El presidente de CAEM expuso en la audiencia pública sobre la Ley de Glaciares y sostuvo que la norma debe adecuarse al conocimiento técnico actual, con mayor precisión, más participación de las provincias y reglas que permitan compatibilizar protección ambiental, empleo e inversión.

En la audiencia pública por las propuestas de modificación a la Ley de Glaciares, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, sostuvo que la discusión debe correrse de la lógica de confrontación entre producción y cuidado ambiental, y enfocarse en una actualización normativa que contemple los cambios productivos, tecnológicos y ambientales registrados desde la sanción de la ley.

Durante su exposición, Cacciola remarcó que la protección de los glaciares y del ambiente periglacial sigue siendo, a su entender, un principio incuestionable. En ese marco, señaló que la propuesta no apunta a debilitar la normativa vigente, sino a perfeccionarla para incorporar evidencia científica acumulada y darle mayor precisión a la delimitación entre las áreas que requieren resguardo estricto y aquellas donde podría evaluarse el desarrollo de actividades bajo estándares ambientales adecuados.

Otro de los puntos centrales de su intervención fue el rol de las provincias. El titular de CAEM afirmó que, en línea con el esquema constitucional argentino, los recursos naturales son de dominio originario provincial y que una mayor participación de las jurisdicciones permitiría mejorar la eficiencia de los controles y la responsabilidad sobre el desarrollo sostenible. Según planteó, una estructura excesivamente centralizada puede derivar en trabas sin traducirse necesariamente en una mejor protección ambiental.

Cacciola también vinculó el debate con el escenario económico y laboral del país. En su exposición destacó que la minería, y en particular la minería del cobre, aparece como una de las actividades con mayor potencial para generar empleo genuino, arraigo territorial y movimiento económico en distintas regiones. En esa línea, advirtió que bajo el marco actual existen proyectos que no logran avanzar y cuya postergación implica resignar inversión, trabajo y desarrollo local.

Además, buscó ampliar la mirada sobre el impacto sectorial al señalar que el desarrollo minero no se limita a las provincias cordilleranas. De acuerdo con su planteo, la cadena de valor puede involucrar a industrias metalmecánicas, tecnológicas y de servicios de provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, entre otras, lo que convierte a la minería en una actividad de alcance federal. Desde esa perspectiva, sostuvo que una modificación de la ley también podría destrabar oportunidades para proveedores, innovación y desarrollo industrial en distintas zonas del país.

En el tramo final de su intervención, Cacciola insistió en que el objetivo debería ser construir un equilibrio entre protección ambiental y desarrollo productivo. Planteó que una ley con criterios técnicos más claros, mayor participación provincial y controles efectivos podría ofrecer un marco más moderno y previsible. Bajo esa lógica, afirmó que no se trata de optar entre ambiente o desarrollo, sino de generar condiciones para que ambos avancen de manera simultánea.