La Secretaría de Energía extendió hasta el 18 de marzo de 2027 el período de transición de la concesión. La actual operadora deberá continuar al frente del complejo mientras se define la transferencia definitiva de los bienes a la provincia de San Juan.
El Gobierno nacional prorrogó la operación transitoria de la Central Hidroeléctrica Ullum, ubicada en la provincia de San Juan, y dispuso que la actual concesionaria continúe a cargo del complejo hasta el 18 de marzo de 2027.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 162/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El objetivo es garantizar la continuidad operativa de la central y preservar la seguridad de las personas y de los bienes vinculados con el aprovechamiento hidroeléctrico mientras se completa el proceso de transición.
La concesión original había vencido el 18 de marzo de 2026, luego de cumplir un plazo de 30 años desde la toma de posesión del complejo. Frente a ese vencimiento, Energía había establecido inicialmente una transición de cuatro meses, hasta el 18 de julio de este año. La nueva resolución amplía ahora ese período hasta marzo de 2027.
Durante ese plazo, la concesionaria deberá seguir operando la central y cumplir todas las obligaciones técnicas, operativas y contractuales que tenía bajo el régimen anterior. Esto significa que la prórroga no constituye una renovación de la concesión por otros 30 años, sino una continuidad provisoria destinada a evitar un vacío operativo.
La Central Hidroeléctrica Ullum forma parte del complejo desarrollado sobre el río San Juan y participa de la generación de energía para el Mercado Eléctrico Mayorista. Por su función dentro del sistema, la Secretaría de Energía la considera un activo estratégico para la diversificación de la matriz eléctrica y la confiabilidad del Sistema Argentino de Interconexión.
El período de transición está previsto en el contrato de concesión para asegurar una transferencia ordenada de la operación, mantener el despacho de electricidad y reducir los riesgos asociados al funcionamiento de la presa y de las instalaciones vinculadas al río. El contrato permite extender esa instancia hasta un máximo de 12 meses después del vencimiento de la concesión.
La norma establece, además, que la Subsecretaría de Energía Eléctrica continuará actuando como veedora de la central. Ese organismo tendrá la tarea de supervisar la operación durante la transición y controlar el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria.
El destino final de los bienes constituye uno de los aspectos centrales del proceso. Según los acuerdos que dieron origen a la concesión, una vez finalizado el contrato los equipos, obras e instalaciones involucrados deben pasar a la provincia de San Juan sin que esta deba pagar una contraprestación a la empresa operadora.
La prórroga podrá concluir antes del 18 de marzo de 2027 si Nación y San Juan acuerdan anticipar la reversión de los bienes. En ese caso, la concesionaria deberá ser notificada con una anticipación mínima de 45 días corridos, y la transición finalizará en la fecha fijada para la toma de posesión provincial.
La decisión refleja una situación que atraviesan varios aprovechamientos hidroeléctricos argentinos cuyas concesiones privadas fueron otorgadas durante la década de 1990 por períodos de 30 años. Al vencimiento de esos contratos, el Estado debe definir si los activos regresan a las provincias, si se establecen nuevos esquemas de administración o si se convocan procesos competitivos para seleccionar futuros operadores.
En Ullum, la resolución publicada no anticipa cuál será el modelo definitivo. Su alcance es más limitado: mantener la central operativa mientras las autoridades nacionales y provinciales resuelven la transferencia y determinan quién quedará a cargo del aprovechamiento una vez concluida la transición.
La Secretaría de Energía deberá notificar la decisión a la Central Hidroeléctrica Ullum, a la provincia de San Juan, al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad y a CAMMESA.
La extensión hasta marzo de 2027 otorga un nuevo plazo para ordenar el futuro del complejo. Hasta entonces, la actual concesionaria continuará operando la central bajo supervisión estatal, sin que esto implique una definición sobre la administración de largo plazo.
