El secretario de Energía y Minería, Daniel González, anunció que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones dejará de aplicarse solo a proyectos de gas para exportación y se ampliará a todo el segmento de perforación de pozos con producción incremental. El cambio, impulsado por una propuesta del gobierno de Neuquén, apunta a acelerar nuevas inversiones en Vaca Muerta y en el desarrollo no convencional.
La política energética nacional sumó un movimiento fuerte en pleno cierre de año. Durante el tradicional almuerzo por el Día Nacional del Petróleo, organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), el secretario y coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, confirmó que el Gobierno decidió extender el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) a todo el upstream, es decir, a todo el segmento de perforación y completación de pozos. Hasta ahora, el régimen solo contemplaba dentro del sector hidrocarburífero a proyectos de gas destinados exclusivamente a la exportación, leídos por la industria como desarrollos vinculados al GNL.
González explicó que se trata de una decisión tomada “ayer a las 18”, que todavía requiere trabajo técnico y definiciones regulatorias, pero adelantó los dos ejes que ordenarán la ampliación. El primero es que solo podrán acceder a los beneficios del RIGI (reducción impositiva, estabilidad fiscal y mayor acceso a divisas) los proyectos de producción incremental. Traducido al lenguaje operativo, el régimen no apuntará a sostener volúmenes actuales, sino a incentivar nuevos barriles o metros cúbicos por encima de una línea de base que aún debe fijarse. Esa definición será clave, porque determinará desde qué nivel se medirá el “plus” de producción y, por lo tanto, qué yacimientos calificarán efectivamente.
El segundo elemento que anticipó el funcionario es la fijación de un monto mínimo de inversión para acceder al régimen, en sintonía con la lógica original del RIGI, que exige proyectos de al menos 200 millones de dólares. En la práctica, eso significa que la ampliación al upstream está pensada para desarrollos de escala: campañas de perforación intensiva, pads de múltiples pozos y planes de crecimiento que se midan en cientos de millones de dólares, más que en intervenciones puntuales.
Si bien la norma será general para todo el país, González dejó entrever cuál será el gran beneficiario: Vaca Muerta. La condición de producción incremental, sumada al tamaño de los proyectos requeridos, hace que la mirada se enfoque casi de manera directa en el shale neuquino, donde las curvas de producción siguen creciendo y existen múltiples planes de expansión en carpeta. El convencional, en cambio, tiene menos margen para mostrar incrementos significativos y podría quedar en los hechos más relegado dentro del esquema.
El anuncio no se dio en el vacío. Un día antes, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, le entregó al ministro de Economía, Luis Caputo, una nota formal solicitando precisamente la incorporación de las inversiones de upstream de petróleo y gas, en especial aquellas que generen producción incremental, dentro del RIGI. En ese documento, el mandatario neuquino argumentó que ampliar el régimen a la perforación permitiría acelerar el ingreso de capital para pozos y completaciones, incrementar de manera rápida las exportaciones de crudo y gas, mejorar el saldo de la balanza energética y multiplicar la recaudación fiscal nacional y provincial.
Figueroa también subrayó que el desarrollo de hidrocarburos no convencionales se ha convertido en el principal motor de generación de divisas, empleo e impuestos del país, pero que su dinámica exige altas tasas de reinversión anual y acceso estable a financiamiento en dólares, algo que el RIGI intenta garantizar con reglas fiscales y cambiarias predecibles durante 30 años. Su planteo fue que el upstream cumple con todos los criterios que la propia ley fijó para proyectos elegibles: magnitud, impacto en exportaciones y capacidad de transformar la estructura productiva.
En su intervención ante empresarios del sector, González recogió esa agenda y la amplió al balance general del régimen. Recordó que, en apenas año y medio, el RIGI acumuló entre 28 y 29 proyectos aprobados o en proceso, de los cuales aproximadamente la mitad pertenecen al sector energético, fundamentalmente oil & gas en Vaca Muerta y proyectos de GNL, y la otra mitad al sector minero, con el litio y el cobre como protagonistas. En conjunto, esas iniciativas suman más de 25.000 millones de dólares en anuncios de inversión, a los que se agregan nuevos pedidos de adhesión que siguen en análisis.
El secretario destacó casos emblemáticos que, según su visión, muestran el “poder” del régimen: el avance del oleoducto Vaca Muerta Sur, los proyectos de GNL en marcha y al menos cinco desarrollos no convencionales adicionales que hoy se encuentran en evaluación. También señaló la llegada de nuevos jugadores internacionales, como la reciente compra de activos locales por parte de una petrolera estadounidense, y vinculó ese movimiento con la necesidad de consolidar un marco estable que haga de la Argentina un destino competitivo frente a otras cuencas.
Detrás del anuncio hay otra discusión en curso: qué pasará con la vigencia temporal del RIGI. La normativa actual establece que la ventana para presentar proyectos cierra el 8 de julio de 2026, pero el propio González ya adelantó que durante el verano el Gobierno deberá tomar una decisión sobre una posible prórroga. En distintas intervenciones públicas, el ministro dejó claro cuál es su recomendación: extender el régimen al menos un año más, decisión que finalmente deberá adoptar el gabinete económico y la Presidencia mediante un decreto. En paralelo, otras fuentes oficiales vienen señalando que la idea es dar más tiempo para que se formalicen proyectos que hoy están en preparación, especialmente en energía y minería.
Con la ampliación al upstream, el RIGI da un paso más en la dirección de convertirse en la principal herramienta de política económica para grandes inversiones en el sector energético. Para las operadoras, la señal es clara: la perforación y la producción incremental de Vaca Muerta y otras cuencas podrán acceder al mismo menú de beneficios que hoy tienen los grandes proyectos de infraestructura, siempre que alcancen la escala y los compromisos de inversión que exige el régimen. Para la Argentina, el desafío será doble: aprovechar ese marco para acelerar la transformación de su matriz energética y, al mismo tiempo, garantizar que el impacto en divisas, empleo y desarrollo territorial se traduzca en resultados concretos en la Patagonia y el resto del país.





