El Ejecutivo incluyó en el temario de diciembre un proyecto para “adecuar” la Ley 26.639. La iniciativa busca dar mayor previsibilidad a inversiones mineras (con foco en el cobre), pero genera alerta en sectores ambientales y científicos por el alcance de la protección del ambiente periglacial.

El Gobierno nacional confirmó que impulsará este mes el tratamiento legislativo de una modificación a la Ley de Glaciares (Ley 26.639). La iniciativa quedó incorporada al listado de proyectos habilitados para las sesiones extraordinarias convocadas del 10 al 30 de diciembre mediante el Decreto 865/2025.

Según publicó Minería & Desarrollo, el proyecto que enviará el Poder Ejecutivo apunta a una “adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”. En el Gobierno interpretan que se trata de un paso relevante para destrabar inversiones, especialmente en yacimientos de cobre, al reducir incertidumbres regulatorias vinculadas a la aplicación actual de la norma.

En la misma convocatoria se incluyeron otros temas de alto peso político y económico: el Presupuesto 2026, “Inocencia Fiscal”, el “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, la modernización laboral y una reforma del Código Penal. El oficialismo pretende concentrar la agenda parlamentaria de fin de año en este paquete de iniciativas.

Días antes de la oficialización, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, había anticipado que el texto ya estaba redactado y que el Gobierno optó por una “ley aclaratoria” tras meses de trabajo interno y búsqueda de consensos.

El eje más sensible del debate será, una vez más, el ambiente periglacial. Defensores de la modificación sostienen que la definición vigente es demasiado amplia y que habilita frenos judiciales o administrativos a proyectos incluso en zonas donde no habría recursos hídricos estratégicos en sentido estricto. En cambio, especialistas y organizaciones que rechazan el cambio remarcan que ese ambiente incluye glaciares de escombros y suelos congelados que aportan al caudal de ríos, y que el principio precautorio obliga a mantener la máxima protección posible.

Aunque todavía no se conoce públicamente la letra chica completa del proyecto, el enfoque oficial incluiría dar a las provincias mayor facultad para delimitar con precisión qué áreas califican como ambiente periglacial. Esta idea cuenta con respaldo político de gobernadores vinculados a la agenda del cobre, según reconstrucciones periodísticas recientes.

En un contexto de fuerte impulso del Gobierno a un nuevo ciclo de inversiones mineras, el debate de diciembre volverá a poner en tensión dos objetivos que el Congreso deberá equilibrar: la ampliación de la frontera productiva y la preservación de reservas estratégicas de agua en alta montaña.