El ex presidente de YPF criticó con dureza la reciente sentencia de la jueza Loretta Preska en Nueva York y alertó sobre un posible intento de privatización encubierta. Defendió la expropiación de 2012, rechazó la intervención de tribunales extranjeros y negó que la petrolera deba pagar la indemnización.
El fallo reciente de la jueza Loretta Preska en la Corte del Distrito Sur de Nueva York volvió a encender el debate en torno al control de YPF. La magistrada ordenó que el Estado argentino transfiera el 51% de las acciones clase D de la compañía a los demandantes —con el fondo Burford Capital a la cabeza— como parte del proceso de cumplimiento de la sentencia que en 2023 había establecido una indemnización de 16.100 millones de dólares. El caso, surgido por la forma en que se implementó la expropiación en 2012, sigue abierto y será apelado por el Estado nacional. Sin embargo, el impacto político y mediático no tardó en desplegarse.
Pablo González, quien presidió YPF hasta fines de 2023, salió a cuestionar con firmeza el fallo y, especialmente, a quienes lo celebran desde algunos sectores de la política argentina. “Se festeja un fallo a favor de un fondo buitre que no generó un solo litro de petróleo, que no generó puestos de trabajo, simplemente porque quieren volver a privatizar YPF”, advirtió el ex funcionario, al remarcar que esta sentencia no afecta directamente a la petrolera sino al Estado argentino. “Por ahora, YPF no tiene que pagar nada”, aclaró.
Para González, el caso tiene elementos jurídicos cuestionables y antecedentes que explican la intromisión de tribunales extranjeros. “¿Por qué una jueza de Estados Unidos falla contra una medida adoptada en Argentina? Esto es porque en tiempos de Menem se firmaron prórrogas de jurisdicción. Ahí está el verdadero problema”, señaló, en referencia a las cláusulas de renuncia a la jurisdicción nacional que acompañaron la privatización original de los años noventa.
En su análisis, González también defendió la decisión política que en 2012 reestatizó la compañía, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Volvería a votar la ley de expropiación de YPF. Fue como una segunda fundación. Una medida necesaria para recuperar el control estratégico sobre los hidrocarburos”, afirmó. También subrayó que los fondos que hoy litigan contra el país “no invirtieron nunca en YPF ni en el país”, y que su único interés es especulativo. “Estamos hablando de actores financieros que compraron derechos litigiosos para hacer caja, no de empresas productivas. Celebrar ese tipo de fallos es darle la espalda al desarrollo energético argentino”, advirtió.
Desde su experiencia al frente de la compañía, González insistió en que la recuperación del control mayoritario de YPF fue lo que permitió desarrollar Vaca Muerta, generar empleo, multiplicar inversiones y garantizar el abastecimiento interno. Y alertó que debilitar a la empresa en este contexto no sólo pone en riesgo ese camino, sino que abre la puerta a que vuelvan los mismos que una vez vaciaron la petrolera.
Mientras el Gobierno nacional avanza en la apelación del fallo, las declaraciones de González exponen la dimensión política de la disputa: no se trata sólo de una sentencia judicial, sino de una nueva etapa en la puja por el control del modelo energético argentino.ta: no se trata sólo de una sentencia judicial, sino de una nueva etapa en la puja por el control del modelo energético argentino.
