Con la Resolución 400/2025, el Gobierno Nacional impulsa una reorganización estructural del Mercado Eléctrico Mayorista, basada en precios marginales, competencia y transparencia. El nuevo esquema busca restablecer señales económicas reales, descentralizar el manejo de combustibles y consolidar un mercado sustentable.

El Gobierno Nacional avanza en la reorganización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), con el objetivo de mejorar su funcionamiento y transparencia. Esta medida se enmarca en la Ley Bases y responde a los principios de competencia y eficiencia establecidos por la Ley 24.065.

La Secretaría de Energía de la Nación informó que mediante la Resolución 400/20251 se impulsa un nuevo esquema basado en señales de precios marginales, tratando de eliminar las distorsiones creadas por la intervención estatal. El objetivo es restablecer un mercado eléctrico competitivo, transparente y sustentable, en el que el Estado recupere su rol regulador sin interferir en la operatoria.

Se indicó que durante las últimas dos décadas, la fijación administrativa de precios y los subsidios indiscriminados distorsionaron las señales económicas, desincentivaron la inversión y generaron dependencia del gasto público. La normalización del MEM buscar revertir ese proceso, restableciendo el principio de marginalismo como base del funcionamiento del sistema.

La medida también establece la creación de un Mercado a Término de Energía y Potencia, que permitirá la libre contratación entre generadores, distribuidores y grandes usuarios. De esta manera, se promueve la competencia, se impulsa la instalación de nueva capacidad de generación y se facilita la planificación de inversiones de largo plazo.

Asimismo, se avanza en la descentralización del manejo de combustibles, devolviendo a los generadores térmicos la responsabilidad de adquirir sus insumos. CAMMESA dejará de concentrar la compra de combustibles y mantendrá sus funciones de despacho y administración del mercado, así como su rol de proveedor de última instancia, en línea con su diseño original.

El nuevo marco reafirma el respeto a los contratos vigentes del Plan Gas hasta su finalización en 2028.

Con esta reforma, el Gobierno Nacional consolida un cambio estructural en el sector energético: el Estado deja de actuar como empresario para volver a ser garante de reglas claras, precios reales y libertad de contratación.