La ley aprobada este viernes convalidó el Acta Acuerdo entre la Provincia, YPF y Argentina LNG SAU para avanzar con el megaproyecto de exportación de GNL en el Golfo San Matías. El oficialismo defendió beneficios e impacto laboral; la oposición advirtió sobre riesgos ambientales, asimetrías económicas y falta de transparencia societaria.

La Legislatura de Río Negro ratificó este viernes el acuerdo que sienta las bases para el desarrollo del Proyecto Argentina LNG en la costa atlántica provincial. La norma aprobada valida “en todos sus términos” el Acta Acuerdo firmada el 23 de enero de 2026 entre la Provincia, Argentina LNG SAU e YPF S.A., y declara de interés público el proyecto y las obras necesarias para su ejecución.

La votación se resolvió por amplia mayoría: 42 votos afirmativos y 4 negativos. Votaron en contra Luciano Delgado Sempé, Magdalena Odarda y Ayelén Spósito (Vamos con Todos) y Leandro García (PJ–Nuevo Encuentro).

El miembro informante del proyecto fue Lucas Pica (JSRN), quien defendió el acuerdo como una definición estratégica para posicionar a Río Negro como plataforma exportadora de energía. En su discurso, respaldó el esquema nacional de incentivos y afirmó que, sin el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el proyecto no habría llegado a la provincia. También proyectó creación de empleo y vinculó el impacto del desarrollo gasífero con una transformación de escala para la Norpatagonia.

Uno de los ejes del oficialismo fue justificar el paquete de condiciones fiscales y regulatorias asociadas a la inversión. En esa línea, Pica describió al RIGI como un mecanismo para equiparar reglas con otros destinos de inversión global, y defendió que la Provincia no cederá sus competencias ambientales ni laborales. En el recinto se insistió, además, en la aplicación del esquema provincial de prioridad de empleo y proveedores locales (mencionado como “80/20”) bajo la premisa de priorizar contratación rionegrina.

Desde la UCR, Ariel Bernatene justificó el acompañamiento de su bloque poniendo el foco en el paquete de infraestructura previsto: mencionó la construcción de un gasoducto dedicado de 48 pulgadas y 520 km, un poliducto asociado y una planta fraccionadora en tierra para separar propano, butano y gasolinas naturales en suelo rionegrino, como parte del valor agregado industrial que la provincia busca capturar.

En la vereda opuesta, Magdalena Odarda fue una de las voces más críticas. Planteó objeciones ambientales, cuestionó la letra del acuerdo en materia de uso de costa y servidumbres, y sostuvo que el Golfo San Matías podría enfrentar impactos irreversibles. También apuntó a la estructura societaria de Argentina LNG SAU, a la que describió como una “sociedad vehículo”, y reclamó mayor claridad sobre los socios internacionales y los mecanismos de control.

En el mismo sentido, Luciano Delgado Sempé y Leandro García objetaron las condiciones del entendimiento y advirtieron sobre una relación económica asimétrica entre el potencial negocio exportador y los ingresos directos para la provincia, además de reclamar más documentación de base (inversión y estudios) para dimensionar riesgos y beneficios. Aun así, dentro de las críticas se destacó un punto de coincidencia: la planta fraccionadora apareció como el componente más claro de industrialización y valor agregado local dentro del esquema del proyecto.

La ratificación legislativa llega después de semanas de instalación pública del tema. El Gobierno provincial había convocado la sesión extraordinaria con Argentina LNG como eje central y sostuvo que la norma buscaba dar un paso institucional para un proyecto presentado como estratégico para el perfil exportador de Río Negro.

Con la ley ya sancionada, el debate entra ahora en su fase más sensible para el territorio: cómo se implementan las condiciones locales (empleo y proveedores), cómo se instrumentan controles ambientales y de seguridad, y qué trazabilidad pública tendrá el avance de las obras vinculadas a una inversión que, por escala, impactará en la costa rionegrina y en la logística energética nacional