El Ejecutivo decidió aplazar hasta noviembre la actualización del ICL y el IDC para evitar un impacto inflacionario, pero la dinámica del mercado hizo que los precios continúen escalando pese al diferimiento impositivo.
El Decreto 699/2025, publicado en el Boletín Oficial el 1 de octubre, volvió a postergar la aplicación de los aumentos previstos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Se trata de una decisión que, en los papeles, busca frenar el impacto inflacionario y dar una señal de alivio en un mes atravesado por la campaña electoral. El mensaje implícito es claro: el Gobierno intenta mostrarse atento al bolsillo de los argentinos. Pero la realidad cotidiana en las estaciones de servicio desmiente cualquier intento de transmitir calma.
El consumidor paga precios más altos cada mes, a veces dos veces por mes, sin importar que se difieran los aumentos impositivos. La diferencia entre el relato y los hechos es significativa. Los impuestos que se postergan son apenas uno de los componentes de la estructura de costos de los combustibles. El resto —refinación, transporte, logística, tipo de cambio, paritarias, cotización internacional del crudo y márgenes empresariales— sigue presionando y se traslada al surtidor sin demora. El decreto, entonces, no frena la dinámica de aumentos: solo evita que el Estado cobre ahora lo que cobrará en noviembre.
Este tipo de medidas revela el uso político de la herramienta impositiva. Al aplazar un incremento que de todas formas llegará, el Gobierno gana tiempo y envía un mensaje de contención en un contexto electoral. La maniobra, sin embargo, no alcanza para modificar la percepción social: los combustibles siguen aumentando y las familias lo saben, porque lo viven cada vez que cargan el tanque. La narrativa oficial se choca con la experiencia cotidiana de millones de argentinos.
La contradicción expone un problema de fondo. La política energética necesita más que parches de coyuntura o decretos que corran el calendario de los impuestos. Lo que está en juego es la previsibilidad. Un sector estratégico como el de los combustibles, que afecta a la producción, al transporte y a la vida diaria, no puede estar sujeto a decisiones tomadas bajo la lógica del calendario electoral. Postergar aumentos puede aliviar por un mes los índices oficiales, pero no soluciona el dilema de fondo: la falta de un esquema claro, estable y transparente de formación de precios.
En definitiva, el Decreto 699/2025 es una jugada política de corto plazo que no cambia la tendencia de fondo. El Gobierno difiere el cobro de un impuesto para mostrar sensibilidad en la recta final electoral, pero los precios en los surtidores siguen subiendo por otros factores. Los consumidores, una vez más, quedan atrapados entre la retórica oficial y la realidad del mercado. Y la energía, que debería ser un pilar de certidumbre para la economía argentina, sigue navegando entre señales contradictorias.
Nicolás Matías Muñoz – Director E360°
