Argentina conserva un ecosistema nuclear de clase mundial (regulador independiente, industria con capacidad de diseño y operación, proveedores tecnológicos exportadores), pero el despliegue de nuevas centrales tropieza con normas provinciales, zigzags políticos y una licencia social que no se trabaja en serio. Río Negro es el caso más visible: cuna de talento y proveedores de alto nivel, pero con una ley que prohíbe centrales de potencia desde 2017.
Argentina tiene una arquitectura institucional que, en términos técnicos, funciona. La Ley 24.804 define la política nuclear a nivel nacional y le da a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) independencia para fiscalizar seguridad radiológica y nuclear, licenciar instalaciones y auditar que se cumplan estándares internacionales. Ese es el “piso duro” que explica por qué el país puede operar Atucha I y II, mantener Embalse con una extensión de vida útil bien calificada y sostener proyectos complejos como el reactor multipropósito RA-10 en Ezeiza, clave para radioisótopos médicos y para exportar servicios de ingeniería. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) poseen cuadros técnicos y memoria operativa que pocos países de la región reúnen, mientras INVAP, desde Bariloche, es una marca global en reactores de investigación y aplicaciones nucleares con contratos ejecutados en varios continentes. Todo eso describe un ecosistema con “músculo”.
El problema aparece cuando esa capacidad se intenta convertir en más generación eléctrica nuclear. En la práctica, la Nación define estándares, regula y licencia, pero las provincias, por su poder en uso del suelo, ambiente y ordenamiento territorial, tienen la llave final del “dónde”. Río Negro lo cristalizó con la Ley 5227 (2017), que prohíbe instalar centrales nucleoeléctricas de potencia en todo el territorio provincial. La norma fue una respuesta política local a la posibilidad de ubicar una central de gran escala y, aunque contempla una excepción para desarrollos de tipo CAREM (reactores modulares diseñados por CNEA/INVAP), mantiene cerrado el camino para proyectos de gran potencia. Otras jurisdicciones tienen restricciones propias, y ese mosaico normativo es el “laberinto legal” que traba decisiones de inversión: Nación puede decir “sí” desde lo técnico, pero si la provincia dice “no”, el proyecto no ocurre.
A esto se suma un factor de gobernanza: el vaivén nacional en la agenda de proyectos. Durante la última década, Atucha III tuvo tramos de fuerte impulso político, típicamente atados a acuerdos de financiamiento con la china CNNC, y tramos de indefinición. CAREM, el prototipo de reactor modular que Argentina desarrolla desde hace años, avanzó de manera significativa en obra civil y fabricación, pero en 2025 distintas señales públicas situaron al proyecto en revisión o pausa mientras el Ejecutivo redefinía prioridades (privatización parcial de NA-SA, búsqueda de un primer modular “bancable” y énfasis en inversión privada). El RA-10, en contraste, ofrece una narrativa más lineal: obra civil avanzada, integración de sistemas en curso y fecha objetivo de puesta en marcha en 2026, con un impacto directo en el abastecimiento de radioisótopos y una potencia exportadora de servicios tecnológicos que es tangible en plazos.
¿Por qué importa que la nuclear se ordene? Primero, porque la matriz eléctrica argentina necesita una base firme de generación sin emisiones para complementar gas, hidro y renovables variables. Segundo, porque el país ya invierte recursos, humanos y financieros, en sostener capacidades nucleares de alto valor agregado; desaprovecharlas por descoordinación normativa significa resignar ventajas comparativas que no se construyen de un día para el otro. Tercero, porque la nuclear, bien gestionada, aporta previsibilidad operativa, factor de carga alto y precios nivelados competitivos cuando se la mira a 60 años de vida útil.
La conversación pública suele atascarse en dicotomías. No se trata de “nuclear sí o no” en abstracto, sino de “nuclear dónde, de qué tamaño y bajo qué reglas”. Ahí es donde hoy falla el sistema: faltan reglas claras y compartidas entre Nación y provincias para decidir localización, tamaño y tecnologías admitidas; falta un protocolo estable de participación ciudadana para construir licencia social con información científica y procesos de monitoreo transparentes; falta una política industrial que priorice cadenas donde Argentina ya es fuerte (ingeniería, instrumentación, combustibles, servicios de ciclo de vida) y un esquema de financiamiento que haga bancables los proyectos (incluida la eventual participación privada en NA-SA que el Gobierno impulsó en 2025).
Río Negro condensa la paradoja. Es sede de INVAP, de centros de excelencia y de proveedores que integran hardware y software de nivel internacional, y a la vez tiene una prohibición para centrales de potencia. Eso envía una señal contradictoria: la provincia más nuclear en términos de conocimiento veda el escalamiento de la generación. ¿Es razonable sostener indefinidamente esa prohibición tal como está redactada? La respuesta no es automática, pero sí exige, como mínimo, una discusión informada sobre tecnologías, tamaños, ubicaciones posibles, condicionantes ambientales y mecanismos de control. Un camino intermedio es empezar por desarrollos modulares con alta integración local, en sitios con aceptabilidad previa, con participación universitaria, estándares de la ARN y monitoreo abierto en tiempo real. Sin ese proceso, la inercia regulatoria seguirá decidiendo por omisión.
Para salir del laberinto, hacen falta cuatro decisiones de política pública. Primero, una hoja de ruta federal que especifique cuánta potencia nuclear quiere Argentina a 2035/2045 y qué tecnologías priorizará (gran escala, SMR o un mix). Segundo, un convenio Nación/provincias que ordene el “dónde” con criterios técnicos y ambientales verificables, y que establezca claramente qué se puede hacer y bajo qué condiciones. Tercero, un régimen de financiamiento y garantías que haga creíbles los cierres financieros (incluida la participación de multilaterales cuando corresponda), con contratos de largo plazo y gobernanza profesional. Cuarto, un programa de licencia social que sea serio: participación temprana, datos abiertos, auditorías independientes y beneficios locales explícitos (empleo, proveedores, infraestructura y tasas que retroalimenten servicios públicos).
La buena noticia es que la parte difícil, el músculo técnico. ya existe. La mala es que la parte blanda, las reglas que coordinan jurisdicciones y estabilizan decisiones por décadas, sigue inmadura. Si Argentina ordena ese costado, la nuclear puede volver a ser una palanca de confiabilidad eléctrica, exportación de conocimiento y empleo calificado. Si no lo hace, seguirá siendo lo que es hoy: una potencia técnica atrapada en su propio laberinto legal.
