Nación y las provincias de Río Negro y Neuquén siguen sin acuerdo a horas de la licitación.
A días de que se publiquen los pliegos para la nueva licitación de cuatro represas hidroeléctricas claves de la Patagonia, el Gobierno nacional y los gobernadores de Río Negro y Neuquén aún no logran un acuerdo definitivo. El proceso, que busca reprivatizar las centrales tras el vencimiento de sus concesiones en 2023, despierta tensiones políticas, legales y económicas.
Las represas en juego
Las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados (Planicie Banderita) y Piedra del Águila, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, generan en conjunto el 10% de la electricidad del país. Tras más de tres décadas de gestión privada, el gobierno de Javier Milei busca licitar nuevamente la operación de estas represas a través de un concurso público nacional e internacional, cuyo llamado está previsto para el 7 de mayo.
Prórroga pedida por los gobernadores
En abril, los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) solicitaron formalmente una prórroga de 15 días para analizar el proceso licitatorio y presentar observaciones. El Ejecutivo nacional accedió al pedido, pero la extensión vence esta semana y las diferencias persisten.
Disputa por el control provincial
El eje del conflicto es el rol de las provincias en la futura gestión de las represas. Los mandatarios patagónicos reclaman mayor participación en el diseño de los pliegos y una porción del paquete accionario, invocando el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce la jurisdicción provincial sobre los recursos naturales.
El Gobierno nacional, sin embargo, ha fijado una postura inflexible: aceptaría que las provincias adquieran hasta el 10% de las acciones, pero al valor que surja de la licitación, sin condiciones especiales. Además, ratificó que el control mayoritario estará en manos de inversores privados.
Tensiones fiscales y amenazas cruzadas
Ante esta negativa, los gobiernos provinciales barajan aplicar un nuevo impuesto por el uso del agua para generación hidroeléctrica. La Casa Rosada respondió que una medida de este tipo sería inconstitucional y prometió llevar el tema a la Justicia si se concreta, alegando doble imposición, ya que las provincias ya cobran regalías hidroeléctricas del 12%.
Qué propone Nación en el nuevo modelo
Según trascendió, el modelo de negocio previsto en los pliegos establece que:
- Durante los primeros 2 años, el 95% de la energía generada deberá destinarse a la demanda prioritaria residencial, a un valor fijo cercano a los 14 USD/MWh.
- A partir del año 11, los concesionarios podrán vender el 50% de la energía a precio de mercado.
Este esquema busca garantizar estabilidad de tarifas para los hogares, aunque algunos expertos advierten que, a largo plazo, podría implicar aumentos si el precio libre crece sin regulación.
Interés empresarial
Entre los potenciales oferentes figuran las actuales operadoras (AES, Central Puerto, Enel), pero también se mencionan YPF Luz, Genneia, Pampa Energía, MSU Energía, Total Energies y fondos chinos. Además, los nuevos adjudicatarios podrán acogerse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con beneficios fiscales y estabilidad jurídica.
¿Qué se juega Río Negro?
El control de Piedra del Águila y la cercanía territorial con otras represas hacen que Río Negro tenga un interés estratégico en este proceso. El gobierno de Weretilneck busca garantizar que los recursos que se producen en la provincia tengan un retorno tangible para sus habitantes y se respeten los derechos que otorga la Constitución.
¿Habrá acuerdo?
A horas del vencimiento del plazo otorgado, no hay señales claras de acercamiento. La publicación de los pliegos sin consenso podría desatar una batalla legal y política que tensione aún más la relación entre Nación y las provincias productoras.
En un contexto donde la energía vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica, las decisiones que se tomen esta semana marcarán el rumbo de la hidroelectricidad argentina por los próximos 30 años.
