La Secretaría de Energía modificó el mecanismo mediante el cual se administran los recursos generados por las exportaciones de electricidad. Tras la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, los fondos de la Cuenta de Exportaciones del Mercado Eléctrico Mayorista serán asignados mediante instrucciones específicas de la autoridad energética. Además, quedaron sin efecto procesos que no habían alcanzado la instancia contractual antes del 28 de marzo de 2025.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva reorganización del esquema utilizado para financiar infraestructura eléctrica. A través de la Resolución 201/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía redefinió el destino de los recursos provenientes de las exportaciones de electricidad y adecuó la normativa a la desaparición del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF).

El cambio es relevante porque durante años ese fondo funcionó como uno de los instrumentos destinados a financiar ampliaciones del sistema de transporte eléctrico de alta tensión, particularmente aquellas obras consideradas necesarias para abastecer nuevos consumos, reforzar redes existentes o mejorar la interconexión entre distintas regiones del país.

La nueva resolución elimina el mecanismo que establecía que hasta el 75% de los recursos de la Cuenta de Exportaciones del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista podía ser aportado por CAMMESA al FFTEF para financiar obras prioritarias incluidas dentro del Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional.

Esa cuenta había sido creada en 2021 y se integra con los ingresos netos que obtiene CAMMESA por las operaciones de exportación de energía eléctrica, una vez descontados los costos asociados.

El esquema, sin embargo, había perdido sustento después de que el Gobierno dispusiera en marzo de 2025 la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. El Ejecutivo justificó entonces la decisión en las observaciones realizadas por una auditoría de la Sindicatura General de la Nación, que había detectado incumplimientos en los procedimientos de contratación, demoras en las obras, inconsistencias contables y dificultades para determinar la trazabilidad de los recursos utilizados.

La desaparición del fondo no significó, sin embargo, que Nación abandonara la política de financiar ampliaciones del sistema eléctrico. El propio Decreto 234/2025 mantuvo esa finalidad y estableció que la responsabilidad continuaría bajo la órbita de la Secretaría de Energía.

Lo que cambia ahora es el mecanismo.

A partir de la Resolución 201/2026, los recursos disponibles en la Cuenta de Exportaciones serán asignados mediante instrucciones regulatorias específicas de la Secretaría de Energía. En términos prácticos, ya no existirá una transferencia predeterminada de hasta el 75% hacia el antiguo fondo fiduciario, sino que la autoridad energética deberá definir específicamente el destino de esos recursos.

La medida también resuelve una situación pendiente respecto de proyectos que habían comenzado a tramitarse bajo el esquema anterior. La Secretaría dejó sin efecto las encomiendas, instrucciones de gestión y órdenes de inicio de procesos licitatorios que no hubieran sido ejecutadas mediante la firma de contratos con terceros antes del 28 de marzo de 2025, fecha en que se dispuso la disolución del FFTEF.

La norma establece una excepción: continúan alcanzados por el esquema de ejecución aquellos contratos expresamente identificados como vigentes en el anexo de la Resolución 343/2025. Por lo tanto, la decisión no implica una cancelación generalizada de todas las obras de transporte eléctrico que estaban en marcha.

Este punto resulta central para interpretar correctamente la resolución. Nación no eliminó el Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional ni anunció la paralización de las ampliaciones del sistema, sino que cerró administrativamente procedimientos que no habían llegado a convertirse en contratos antes de la desaparición del fondo que debía financiarlos.

La modificación se produce además en un momento en que la capacidad de transporte aparece como uno de los principales desafíos estructurales del sistema eléctrico argentino. El crecimiento de nuevos consumos industriales, los grandes proyectos mineros, la expansión de las energías renovables y la necesidad de incorporar nueva generación requieren ampliaciones de líneas y estaciones transformadoras para evitar que la infraestructura existente se convierta en un cuello de botella.

Por eso, el cambio no es solamente administrativo. La nueva arquitectura concentra en la Secretaría de Energía la decisión sobre la asignación de los recursos provenientes de las exportaciones eléctricas, que deberán ser direccionados mediante instrucciones específicas.

Para las provincias, el nuevo escenario también obliga a seguir con atención cuáles serán las prioridades que establezca Nación para las futuras ampliaciones. El Plan Federal había sido concebido precisamente para desarrollar infraestructura que permitiera reforzar sistemas regionales e interconectar áreas del país que requerían mayor capacidad de transporte.

En el caso de la Patagonia y el Comahue, esta discusión adquiere especial importancia por la concentración de generación hidroeléctrica, el crecimiento de nuevos proyectos renovables y la expansión de grandes desarrollos productivos que demandarán mayor disponibilidad eléctrica durante los próximos años.

La Resolución 201/2026 no identifica nuevas obras ni establece cuáles serán financiadas en adelante. Tampoco modifica tarifas eléctricas. Lo que hace es reordenar el mecanismo mediante el cual podrán utilizarse los fondos generados por las exportaciones de electricidad, después de la desaparición del instrumento fiduciario que anteriormente canalizaba parte de esos recursos.

El próximo paso será determinar qué proyectos de transporte eléctrico recibirán prioridad bajo este nuevo esquema y cuáles deberán encontrar otras fuentes de financiamiento. En un sistema que necesita ampliar su capacidad para acompañar nuevas inversiones energéticas, mineras e industriales, esa definición será determinante para saber dónde y a qué velocidad podrá crecer la infraestructura eléctrica argentina.