La Secretaría de Energía derogó normas que regulaban desde hace más de dos décadas el procedimiento para autorizar exportaciones de hidrocarburos. La decisión busca adecuar el sistema a la reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por la Ley Bases y reducir la intervención administrativa del Estado.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de desregulación del mercado energético al eliminar parte del marco normativo que regulaba las exportaciones de petróleo y gas.
A través de la Resolución 166/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía derogó el Decreto 645/2002 y dejó sin efecto las Resoluciones 241/2017 y 175/2023, que establecían los procedimientos administrativos para solicitar y autorizar exportaciones de hidrocarburos.
La decisión no modifica los derechos adquiridos por las empresas que ya cuentan con autorizaciones vigentes. Esos permisos continuarán rigiéndose por las condiciones bajo las cuales fueron otorgados. El cambio apunta, principalmente, a las futuras operaciones, que pasarán a regirse por el nuevo marco legal establecido tras la sanción de la Ley Bases.
Un cambio alineado con la reforma de la Ley de Hidrocarburos
La Secretaría de Energía fundamentó la medida en las modificaciones introducidas por la Ley 27.742, que reformó diversos artículos de la Ley de Hidrocarburos con el objetivo de otorgar mayor previsibilidad a las inversiones y reducir la discrecionalidad del Estado en la comercialización de petróleo y gas.
Hasta ahora, el régimen de exportaciones se apoyaba en normas dictadas en un contexto completamente diferente al actual, cuando la Argentina atravesaba problemas de abastecimiento interno y mantenía un esquema de fuerte intervención sobre el mercado energético.
Con el crecimiento de Vaca Muerta y la consolidación de la Argentina como exportador neto de hidrocarburos, el Gobierno considera que ese marco regulatorio perdió vigencia y resulta necesario adaptarlo a una industria con mayor capacidad de producción y orientación hacia los mercados internacionales.
¿Qué cambia para las empresas?
La resolución no elimina el control estatal sobre las exportaciones, pero sí simplifica el marco normativo bajo el cual deberán tramitarse.
En los hechos, el Gobierno busca dejar atrás un sistema basado en procedimientos administrativos que fueron modificándose durante más de veinte años y concentrar las reglas en el nuevo esquema previsto por la Ley de Hidrocarburos.
El objetivo es reducir superposiciones regulatorias, brindar mayor seguridad jurídica y facilitar las inversiones destinadas a incrementar la producción y las exportaciones de petróleo y gas.
La medida cobra especial relevancia para Vaca Muerta, donde gran parte de los proyectos actualmente en desarrollo están orientados a abastecer mercados externos.
Obras como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la ampliación de la infraestructura de transporte y los proyectos de licuefacción de gas natural parten de una misma premisa: que la producción argentina seguirá creciendo y que una porción cada vez mayor tendrá como destino la exportación.
Un nuevo paso en la política energética
La resolución se inscribe dentro de una serie de cambios regulatorios impulsados durante el último año para liberalizar el funcionamiento del sector energético.
Entre ellos se encuentran la reforma de la Ley de Hidrocarburos, la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la flexibilización de distintos mecanismos de comercialización y la eliminación de regulaciones consideradas incompatibles con el nuevo marco legal.
La estrategia oficial apunta a que las empresas puedan planificar inversiones de largo plazo con reglas más estables y un menor nivel de intervención administrativa.
Las autorizaciones vigentes seguirán siendo válidas
La Secretaría de Energía aclaró que las autorizaciones de exportación ya emitidas conservarán plenamente su validez, al igual que los trámites iniciados antes de la entrada en vigencia de la resolución.
De esta manera, la derogación de las normas anteriores no altera los derechos ya otorgados, sino que redefine el régimen que se aplicará hacia adelante.
Con esta decisión, el Gobierno continúa adecuando la regulación del sector hidrocarburífero al escenario que plantea Vaca Muerta: una industria con producción creciente, fuerte perfil exportador y proyectos de infraestructura diseñados para colocar petróleo y gas argentino en los mercados internacionales.
