En Casa Rosada, el Presidente y el canciller Pablo Quirno se reunieron con directivos del distrito minero Vicuña (Josemaría y Filo del Sol), una de las apuestas cupríferas más relevantes de la cordillera. Las compañías ratificaron que avanzarán con su solicitud al RIGI para acelerar la etapa inicial y dar previsibilidad a un desarrollo de largo plazo.

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a ejecutivos vinculados al proyecto Vicuña, el desarrollo de cobre, oro y plata que se impulsa en la provincia de San Juan y que integra, entre otros, los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. La iniciativa es promovida por la alianza entre BHP y Lundin Mining, dos jugadores de primera línea del mercado global de metales, con el objetivo de consolidar un distrito de escala internacional en la alta cordillera.

De acuerdo con lo informado, participaron del encuentro Jack Lundin (CEO de Lundin Mining), Carlos Ramírez (vicepresidente en BHP y presidente del Directorio de Vicuña), Ron Hochstein (CEO de Vicuña Corp) y José Morea (director país para Argentina y Chile), además del canciller Pablo Quirno.

El eje de la reunión fue el avance del distrito Vicuña y su encuadre bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema creado por la Ley 27.742 para proyectos de gran escala (desde US$ 200 millones), con incentivos fiscales y certezas regulatorias por períodos extendidos.

Según estimaciones preliminares difundidas en los últimos días, el desarrollo total podría demandar inversiones del orden de los US$ 15.000 millones, con un tramo inicial que buscaría acelerarse una vez que se concrete la adhesión al régimen. En esa misma línea, se indicó que el consorcio prevé publicar durante el primer trimestre de 2026 un informe técnico integrado que definirá el esquema de desarrollo, necesidades de infraestructura y hoja de ruta para las próximas etapas.

Un punto relevante para el planteo ante el RIGI es que, si bien Vicuña se concibe como un proyecto binacional por su localización en zona de frontera, las inversiones presentadas bajo el régimen se ejecutarían en territorio argentino, con impacto directo en la cadena de proveedores, empleo y obras asociadas en San Juan.