Precio Anual Uniforme (PAU) de U$S 3,79 por millón de BTU, mientras que la diferencia con el costo real del GNL —que ronda los U$S 20— se trasladará más adelante mediante el mecanismo de Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), en los meses de menor consumo.

La medida fue notificada por nota del titular del Palacio de Hacienda a la secretaria de Energía, María Tettamanti, y reflejada en las resoluciones de ENARGAS, publicadas la semana pasada, que actualizaron los cuadros tarifarios.

Este mecanismo busca equilibrar la reducción de subsidios con el cuidado del bolsillo de los hogares. La medida evita que el salto estacional del costo del GNL llegue de golpe en los meses de mayor consumo, trasladando la diferencia más adelante mediante el sistema de Diferencias Diarias Acumuladas (DDA).

Las distribuidoras tendrán 65 días corridos para abonar el gas a ENARSA, lo que otorga mayor previsibilidad financiera. El esquema también se aplica a volúmenes del Plan Gas.Ar, con topes en los precios promedio de las rondas 4.2 y 5.2, garantizando que las tarifas no superen esos valores.

Finalmente, ENARSA mantiene la gestión de las importaciones de GNL, luego de que las licitaciones privadas no resultaran competitivas. De este modo, el Estado asegura el abastecimiento y define un esquema gradual de traslado de costos, con el objetivo de sostener el equilibrio entre inversión, tarifas y consumo.