Un informe de Fundación Libertad, Invecq y CIPE plantea que Argentina tiene una oportunidad estratégica en el mercado global del litio, pero advierte que el país necesita mayor coordinación federal, reglas fiscales claras, transparencia e infraestructura para convertir el potencial geológico en desarrollo económico de largo plazo.

Argentina tiene una de las mayores oportunidades mineras de las próximas décadas: transformar sus recursos de litio en producción, divisas, empleo calificado, proveedores locales e infraestructura. Pero el camino no depende únicamente de tener salares competitivos ni de sumar proyectos en carpeta. La clave, según un informe elaborado por Fundación Libertad junto a Invecq y con el auspicio del Center for International Private Enterprise (CIPE), pasa por atraer “buenas inversiones”: capitales de largo plazo, con estándares ambientales, transparencia fiscal, transferencia tecnológica y capacidad de generar desarrollo en las regiones productoras.

El documento, titulado “Litio en Argentina: cómo atraer buenas inversiones para un mejor futuro”, analiza el escenario actual del sector a partir de investigación de campo en Catamarca, Salta y Jujuy, entrevistas con empresarios, funcionarios y referentes de la cadena de valor, y una revisión de los principales desafíos regulatorios, fiscales, logísticos e institucionales que enfrenta el país.

El punto de partida es claro: el litio se consolidó como un recurso estratégico para la transición energética global. Su demanda está asociada principalmente a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. En 2022, el 83% del litio producido a nivel mundial se destinó a baterías y la electromovilidad representó el 65% de la demanda total, de acuerdo con los datos citados en el informe.

En ese tablero, Argentina aparece con una posición geológica privilegiada. Forma parte del denominado “Triángulo del Litio” junto con Bolivia y Chile, una región que concentra entre el 56% y el 68% de los recursos mundiales del mineral. Según el trabajo, el país posee alrededor del 21% de los recursos globales de litio medidos en carbonato de litio equivalente, solo por detrás de Bolivia, que concentra el 22%. Sin embargo, esa ventaja natural todavía no se refleja plenamente en producción: Argentina representa apenas el 5,2% del mercado global y se ubica como cuarto productor mundial, detrás de Australia, Chile y China.

Esa brecha entre potencial y producción efectiva es uno de los ejes centrales del diagnóstico. El informe señala que en Argentina existen más de 50 proyectos de litio en distintas etapas de desarrollo, pero solo cuatro producen y comercializan actualmente, mientras que otros cinco se encuentran en fase de construcción de infraestructura para extracción y procesamiento. La diferencia muestra que el país cuenta con una cartera relevante, pero todavía enfrenta dificultades para transformar recursos disponibles en capacidad productiva real.

Para los autores, el sector “crece a los apurones”. La expresión resume una dinámica marcada por los ciclos internacionales de precios, la volatilidad de las inversiones, los tiempos de puesta en marcha de las plantas y la falta de infraestructura adecuada. Cuando los precios suben, los proyectos aceleran decisiones; cuando bajan, se frenan expansiones, se postergan obras y la cadena de proveedores siente el impacto casi de inmediato.

El informe también identifica una cuestión de fondo: no toda inversión genera el mismo impacto. Allí aparece una distinción central entre “capital constructivo” y “capital corrosivo”. El primero refiere a inversiones de largo plazo, alineadas con estándares ambientales y sociales exigentes, que operan con transparencia, pagan impuestos y regalías de manera adecuada, promueven empleo calificado, transferencia de tecnología y desarrollo de proveedores. El segundo, en cambio, prioriza la rentabilidad inmediata, puede recurrir a mecanismos de subfacturación o precios de transferencia para reducir su carga fiscal y limita su aporte al extractivismo primario, sin dejar capacidades instaladas.

“El capital constructivo es clave para sectores estratégicos como el litio, ya que impulsa un crecimiento más sostenido y competitivo en el tiempo”, señaló Dana Barringer, de CIPE, según la gacetilla difundida junto al informe. A diferencia de los capitales corrosivos, agregó, este tipo de inversión contribuye al desarrollo económico del país receptor a largo plazo, mediante empleo de calidad, transparencia, rendición de cuentas, transferencia de conocimiento y pago adecuado de impuestos y regalías.

El documento advierte que Argentina todavía opera en una “zona gris” regulatoria. El litio se rige por normas generales de la minería, como el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras, pero no cuenta con un régimen específico que contemple las particularidades del recurso, su mercado, sus precios, sus exigencias ambientales y su potencial de encadenamientos productivos. Para los autores, esa falta de especificidad limita la posibilidad de diseñar mecanismos que promuevan valor agregado local, gobernanza de rentas y previsibilidad para inversiones de largo plazo.

A esa situación se suma la fragmentación institucional. La administración del recurso queda principalmente en manos de las provincias, lo que responde al diseño constitucional argentino, pero también genera asimetrías entre jurisdicciones en materia de regalías, fideicomisos, licencias, participación estatal y controles. Jujuy, por ejemplo, exige por ley la participación de JEMSE con al menos un 8,5% en los proyectos de litio. Catamarca cuenta con CAMYEN y Salta con REMSa, empresas provinciales que buscan captar parte de la renta generada por la actividad.

El informe no cuestiona la participación provincial, pero plantea que hacen falta criterios más homogéneos y transparentes. En ese sentido, propone fortalecer la Mesa del Litio —integrada por Jujuy, Catamarca y Salta— como mecanismo de coordinación entre provincias y Nación, con reglas comunes para evaluaciones ambientales, esquemas fiscales, participación estatal e infraestructura. La coordinación federal aparece como una condición necesaria para reducir incertidumbre, evitar superposiciones y ofrecer una estrategia más clara frente a los inversores.

La cuestión fiscal y aduanera ocupa otro lugar relevante. El trabajo advierte sobre debilidades en los mecanismos de control de precios de transferencia y operaciones entre empresas vinculadas. A diferencia de otros minerales con cotizaciones internacionales más transparentes, el litio todavía no funciona plenamente como un commodity con precio único y estable. Sus valores se definen en contratos que pueden variar según la calidad del producto, las condiciones de entrega y los plazos acordados. Esa característica vuelve más compleja la fiscalización y puede abrir espacio para subdeclaración de exportaciones o pérdida de renta para el Estado.

En ese punto, el informe menciona el caso de Livent, Minera del Altiplano, que enfrentó procesos judiciales por presunta subdeclaración de exportaciones. Según el análisis, la triangulación de operaciones con firmas vinculadas en el exterior permitió declarar valores de venta menores a los precios de mercado, lo que derivó en reclamos de la Dirección General de Aduanas por derechos de exportación e impuestos omitidos. Para los autores, el caso expone la necesidad de contar con parámetros de valoración más robustos, actualizados y comparables internacionalmente.

Por eso, una de las recomendaciones principales es modernizar el marco fiscal y aduanero del litio. El informe propone establecer un régimen específico de precios de transferencia, con actualización automática de precios de referencia en base a valores internacionales y obligación de declarar operaciones entre empresas vinculadas. También plantea auditorías conjuntas entre AFIP, Aduana y la Secretaría de Minería cuando las operaciones superen determinados umbrales o involucren jurisdicciones de baja transparencia fiscal.

La transparencia internacional aparece como otro eje. El trabajo recomienda avanzar en la adhesión plena de Argentina a la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), publicar contratos, fideicomisos y licencias que involucren recursos públicos, y transparentar los balances de empresas provinciales con participación en proyectos mineros. La lógica es que la información pública y verificable no solo mejora el control social, sino que también fortalece la confianza de inversores, comunidades y compradores internacionales.

El informe también pone el foco en el desarrollo de proveedores. La oportunidad del litio no se agota en la extracción del mineral. Puede abrir espacio para servicios industriales, mantenimiento, metalmecánica, insumos químicos, transporte, ingeniería, construcción, capacitación técnica y tecnología aplicada. En ese punto aparece una referencia relevante para la Patagonia: Álcalis de la Patagonia (ALPAT), ubicada en Río Negro, es mencionada como la única compañía industrial minera dedicada a la producción de carbonato de sodio en Sudamérica, un insumo clave para la cadena del litio.

Desde ALPAT, según recoge el informe, remarcaron que la volatilidad reciente de los precios del carbonato de litio impacta de manera significativa en la planificación estratégica y en las decisiones de inversión de la empresa. La mención refleja un aspecto central: el desarrollo del litio no solo involucra a las provincias productoras del NOA, sino también a proveedores estratégicos ubicados en otras regiones del país, entre ellas Río Negro.

En paralelo, el documento advierte que las exigencias de empleo local muchas veces chocan con la falta de perfiles técnicos disponibles. Por eso propone programas de capacitación y certificación en oficios críticos, como mantenimiento industrial, soldaduras especiales, instrumentación, corrosión y seguridad operativa, con participación de empresas, escuelas técnicas y universidades. El objetivo es que la obligación o expectativa de contratar mano de obra local no se transforme en un cuello de botella, sino en empleabilidad real.

La infraestructura es otro punto crítico. El informe plantea la necesidad de priorizar corredores logísticos estratégicos en el NOA, mejorar el acceso a energía, caminos y puertos, y desarrollar esquemas de inversión público-privada para financiar obras. Sin infraestructura, la competitividad del litio argentino se reduce, especialmente frente a competidores que ya cuentan con cadenas logísticas más maduras. Además, los mercados de destino —Asia, India, el sudeste asiático y eventualmente Europa— demandan una estrategia exportadora consistente.

El documento también compara el modelo argentino con el de otros países del Triángulo del Litio. Barringer señaló que una de las grandes diferencias de Argentina es la descentralización: el control del litio está principalmente en manos de las provincias y no del gobierno nacional. Esa estructura, explicó, favoreció un modelo más abierto y competitivo, pero también puede generar brechas, heterogeneidad regulatoria y riesgos si no existen mecanismos adecuados de coordinación y mitigación.

En Bolivia, según la comparación incluida en la gacetilla, existe un fuerte control estatal, pero sin marcos jurídicos suficientemente sólidos ni transparentes, lo que abre espacio a corrupción y captura por parte de actores autoritarios. Además, ese control estatal habría limitado inversiones privadas y reducido el potencial de crecimiento económico de largo plazo. Chile, en cambio, declaró al litio como recurso estratégico y mantiene mayor control estatal, aunque las regulaciones estrictas y la carga impositiva pueden desalentar inversiones.

Argentina se encuentra en un punto intermedio. Tiene un esquema más abierto, diversidad de capitales, presencia de empresas internacionales y una cartera de proyectos amplia. Pero necesita mejorar su coordinación, su previsibilidad y sus mecanismos de control para evitar que la riqueza geológica derive en una oportunidad desaprovechada.

La conclusión del informe es contundente: el país tiene una oportunidad única para consolidarse como proveedor confiable y competitivo en el mercado global del litio, pero el éxito no dependerá solamente del volumen de extracción. Dependerá de la capacidad de generar condiciones de previsibilidad, seguridad jurídica, transparencia, infraestructura, sostenibilidad y desarrollo local.

Javier Bongiovanni, economista senior de Fundación Libertad, lo sintetizó en una frase: “No basta con tener una de las mayores reservas de la región; el éxito del litio depende de nuestra capacidad para ser un socio confiable en el mundo”. Para el especialista, la transparencia y la coordinación entre Nación y provincias son herramientas centrales para atraer inversiones de alto valor, capaces de generar empleo calificado y transferencia tecnológica.

El desafío, entonces, no es elegir entre minería sí o minería no, sino definir qué tipo de minería y qué tipo de inversión quiere atraer Argentina. El litio puede convertirse en una plataforma de desarrollo productivo, inserción internacional y generación de capacidades locales. Pero para eso el país deberá ordenar reglas, fortalecer controles, construir infraestructura y sostener una estrategia que mire más allá del ciclo de precios.

En un contexto global donde la transición energética redefine cadenas de valor, proveedores y mercados, Argentina tiene el recurso. La pregunta es si logrará construir las condiciones institucionales para que ese recurso se transforme en desarrollo real.