El Gobierno dispuso licitar 44% de las acciones de NA-SA y reservar 5% para un Programa de Propiedad Participada (PPP); el Estado retendrá el 51% en manos de la Secretaría de Energía y la CNEA, por lo que la Comisión no pierde su representación en el directorio.

El Decreto 695/2025 publicado hoy martes en el Boletín Oficial (fechado el 29/09/2025). autoriza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). La norma instruye a Economía —con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas— a ejecutar dos pasos: venta en bloque del 44% del capital por licitación pública nacional e internacional y organización de un PPP por el 5% para el personal. El 51% restante quedará bajo control estatal distribuido entre la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). No se prevén otras preferencias distintas del PPP.

Un punto central para el sector es que el texto final preserva explícitamente a la CNEA dentro del bloque estatal controlador (51%), sosteniendo su silla en el directorio de NA-SA. Este aspecto había sido criticado en borradores previos que, según trascendió, obligaban a la CNEA a transferir su 20%, con la consiguiente pérdida de representación; la versión oficial publicada elimina esa obligación.

El decreto también ordena reacomodos accionariales: NA-SA deberá transferir 0,01% del capital de ENARSA al Estado (Secretaría de Energía) y ENARSA deberá transferir 1% del capital de NA-SA al Estado (Secretaría de Energía). Además, reafirma la composición vigente del capital de NA-SA: 79% Estado (Secretaría de Energía), 20% CNEA y 1% ENARSA.

En sus considerandos, la norma recuerda que en 2024 NA-SA marcó un récord de generación de 10.449.015 MWh con un factor de carga del 73,3%, y justifica la apertura parcial del capital para ampliar el acceso a financiamiento de proyectos estratégicos como la Extensión de Vida de Atucha I (reingreso al sistema previsto para 2027) y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II) para Atucha II.

En síntesis: el Gobierno habilita la entrada de capital privado pero retiene la mayoría y, clave para la gobernanza del sector nuclear, la CNEA conserva su participación y su voz en el directorio de NA-SA, despejando el cuestionamiento que generaba el borrador previo.