La Justicia Federal de Gualeguaychú citó a Ezequiel Maneiro (intendente de Ibicuy), Rosa Hojman (Ambiente), Ricardo Iturriza (Minería) y Guillermo Bernaudo (Desarrollo Productivo) en la causa N.º 8044/2024, que indaga presuntas omisiones de control, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica sobre areneras y plantas de lavado de arena silícea en el sur entrerriano.

Durante los primeros días de octubre, el juez federal Hernán S. Viri firmó la convocatoria a declaración indagatoria para los cuatro funcionarios y el jefe comunal de Ibicuy. El expediente, rotulado 8044/2024, centra su mirada en el andamiaje de habilitaciones, fiscalización y documentación ambiental y administrativa que permitió la operación de canteras y plantas de lavado de arena silícea en Ibicuy y Gualeguaychú. Según surge de la resolución y de las crónicas judiciales locales, la indagatoria se activa a partir de una denuncia presentada por el ing. Carlos Humberto Cadoppi Frigerio (tío del gobernador Rogelio Frigerio) junto con su abogado Ricardo Luciano. Aún no trascendieron fecha y horario de las audiencias.

La arena silícea del sur entrerriano es parte histórica del abastecimiento de proppant para las operaciones de estimulación hidráulica en Vaca Muerta. El punto de conflicto no es la necesidad industrial del insumo sino cómo se autorizó y controló cada eslabón: permisos municipales y provinciales, licencias ambientales, estudios exigidos (incluido el impacto acumulativo), fiscalización en ruta y trazabilidad del material desde canteras y plantas de lavado. Cualquier ajuste judicial o administrativo que surja del caso puede reconfigurar costos, plazos logísticos y contratos en el abastecimiento, en un escenario donde la industria también expande alternativas de arena de cercanía en la Norpatagonia.

El derrotero judicial no es nuevo. En 2022, el mismo Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo de Viri dispuso allanamientos y clausuras temporarias en establecimientos del área de Ibicuy, en el marco de actuaciones por presuntas irregularidades en habilitaciones y controles. Aquellas medidas presionaron a empresas y organismos a regularizar documentación y a reforzar controles en terreno.

Paralelamente, el frente administrativo-ambiental sumó capas. En diciembre de 2023, el Poder Judicial de Entre Ríos informó que el Informe de Impacto Ambiental sobre la extracción de arenas silíceas en Ibicuy quedaba disponible para consulta pública, parte de un proceso de participación que incorporó estudios de impacto acumulativo. Ese andamiaje técnico-administrativo fue objeto de litigios, y en junio de 2024 se publicó un fallo de cámara que avaló la actividad provincial en la zona, dejando vigente la línea de trabajo con esos estudios y requisitos.

La nueva fase penal reabre la discusión desde otro ángulo: ya no se trata sólo de si los papeles estaban completos, sino de quién autorizó qué, cuándo y bajo qué estándares, y si las autoridades controlaron efectivamente el cumplimiento de las obligaciones ambientales y operativas. En lenguaje jurídico, la fiscalización bajo la lupa es la que podría encuadrar en incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y omisión de control. Para el sector productivo y logístico, la traducción práctica es clara: más requerimientos, auditorías o eventuales cautelares podrían ralentizar la salida de arena desde Entre Ríos, encarecer fletes y mover contratos de abastecimiento a otros orígenes, con el consiguiente efecto en plazos de obra y curvas de actividad.

En este contexto, las fuentes locales coinciden en los datos duros: Juzgado Federal de Gualeguaychú, juez Hernán Viri; imputados citados a indagatoria: el intendente Ezequiel Maneiro y los funcionarios provinciales Rosa Hojman, Ricardo Iturriza y Guillermo Bernaudo; territorio: Ibicuy y Gualeguaychú; materia: controles sobre areneras y plantas de lavado. La resolución que activa las indagatorias se emitió a comienzos de octubre, y la denuncia que gatilla el avance fue formulada por Cadoppi Frigerio junto a Luciano. Con esos elementos, la causa 8044/2024 ingresa en una etapa clave de toma de declaraciones y producción de prueba, mientras los organismos provinciales y el municipio de Ibicuy preparan sus descargos.

Entonces, para ir redondeando, el mapa queda así: si la Justicia confirma falencias en los controles, podrían venir exigencias adicionales y estandarizaciones más estrictas para toda la cadena (de la cantera al camión y de la planta al destino), con efectos de segunda vuelta sobre precios, logística y disponibilidad de proppant. Si, por el contrario, se ratifica que el andamiaje actual cumple con la normativa, el sector ganará previsibilidad pero, de todos modos, el proceso dejará un historial documental más robusto para auditar el flujo de arena hacia los hubs energéticos del país. En cualquiera de los escenarios, Ibicuy seguirá siendo un caso testigo donde se cruzan la necesidad industrial, la licencia social y la trazabilidad ambiental.