Roberto Arias, ex secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía, defendió la reforma aprobada en Diputados y apuntó contra legisladores de distritos alejados de la actividad extractiva. Sostuvo que la ley vigente genera inseguridad jurídica y que las provincias deben tener mayor poder para definir qué áreas tienen función hídrica relevante.

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares volvió a escalar con fuerza y dejó al descubierto una tensión de fondo que excede lo ambiental: quién tiene la última palabra sobre el uso de los recursos en las provincias cordilleranas. En ese marco, el economista Roberto Arias, ex secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía y actual director ejecutivo del Centro de Asuntos Fiscales, salió a respaldar los cambios aprobados en la Cámara de Diputados y cuestionó con dureza a los sectores que intentaron frenar la modificación.

Arias planteó que la ley vigente, sancionada en 2010, terminó generando un esquema impreciso para definir qué glaciares y ambientes periglaciares deben quedar efectivamente protegidos. Según su mirada, el problema central no es la protección ambiental en sí, sino la falta de una delimitación técnica clara sobre cuáles son las zonas que cumplen una función hídrica relevante y cuáles no, una ambigüedad que, afirmó, derivó en inseguridad jurídica para el desarrollo de proyectos mineros.

En la entrevista realizada por EconoJournal, el exfuncionario sostuvo que el inventario elaborado por el IANIGLA se apoyó principalmente en imágenes satelitales y no avanzó con la profundidad necesaria sobre la función hídrica concreta de cada glaciar o ambiente periglaciar. Desde esa perspectiva, argumentó que la reforma busca corregir precisamente ese punto: acotar la protección a los cuerpos de hielo y ambientes que tengan una función hídrica relevante y permitir que sean las provincias las que determinen, con estudios de campo, si un área debe mantenerse dentro del inventario nacional o puede ser excluida.

Ese punto es clave en la discusión. Para Arias, los costos y beneficios de una decisión de este tipo recaen primero sobre las provincias y sus comunidades, no sobre los grandes centros urbanos alejados de la cordillera. Por eso cuestionó que distritos como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires se pronuncien sobre lo que una provincia minera como Catamarca puede o no puede hacer con sus recursos. En la misma línea, también cargó contra legisladores porteños, a quienes acusó de defender una postura ambientalista sin asumir los costos económicos y productivos de esas definiciones.

La posición que expuso sintetiza una discusión cada vez más visible en la política argentina: la disputa entre una mirada centralista, que busca sostener criterios uniformes desde el Estado nacional, y otra que reclama mayor autonomía provincial en actividades estratégicas como la minería, los hidrocarburos o incluso la gestión del agua. En esa lógica, Arias insistió en que la evaluación ambiental ya es, en gran medida, una competencia provincial, y que la excepción vinculada a glaciares terminó introduciendo una traba adicional sobre proyectos ubicados en zonas de alta cordillera.

También rechazó la idea de que transferir más poder de decisión a las provincias implique necesariamente una flexibilización de controles. Según afirmó, los gobiernos locales son los primeros interesados en evitar impactos ambientales graves, porque cualquier daño repercute de manera directa sobre la población, la economía regional y el costo político de las autoridades provinciales y municipales. En ese sentido, consideró que el control cercano al territorio puede ser incluso más exigente que una supervisión lejana desde Buenos Aires.

Otro de los ejes que dejó la entrevista fue la crítica a lo que Arias considera una sobredimensión del aporte de glaciares y ambientes periglaciares al abastecimiento de agua dulce para las poblaciones. Aunque aclaró que no es especialista en glaciología, remarcó que durante el debate no encontró exposiciones con ejemplos concretos que demostraran una afectación real al suministro urbano de agua, mientras que sí escuchó argumentos sobre el bajo peso relativo del consumo hídrico minero frente a otras actividades, como la agricultura.

Más allá de las opiniones del exfuncionario, sus declaraciones vuelven a poner sobre la mesa el trasfondo político de la discusión: la reforma de la Ley de Glaciares no solo reabre una pelea entre ambiente y producción, sino también una puja por poder. Lo que está en juego no es únicamente qué zonas deben preservarse, sino también quién define ese límite y con qué criterios. Para las provincias mineras, ese debate se vincula directamente con la posibilidad de atraer inversiones, ordenar el territorio y no quedar sujetas a interpretaciones cambiantes que puedan frenar proyectos estratégicos.

En ese marco, la discusión promete seguir abierta. La reforma ya aprobada en Diputados fue leída por sectores productivos como una señal a favor de una mayor previsibilidad regulatoria, mientras que del otro lado persisten los cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y dirigentes que advierten sobre un posible retroceso en la protección de áreas sensibles. El choque entre ambas visiones, lejos de cerrarse, parece haber entrado en una nueva etapa.