La Legislatura de Río Negro sancionó la ley que ratifica el acuerdo entre la Provincia y el consorcio VMOS S.A., crucial para la construcción y operación del oleoducto Vaca Muerta Sur y una terminal de recepción, almacenamiento y despacho de petróleo crudo en Punta Colorada (Sierra Grande).
El proyecto se aprobó por mayoría, con 39 votos a favor, y el voto negativo de Magdalena Odarda, Ayelén Spósito, Ana Marks, Daniel Belloso y Leandro García.
El legislador Lucas Pica, de Juntos Somos Río Negro, fue el miembro informante de la Comisión y los siguientes fueron los puntos más destacados de su intervención:
*Describió a la iniciativa como “437 km de esperanza” para cambiar la matriz productiva, un “grito federal, patagónico, de reparación histórica”.
*Destacó el rol del gobernador Alberto Weretilneck, demostrando “terquedad” en “ir para adelante para encontrar esperanza donde no lo había”, logrando un “acuerdo histórico para los rionegrinos”.
*Se destinó el 5% del primer aporte de 60 millones de dólares a Sierra Grande, iniciando su “reparación histórica” hoy mismo.
*Destacó la estabilidad jurídica y política de Río Negro como facilitadores.
*Beneficios económicos directos: 60 millones de dólares iniciales, 40 millones anuales por 13 años, cánones, tasas y estimados 18.5 millones de dólares anuales en Ingresos Brutos. Informó que VMOS tendrá domicilio fiscal y legal en la provincia y que el 5% del aporte inicial será para Sierra Grande. Resaltó la creación de empleo (80/20 local, 500 trabajadores ya activos) y un plan de monitoreo ambiental con universidades e INVAP.
Otros legisladores
Santiago Ibarrolaza (Pro Unión Republicana) y Fernando Frugoni (CC-ARI-Cambiemos) apoyaron, enfatizando la prioridad en el desarrollo y el empleo. Frugoni calificó la negociación como lograr “lo posible, no lo aspirable”.
Ariel Bernatene (UCR) y Manuela Kircher (JSRN) también respaldaron la iniciativa. Kircher, desde la perspectiva de Sierra Grande, celebró el acuerdo como una “reparación simbólica” y la oportunidad de “cerrar un ciclo de postergación”.
El legislador Luciano Delgado Sempé, aunque a favor del oleoducto, criticó la negociación. Tildó los aportes para Sierra Grande de “migajas”, equivalentes a solo “2 horas de oleoducto” según sus cálculos. Impulsó, sin éxito, una modificación para aumentar significativamente esos fondos.
Pedro Dantas (PJ-NE) lo consideró un paso fundamental que transformará a Río Negro en un actor clave en la exportación de petróleo. Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) alineó el acuerdo con la adhesión provincial al RIGI, destacando la seguridad jurídica para los inversores.
El presidente del bloque PRO, Juan Martín, si bien apoyó la ley “por generar inversión y empleo”, pidió mayor transparencia e inclusión de minorías en las comisiones de seguimiento y también solicitó un porcentaje de los ingresos para los municipios.
Atribuyó la viabilidad del proyecto a la “estabilidad económica y política que se percibe en Argentina en este nuevo tiempo del presidente Milei”.
Destacó que se trata de una “ley positiva”, pero criticó la gestión provincial, señalando un “sesgo que tiene de querer escucharse a sí mismo en vez de escuchar a los otros”.
Desde la oposición, Magdalena Odarda (Vamos con Todos) y Ayelén Spósito expresaron un rechazo total. Odarda consideró que el proyecto implica una “zona de sacrificio” para la costa, alertando sobre riesgos de derrames y el consecuente daño al turismo y la pesca. Coincidieron en calificar los aportes a la provincia como “verdaderas migajas” frente al riesgo asumido. Criticaron el RIGI por facilitar la “fuga de capitales” y la “extranjerización” de bienes naturales. Odarda cuestionó los antecedentes de algunas empresas vinculadas, mencionando conflictos ambientales y lazos con intereses extranjeros, incluyendo empresas inglesas en el contexto de la Causa Malvinas.
