El GAPP advirtió que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, tal como está diseñado, habilita importaciones “llave en mano” y desplaza producción y empleo locales, en un contexto en el que cámaras de proveedores reportan capacidad ociosa y caída de facturación.
Regresó al foco la pregunta clave: ¿qué parte del proyecto se hará con proveedores locales?. El Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP) sostuvo que el RIGI debe atraer grandes inversiones sin desarmar el entramado de pymes que abastecen a Vaca Muerta. Su director ejecutivo, Leonardo Brkusic, planteó que el régimen, en su versión actual, “brinda seguridad jurídica a una parte de la cadena y destruye a otra”, al permitir que proyectos ingresen plantas y equipos completos sin metas graduales de integración nacional. “Es una decisión de modelo: se puede desarrollar el sector como Angola o como Noruega”, afirmó, reclamando reglas pro-proveedores, estándares de contratación y financiamiento para calificar producción local en grandes obras.
La advertencia se produce con un termómetro pyme en terreno complicado. CEIPA, cámara que agrupa a empresas de servicios en la región, informó que entre unas 180 firmas se observa 50% de capacidad ociosa y una merma similar de facturación, con tensiones de caja y riesgo de cierres si no mejora el flujo de contratos. En paralelo, relevamientos difundidos por medios sectoriales citando al GAPP señalan que más del 75% de las empresas opera con capacidad ociosa y casi el 16% ya reportó despidos y suspensiones, algo inusual para un segmento que históricamente evita recortar personal. En palabras de Brkusic, la cadena transita un “valle de actividad” que podría extenderse varios meses si no se ajustan las reglas.
¿Qué piden los proveedores? Metas graduales y medibles de integración local para los proyectos encuadrados en el RIGI cuando exista oferta competitiva; preferencias de compra que contemplen trazabilidad, calidad y plazos; estándares de contratación y pagos que reduzcan asimetrías entre adjudicatarios y pymes; y programas de desarrollo (financiamiento, certificaciones, I+D) para sumar capacidades sin frenar inversiones. El objetivo —subrayan— no es detener proyectos, sino “afinar la herramienta” para que capex, empleo y tecnología queden en mayor proporción en la cadena local.
El trasfondo macro explica parte de la urgencia: menor ritmo de obras, renegociaciones contractuales y costos financieros más altos comprimieron márgenes y externalizar compras sería, según las cámaras, un golpe adicional para talleres, metalmecánicas, logística y servicios que rodean al upstream. En este marco, el diseño final del RIGI definirá quién captura el valor en la próxima década: si el ahorro fiscal y la velocidad de ejecución se traducen también en tracción para proveedores locales o si la mayor porción del negocio se importará “llave en mano”.
