Después de más de once horas de debate, la Cámara baja convirtió en ley la modificación de la norma que protege glaciares y ambiente periglacial. El proyecto fue aprobado con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una sesión atravesada por cruces políticos, críticas por el impacto ambiental y una defensa cerrada del oficialismo, que presentó la reforma como una corrección técnica y federal.

La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, al cabo de una sesión especial que arrancó ayer por la tarde y se extendió hasta la madrugada de hoy. El resultado final fue de 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, con 252 presentes, 5 ausentes y un legislador que no votó. Con esa mayoría, el oficialismo consiguió sancionar una de las reformas ambientales más delicadas del año y, al mismo tiempo, abrir una nueva etapa de discusión sobre los límites entre protección hídrica, potestades provinciales y desarrollo minero.

No fue una sesión rutinaria. El debate combinó varias tensiones en una misma jornada: la pelea política entre oficialismo y oposición, la discusión técnica sobre el alcance real de la ley vigente, el trasfondo económico de las inversiones mineras en zonas cordilleranas y una pregunta de fondo que sobrevoló toda la noche: quién define, en definitiva, qué áreas deben quedar bajo resguardo estricto y cuáles pueden ser analizadas bajo esquemas de evaluación ambiental.

Antes de entrar al núcleo del proyecto, la oposición intentó correr el eje de la sesión con varios pedidos de apartamiento del reglamento para incorporar otros temas sensibles a la agenda del recinto. Sin embargo, todos fueron rechazados y el oficialismo logró sostener el temario acordado. Esa primera señal mostró que La Libertad Avanza llegaba con el control político suficiente no solo para abrir la sesión, sino también para encaminar la votación final.

El quórum se consiguió con 129 diputados sentados en sus bancas, gracias al aporte del oficialismo, aliados y bloques dialoguistas. En ese armado volvieron a aparecer sectores del PRO, la UCR, Innovación Federal y otros espacios provinciales que, aun con matices, terminaron siendo decisivos para garantizar el funcionamiento de la Cámara y más tarde para acompañar la sanción. Ese dato no fue menor: la reforma no salió solo con votos libertarios, sino con una mayoría parlamentaria bastante más amplia.

Cuando comenzó la discusión de fondo, el oficialismo se apoyó en una estrategia clara: defender el proyecto como una actualización técnica de la ley vigente, negar que implicara una desprotección de los glaciares y presentar la reforma como una reafirmación del federalismo. El encargado de abrir esa línea argumental fue el diputado sanjuanino José Peluc, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, quien sostuvo que buena parte de las críticas partían de una lectura equivocada del texto. Según la crónica oficial de Diputados, Peluc afirmó que quienes decían que la reforma dejaba sin protección a los glaciares “no han leído el proyecto” y “tampoco entienden lo que es el sistema del agua”.

En esa misma línea se expresó Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien aseguró que la iniciativa “busca aclarar conceptos” y “no altera el paradigma de la protección de los glaciares”. El diputado sostuvo además que la norma fortalece “el verdadero federalismo de concertación” y que el texto demuestra que “la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles”. Esa fue, en rigor, la columna vertebral del discurso oficialista: plantear que la ley original había derivado en interpretaciones demasiado amplias y que la reforma venía a precisar criterios sin desmontar el esquema de tutela ambiental.

Sin embargo, a medida que avanzó la noche, el rasgo más llamativo del oficialismo fue otro: varios diputados libertarios que estaban anotados para hablar desistieron de hacerlo. La lectura política fue simple. Como los votos estaban, el Gobierno eligió no sobreexponer a sus legisladores ni prolongar innecesariamente un debate que ya venía cargado de tensión. La decisión fue llegar rápido a la definición y evitar que el tramo final de la sesión se transformara en un desgaste discursivo.

Del lado opositor, en cambio, la postura fue mucho más combativa. Sabrina Selva, de Unión por la Patria, fue una de las primeras en endurecer el tono y, según la versión oficial de Diputados, calificó el debate como “tan deshonesto como el gobierno”. También advirtió que la reforma era “inconstitucional y regresiva” y que podía derivar en conflictos interjurisdiccionales. Su planteo apuntó a un punto central: que la nueva ley no corrige técnicamente el régimen anterior, sino que baja el nivel de protección que había consolidado la norma sancionada en 2010.

En representación de Provincias Unidas, María Inés Zigarán cuestionó uno de los argumentos más repetidos por el oficialismo: la idea de que la reforma fortalecía a las provincias. Para la diputada, el nuevo texto en realidad las deja “solas con todo el costo” de decidir sobre áreas de altísima sensibilidad ambiental. Esa crítica fue relevante porque puso el foco en uno de los cambios más profundos de la ley: el mayor protagonismo provincial para determinar qué glaciares y qué geoformas periglaciales cumplen función hídrica estratégica y, por lo tanto, quedan bajo protección específica.

También fue duro Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien calificó la reforma como “totalmente regresiva e inconstitucional” y cuestionó la influencia del sector minero en la construcción del proyecto. A su vez, Miguel Ángel Pichetto, uno de los dirigentes que participó de la sanción de la ley original, defendió el esquema de 2010 como una norma “autosuficiente” y advirtió que el nuevo texto le resta centralidad al IANIGLA como referencia científica nacional. Para Pichetto, no había argumentos técnicos, políticos ni económicos que justificaran el cambio.

El debate también tuvo expresiones todavía más filosas. Desde la izquierda, Néstor Pitrola planteó que se estaba legislando en favor de intereses mineros y en contra de la defensa del agua. Y en uno de los pasajes más duros de la madrugada, Juan Grabois calificó el proyecto como “una ley envenenada”. Esas intervenciones reflejaron que la discusión excedía largamente la técnica legislativa: lo que se estaba discutiendo era el sentido político de la reforma y el modelo de relación entre Estado, ambiente y actividad extractiva.

Afuera del Congreso, la escena parlamentaria tuvo su correlato callejero. Organizaciones ambientalistas y activistas desplegaron protestas contra la reforma, con consignas en defensa de la Ley de Glaciares y advertencias sobre el riesgo de que la modificación termine habilitando mayor actividad minera en áreas sensibles. El mensaje fue claro: aun aprobada, la ley no cerrará la discusión, sino que probablemente la traslade a otro plano, con más presión social, mayor disputa técnica y una casi segura instancia judicial.

Otro de los momentos políticos de la noche fue la presencia de Karina Milei en uno de los palcos de la presidencia de la Cámara durante el tramo final del debate. Su aparición fue interpretada como un gesto directo de la Casa Rosada para seguir de cerca una votación importante, sensible y cargada de simbolismo. No era solo una ley ambiental: era también una demostración de fuerza legislativa del oficialismo en un tema que involucra inversiones, provincias cordilleranas y uno de los debates públicos más intensos de los últimos años.

Qué cambia punto por punto

El corazón de la reforma está en el nuevo criterio de protección. A partir de ahora, la ley establece que la tutela específica alcanza a los glaciares y al ambiente periglacial cuando cumplan una función hídrica estratégica, es decir, cuando actúen como reserva de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas. Ese cambio redefine el alcance de la ley, porque deja atrás una interpretación más uniforme sobre todo el ambiente periglacial y concentra el resguardo en aquellas formaciones que acrediten ese rol hídrico.

También se modifica el criterio del Inventario Nacional de Glaciares. El nuevo texto dispone que el inventario individualice los glaciares y geoformas periglaciales que efectivamente cumplan esa función estratégica. Al mismo tiempo, incorpora una cláusula de continuidad: lo que ya está incluido en el inventario seguirá protegido hasta que la autoridad competente determine, con respaldo técnico-científico, que dejó de cumplir esa función.

La ley además refuerza el papel de las provincias. Cada jurisdicción definirá su autoridad competente para identificar áreas alcanzadas por la norma, intervenir en los procesos de evaluación y aportar información al sistema nacional. En términos políticos, este es uno de los ejes que permitió sumar respaldo de provincias mineras y de bloques que ven en la reforma una recuperación de potestades locales sobre recursos naturales.

En cuanto a las actividades productivas, la norma mantiene la prohibición de aquellas acciones que alteren de manera relevante la condición natural de glaciares y ambientes periglaciales protegidos o sus funciones hídricas, incluyendo exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Pero introduce un giro importante: será la autoridad competente de cada jurisdicción la que deberá definir, a través de la evaluación de impacto ambiental, cuándo una actividad produce esa alteración relevante y, por lo tanto, no puede autorizarse. Ese punto desplaza la discusión hacia un análisis caso por caso.

La reforma ratifica además que toda actividad proyectada en glaciares y ambiente periglacial deberá pasar por evaluación de impacto ambiental previa y contempla la posibilidad de exigir evaluaciones ambientales estratégicas cuando la escala o el grado de intervención lo justifiquen. También mantiene la exigencia de participación ciudadana bajo la Ley General del Ambiente.

El resultado y lo que viene

La votación final dejó un mapa político claro. Hubo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Los legisladores que se abstuvieron fueron Eduardo Falcone, Karina Maureira y Oscar Zago. Según el acta oficial, los ausentes fueron Rocío Bonacci, Alejandro Finocchiaro, Ignacio García Aresca, Gerardo González y Pablo Yedlin.

Con la ley ya sancionada, la discusión no se cierra: cambia de terreno. Lo que viene ahora será decisivo. La clave estará en la reglamentación, en cómo las provincias delimiten qué áreas cumplen función hídrica estratégica, en el papel que conservará el IANIGLA dentro del sistema y en el criterio con el que se analicen futuros proyectos en zonas sensibles. Para el oficialismo y sus aliados, la reforma aporta claridad, previsibilidad y mayor federalismo. Para sus detractores, abre una etapa de flexibilización normativa, conflictividad institucional y probable judicialización.

En definitiva, la sesión maratónica del martes no dejó solo una ley aprobada. Dejó expuesto un choque de modelos. De un lado, quienes sostienen que la Argentina necesita reglas más precisas para compatibilizar ambiente y desarrollo. Del otro, quienes advierten que en nombre de esa compatibilización se puede terminar erosionando uno de los pisos de protección ambiental más sensibles del país. La ley ya está sancionada. La pelea por su interpretación, recién empieza.