Leyes, controles, sanciones e incentivos que ordenan la actividad productiva en Río Negro y en el país, explicados en criollo para debatir desarrollo y ambiente con información.

Cuando se habla de minería, hidrocarburos o grandes obras de energía, la primera pregunta que aparece en cualquier charla de café es casi siempre la misma: “¿Quién controla que no destruyan el ambiente?”. En Argentina y en Río Negro, esa respuesta no depende de una sola oficina ni de una sola ley, sino de un sistema de normas y organismos que se superponen y se controlan entre sí para tratar de prevenir, minimizar y sancionar los impactos ambientales.

A nivel nacional, la base es la Ley General del Ambiente 25.675, que fija los “presupuestos mínimos” que todas las provincias deben respetar: reconoce el ambiente sano como derecho, establece principios como el precautorio, el preventivo y el de “el que contamina paga”, y obliga a que toda obra o actividad capaz de degradar el ambiente tenga una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) antes de aprobarse. Es, en la práctica, la “ley marco” que ordena la política ambiental en todo el país.

Para la minería, además, existe una ley específica: la Ley 24.585, incorporada al Código de Minería como título de protección ambiental. Esa norma fija el procedimiento ambiental minero en todas sus etapas (cateo, exploración, explotación, beneficio, cierre), exige que cada proyecto presente un Informe de Impacto Ambiental y lo actualice periódicamente, obliga a tener programas de monitoreo, planes de cierre y de remediación, y somete a las empresas a inspecciones de la autoridad minera y ambiental. Sin ese “aprobado ambiental”, la mina no puede avanzar de etapa.

En Argentina, las provincias son dueñas de los recursos naturales. Por eso, en Río Negro el control no se termina en las leyes nacionales: se apoya en un bloque propio de normas provinciales que bajan al territorio esos principios generales. La provincia tiene una Carta Ambiental y leyes que ordenan la política ambiental, como la Ley 2342, que apunta a prevenir efectos degradativos sobre el ambiente y regula la obligación de reparar el daño; la Ley 2631, que orienta el desarrollo provincial bajo el criterio de “desarrollo sustentable”; y la Ley 2517, que incorpora la Carta Ambiental de Río Negro, es decir, una suerte de “constitución ambiental” provincial donde se reconocen derechos y obligaciones en la materia.

Una pieza clave es la Ley 3266, que regula el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en todo el territorio rionegrino. Esa ley establece que ninguna obra o actividad que pueda afectar el ambiente —sea un gasoducto, un parque eólico, una planta industrial o un proyecto minero— puede avanzar sin EIA. El proceso incluye un Estudio de Impacto Ambiental, un dictamen técnico del Estado y, cuando corresponde, instancias de participación ciudadana, como audiencias públicas, antes de que se otorgue o no la licencia ambiental. Es la norma que “pone en movimiento” todo el engranaje de estudios, informes y consultas.

Para la minería, Río Negro refuerza ese esquema con la Ley 4738, que crea el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera y define un procedimiento específico de evaluación para esta actividad. Ese consejo incluye representantes de universidades, organizaciones ambientalistas, pueblos originarios e INVAP, entre otros actores, y revisa los estudios de impacto antes de que el proyecto pueda pasar a la siguiente fase. Es una forma de sumar miradas técnicas y sociales más allá del propio Gobierno.

En hidrocarburos, la provincia cuenta con un Registro de Control Ambiental de la Actividad Hidrocarburífera, donde deben inscribirse las empresas que operan en exploración, producción y servicios. Reglamentaciones asociadas a la Ley 3266 y resoluciones específicas exigen un Estudio de Impacto Ambiental por cada pozo o instalación nueva, y habilitan a aplicar tasas para financiar las tareas de control en campo. Es decir: cada pozo, locación, planta o caño nuevo debe tener su análisis ambiental correspondiente.

Ese control no se limita al yacimiento: también abarca el transporte de hidrocarburos y la infraestructura energética. En este punto aparece la Ley Q 5594, que actualiza el marco para los ductos y terminales en territorio rionegrino. Su reglamentación refuerza la potestad de Río Negro sobre oleoductos, gasoductos, tanques, instalaciones de almacenamiento y terminales marítimas ubicadas en la provincia. Estas reglas obligan a las empresas a someterse a inspecciones in situ, a pagar una tasa de control y fiscalización operativa y a presentar documentación técnica y ambiental actualizada a través de sistemas de información provinciales.

En este entramado, la autoridad ambiental no es una sola oficina aislada. En Río Negro, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático es el organismo de referencia para la gestión ambiental, y trabaja coordinada con la Secretaría de Energía y Ambiente y el Departamento Provincial de Aguas (DPA) en temas de hidrocarburos, energía y recursos hídricos. La propia normativa hidrocarburífera provincial deja claro que ningún acuerdo con las empresas las libera de cumplir estrictamente la normativa ambiental y de seguridad, y reafirma las facultades de estas autoridades para inspeccionar, requerir información y sancionar.

¿Cómo se traduce todo esto en controles concretos? En la práctica, las empresas deben presentar estudios de impacto ambiental detallados, que incluyan línea de base (cómo está el ambiente antes de la obra), identificación de riesgos, planes de manejo de residuos, medidas de prevención y mitigación, planes de monitoreo, gestión del agua y, al final de la vida útil, planes de cierre y remediación. El Estado evalúa esos estudios, puede pedir ampliaciones, exige seguros ambientales cuando corresponde y condiciona la autorización a cumplir una serie de medidas técnicas.

Una vez que el proyecto está en marcha, comienza la etapa más silenciosa pero tal vez más importante: el control continuo. Equipos técnicos del Gobierno realizan inspecciones periódicas en campo, revisan piletas, pozos, frentes de obra, manejo de residuos y productos químicos, verifican presión y estado de ductos, controlan emisiones y efluentes, y pueden ordenar medidas correctivas inmediatas. En minería, por ejemplo, se desarrollan muestreos y monitoreos que se comparten con las comunidades; en hidrocarburos, el DPA supervisa obras de ductos y se fiscalizan tareas de abandono de pozos para garantizar que no queden pasivos abiertos.

Además de la inspección en campo, hay un control “de escritorio” igual de exigente: las empresas deben enviar informes periódicos, resultados de monitoreos, reportes de incidentes y planes de mejora. Esa información alimenta sistemas provinciales y sirve para cruzar datos entre Ambiente, Energía, Minería y otros organismos de control. En paralelo, organismos como el EPRE en el sector eléctrico y las áreas de Ambiente publican expedientes, convocatorias y grabaciones de audiencias públicas en sus propias páginas web, de modo que cualquier persona pueda ver qué se discutió, quién habló y qué dijo el Estado.

¿Qué pasa si una empresa no cumple? La normativa prevé una escalera de sanciones. A nivel nacional, la Ley General del Ambiente 25.675 establece la obligación de reparar el daño, la posibilidad de exigir recomposición o, si no es posible, compensación económica, y habilita acciones civiles y penales. A nivel provincial, el incumplimiento de las obligaciones ambientales o de los acuerdos de concesión faculta a la autoridad de aplicación a imponer multas, suspender actividades, revocar permisos y dar intervención a la Justicia, en línea con el régimen sancionatorio de la Ley de Hidrocarburos y las leyes locales. En los últimos años, además, se actualizaron esquemas de tasas ambientales que deben pagar las actividades con impacto (hidrocarburos, industrias, transporte de residuos, obras de alto riesgo), justamente para financiar más técnicos, más movilidad y más capacidad de respuesta del Estado.

A todo esto se suma una capa clave de transparencia: el derecho de acceso a la información ambiental. La Ley nacional 25.831, de acceso a la información pública ambiental, garantiza que cualquier persona pueda solicitar y obtener información ambiental en poder del Estado —estudios de impacto, monitoreos, autorizaciones— sin necesidad de justificar un “interés especial”. Obliga a la Nación y a las provincias a tener procedimientos claros para entregar esa información. Esto significa que la ciudadanía y las organizaciones pueden pedir documentos, revisar expedientes y aportar su propia mirada, algo central para la licencia social de cualquier proyecto.

Y hay otro punto que pocas veces se pone sobre la mesa, pero que pesa mucho en las decisiones empresarias: a las compañías tampoco les conviene tener antecedentes de contaminación. La mayoría de los grandes jugadores de la minería, el petróleo y la energía cotizan en bolsas internacionales o acceden a financiamiento en mercados que miran cada vez más de cerca el desempeño ambiental y social. Un derrame o un incidente grave no solo daña un río o una costa: golpea la reputación, puede hacer caer la acción en bolsa, encarece el crédito y deja una marca difícil de borrar frente a inversores, bancos y comunidades. Al mismo tiempo, mejorar el desempeño ambiental y la calificación ESG ayuda a bajar el costo de capital, es decir, a financiarse más barato, porque los inversores perciben menos riesgos y más transparencia.

En otras palabras: hoy, cuidar el ambiente no es solo cumplir la ley, también es cuidar el propio negocio.

Por supuesto, ningún sistema es perfecto ni elimina el riesgo al 100%. Pero el mensaje de fondo es claro: no existe minería, ni hidrocarburos, ni grandes obras de energía sin reglas y sin controles ambientales. Hay leyes nacionales que fijan un piso que nadie puede perforar, leyes provinciales que suman requisitos más estrictos, organismos técnicos que inspeccionan y sancionan, mecanismos de participación ciudadana y, cada vez más, un mercado financiero que premia a quienes hacen bien las cosas y castiga a quienes las hacen mal.

Contar cómo funciona este entramado es parte de llevar transparencia y tranquilidad a la sociedad. Saber que detrás de cada pozo, cada línea de alta tensión o cada frente de exploración hay estudios, informes, audiencias, monitoreos, controles estatales y también incentivos económicos para hacer las cosas bien, ayuda a que el debate sobre el desarrollo productivo y el cuidado del ambiente se dé con información, no solo con miedo o consignas. Y, al mismo tiempo, recuerda a las empresas y a los gobiernos que la licencia social se gana todos los días: cumpliendo la licencia ambiental y respetando a las comunidades que conviven con la industria.