Por Energía 360°

Hablar de minería en la Argentina nunca es sencillo. Durante mucho tiempo, la conversación pública estuvo dominada por la idea de la “licencia social”. Un término que se repite casi como muletilla pero que, si lo miramos de cerca, tiene un costado incómodo: suena a permiso, a autorización ligera, algo que se da sin pensar demasiado. En definitiva, a una formalidad que no llega a conectar con lo que realmente importa.

Hoy parece más oportuno hablar de “apoyo social”. La diferencia no es solo semántica: mientras la “licencia” suena pasiva, el “apoyo” implica construcción activa, diálogo, acuerdos y confianza. Y eso, justamente, es lo que está en juego en torno a la minería.

Cómo se construye la conversación pública

Si miramos la teoría, Maxwell McCombs y Donald Shaw lo explicaron con claridad al plantear la Agenda Setting: los medios no nos dicen qué pensar, pero sí nos dicen sobre qué pensar. La minería en la Argentina todavía aparece a cuentagotas en la agenda, salvo en provincias con tradición minera como San Juan o Catamarca. En Patagonia, en cambio, recién estamos empezando a conversar en serio sobre el tema.

El paso siguiente es el Agenda Building: ahí entran en juego empresas, gobiernos, ciudadanos, medios y grupos de interés que empujan sus preocupaciones para que se conviertan en asuntos públicos. Es la cocina de la opinión pública: el espacio donde la interacción define qué temas suben a la agenda política y cuáles quedan afuera.

Ahora bien, ¿qué está pasando con la minería? Un estudio reciente de Llorente y Cuenca (LLYC), basado en su plataforma Data Analytics Suite (DAS), muestra que algo empezó a moverse. El 47% de los comentarios en redes ya son positivos, mientras que los negativos caen de forma sostenida. Es decir, empieza a consolidarse una narrativa más favorable.

Los actores más influyentes en esa conversación son el Gobierno y los oficialismos provinciales, que destacan a la minería como motor económico en el marco del RIGI. Pero no están solos: aparecen comunidades pro-mineras no partidarias, técnicos de la industria y defensores de proveedores locales que le suman diversidad al relato. Como señala Juan Ignacio Di Meglio, de LLYC, la minería argentina vive un momento decisivo: la resistencia social cede terreno y se abre paso la valoración de su aporte en empleo, progreso y desarrollo territorial.

Patagonia y el caso Río Negro: del permiso al apoyo

El estudio también muestra que la Patagonia sigue siendo un terreno complejo. En Chubut, la narrativa negativa pesa fuerte, mientras que en Santa Cruz y Río Negro el clima es más favorable. Y ahí aparece la oportunidad: Río Negro tiene todo para consolidar un relato propio alrededor de la minería.

Los medios locales y las plataformas digitales ya dan señales de hacia dónde hay que ir: mostrar beneficios concretos, explicar con claridad y sostener un debate abierto. Pero falta un actor clave: las empresas que llegan con proyectos exploratorios o extractivos. No alcanza con invertir; también tienen que animarse a ser parte de la conversación, abrir espacios de diálogo y generar confianza en las comunidades donde trabajan.

El Estado , por su parte, tiene la tarea de arbitrar: crear reglas claras, defender el interés provincial y garantizar que la minería deje empleo, desarrollo sustentable y beneficios tangibles para la sociedad.

El contexto internacional no da respiro: Argentina tiene la chance de cuadruplicar sus exportaciones mineras hacia 2030, con litio y cobre como protagonistas, y ya figura entre los destinos más atractivos para exploración a nivel mundial. Río Negro no puede quedar afuera.
La clave es abandonar la lógica del simple permiso y avanzar hacia la construcción de un consenso genuino. Porque más que de licencias, de lo que se trata es de apoyos: apoyos sociales que hagan sostenible el desarrollo y que conviertan a la minería en una oportunidad compartida.