El entendimiento destraba reclamos clave con la UTE (Gezhouba-Eling-Hidrocuyo) y habilita retomar trabajos, pero no reemplaza la Adenda XII que busca “ordenar” integralmente el contrato. El plan arranca con Jorge Cepernic; para completar el complejo estiman que faltan USD 5.000 millones y Enarsa reconoce reclamos acumulados por más de USD 700 millones.

Después de meses de negociación y con el gobernador Claudio Vidal presente en las conversaciones, Enarsa y las empresas constructoras de las represas sobre el río Santa Cruz firmaron un acuerdo que permite retomar los trabajos, aunque todavía deja temas pendientes que deberán resolverse en paralelo a la reactivación. El anuncio fue confirmado por la Secretaría de Energía y presentado como un paso para destrabar “controversias históricas” heredadas del contrato.

Según detalló Post Energético, lo que se firmó no es la Adenda XII —el documento más amplio que reordena el vínculo contractual y financiero del proyecto—, sino un instrumento que apunta a cerrar puntos críticos para que la obra vuelva a moverse. En la misma línea, La Opinión Austral precisó que se trata de un “Acuerdo de Cumplimiento de Condiciones Precedentes”, surgido de los compromisos del memorando de entendimiento (MOU) del 18 de julio de 2025, que fija bases técnicas y económicas para avanzar hacia la siguiente etapa.

En concreto, el acuerdo aborda reclamos económicos de la UTE (integrada por Gezhouba, Eling e Hidrocuyo) vinculados a los “días caídos” por la pandemia —sin difusión de montos— y también el tratamiento del deslizamiento ocurrido en 2019 en el área de la central Néstor Kirchner, que quedó encuadrado como un evento fortuito no atribuible a las constructoras. Para el proyecto, ese punto técnico venía siendo uno de los nudos más sensibles a resolver para ejecutar con mayor certeza.

El avance llega después de una señal de alarma interna: la semana pasada, Post Energético informó que el directorio de Enarsa encontró resistencia de los síndicos al momento de aprobar la Adenda XII, con cuestionamientos sobre el sustento jurídico del dictamen que respaldaba el cierre integral de conflictos contractuales. Esa tensión obligó a reconfigurar el camino: avanzar con un acuerdo “de mínimos” para reiniciar la obra y dejar el resto de las definiciones para etapas posteriores, con los frentes activos.

La Secretaría de Energía, según la cobertura de Post Energético, indicó que las empresas acumulaban reclamos por más de USD 700 millones, aunque no precisó si el reconocimiento fue total o parcial. En paralelo, estimó que restan USD 5.000 millones para completar las obras y marcó el objetivo de encauzar la reactivación con un cronograma verificable, comenzando por los frentes asociados a Jorge Cepernic, que podría estar operativa en 2030.

Ese orden de prioridades es otro dato central: el nuevo entendimiento contempla reiniciar solo la central Jorge Cepernic en esta fase, mientras que el resto del complejo quedará sujeto a las definiciones que se alcancen en el marco contractual completo. Este enfoque ya había sido anticipado en análisis sectoriales de 2025, cuando el Gobierno evaluaba reactivar primero la obra “más chica” y postergar el resto por las discusiones de deuda y condiciones de financiamiento.

Las represas del río Santa Cruz —proyecto firmado originalmente en 2013 y bajo la órbita de Enarsa/IEASA como comitente— quedaron paralizadas en noviembre de 2023, con impacto directo en empleo y actividad local. Desde mediados de 2025, tras el MOU, Santa Cruz empujó una mesa de negociación para recuperar la obra. “Hoy podemos reafirmar con claridad que las represas continúan”, celebró Vidal, al presentar el acuerdo como el paso que faltaba para volver a poner en marcha el proyecto.

Para la Patagonia, el trasfondo es estratégico: no se trata solo de reactivar frentes de construcción, sino de ordenar un proyecto que —si se completa— sumaría potencia y energía firme al Sistema Argentino Interconectado, en un contexto donde la infraestructura eléctrica vuelve a ser tema central por demanda, industria y expansión de redes. En ese tablero, Santa Cruz busca recuperar una obra emblemática, mientras el resto de la región también discute cómo financiar y acelerar inversiones críticas para que la energía efectivamente llegue a destino.