Chubut, Mendoza y otras provincias se reinventan con estrategias fiscales y prórrogas para sostener la producción convencional. Mientras tanto, La Pampa enfrenta un escenario de incertidumbre que podría dejarla fuera de juego en la competencia por atraer inversiones.

Con el foco nacional puesto en el desarrollo masivo de Vaca Muerta, muchas provincias productoras afrontan hoy un desafío silencioso pero urgente: el declive de sus campos maduros y la necesidad de reinsertarlos en la agenda energética con nuevas reglas de juego. En ese contexto, varias provincias avanzaron en los últimos meses con medidas concretas para evitar la caída de su producción convencional, atraer capitales y ofrecer condiciones más competitivas a las operadoras.

Chubut fue una de las primeras en moverse. A través del Decreto 325/2025, autorizó una reducción de regalías al 6 % para la producción incremental en los yacimientos Escalante y El Trébol, donde opera Pecom. La medida se extiende hasta el año 2035 y forma parte de un acuerdo que incluye una inversión superior a los 200 millones de dólares para reactivar pozos, incorporar nuevas tecnologías de recuperación secundaria y ampliar la infraestructura. La provincia apostó así por una estrategia de incentivos de largo plazo, con impacto fiscal diferido pero beneficios inmediatos en empleo y actividad.

Mendoza, por su parte, también implementó una política agresiva para sostener su industria convencional. Recientemente, prorrogó por diez años varias concesiones clave —entre ellas Barrancas, Vizcacheras, La Ventana y Río Tunuyán— y aplicó una rebaja de regalías al 7 %, con el compromiso de inversión por parte de los nuevos operadores. En paralelo, la provincia mantuvo el impulso a planes de recuperación de pozos inactivos, sumando actores medianos y pymes al ecosistema productivo. El mensaje es claro: sin condiciones razonables, los campos maduros se apagan.

En cambio, La Pampa atraviesa un escenario opuesto. El futuro del bloque El Medanito, el más productivo de la provincia y con regalías que en algunos casos superan el 20 %, se encuentra en suspenso. A falta de definiciones políticas sobre su continuidad, el operador detuvo nuevas perforaciones y las organizaciones sindicales alertaron sobre el riesgo de pérdida de empleo y caída de ingresos provinciales. En un contexto donde otras provincias ya han activado mecanismos de flexibilización, la falta de reacción pampeana podría costarles competitividad frente a vecinos más dinámicos.

El caso de Santa Cruz, aunque sin grandes anuncios recientes, sigue en observación tras la retirada de YPF de varios bloques convencionales. La provincia había declarado la emergencia hidrocarburífera a comienzos de año e inició un proceso para revertir áreas, licitarlas nuevamente y evitar pasivos ambientales, pero no hay todavía información pública sobre medidas fiscales similares a las de Mendoza o Chubut.

Detrás de estas decisiones provinciales hay un debate que crece: cómo sostener la explotación de recursos en declive sin comprometer los ingresos fiscales, cómo atraer inversión privada sin regalar el subsuelo, y cómo equilibrar el desarrollo productivo con la remediación ambiental y la responsabilidad social. El margen es estrecho, pero la experiencia reciente muestra que quienes se anticipan con reglas claras y políticas activas logran preservar su rol dentro del mapa energético.

En momentos donde el protagonismo parece estar reservado a Vaca Muerta y al GNL, el desafío de los campos maduros se convierte en una prueba de gestión para las provincias productoras. Y también en una señal de qué lugar ocuparán en la nueva etapa energética del país: si quedarán como actores secundarios del pasado o si sabrán adaptarse para seguir siendo territorios atractivos para la inversión.