Argentina defendió su postura en el Segundo Circuito de Nueva York y los jueces pusieron a prueba a Burford; el fallo podría demorar.

Argentina expuso su defensa ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, en Manhattan, por la demanda vinculada a la estatización de YPF de 2012. El equipo legal del Estado insistió en que la controversia debe regirse por derecho argentino, que los tribunales de EE.UU. no son la jurisdicción adecuada y que el cálculo de daños aplicado en la sentencia de primera instancia resulta desproporcionado frente a los hechos del caso.

Durante la audiencia, el panel de jueces interrogó con intensidad a ambas partes sobre dos cuestiones de fondo: la competencia del foro estadounidense y la interpretación del estatuto de YPF respecto de una eventual obligación de lanzar una oferta pública a accionistas minoritarios cuando el Estado tomó el control. Ese ida y vuelta dejó la sensación de que los magistrados sometieron a especial escrutinio los razonamientos de la contraparte, financiada por Burford Capital, centrados en presentar el litigio como una violación contractual susceptible de repararse bajo legislación norteamericana.

La representación argentina remarcó que las decisiones impugnadas se enmarcaron en un acto soberano de política pública y que, en cualquier caso, la lectura del estatuto que proponen los demandantes es extensiva y descontextualizada. Del otro lado, los abogados de los fondos Petersen y Eton Park defendieron la competencia del tribunal de Nueva York y sostuvieron que el Estado omitió cumplir reglas de trato equitativo hacia los minoritarios.

Más allá del cruce técnico, el resultado tiene derivadas económicas y políticas sensibles: la condena original, apelada, se ubicó en torno a los USD 16.100 millones. Una confirmación, revisión o anulación del fallo impactará en la hoja de ruta fiscal y en la estrategia de resolución de disputas internacionales del Gobierno.

¿Qué viene ahora? El tribunal podría tomar varios meses para decidir. Según el resultado, quedan disponibles pedidos de reconsideración (rehearing) y, eventualmente, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de EE.UU., cuya admisión es discrecional. Hasta entonces, la atención estará puesta en cómo evoluciona el precio de los activos involucrados y en los movimientos procesales de ambas partes.