Las provincias reclaman mayor protagonismo y beneficios en la gestión de las represas hidroeléctricas del Comahue. Nación impulsa una nueva licitación sin participación provincial. Se negocia un modelo que combine eficiencia energética, control federal y respeto por los derechos provinciales. Hoy hubo reunión en Buenos Aires.
Hoy miércoles se llevó a cabo una reunión entre la Secretaría de Energía de la Nación y los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, con el objetivo de destrabar el conflicto por las represas hidroeléctricas del Comahue, cuya concesión actual está vencida y sujeta a revisión.
Las centrales hidroeléctricas involucradas —El Chocón, Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Planicie Banderita— aportan en conjunto aproximadamente 4.000 MW de potencia al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), lo que representa cerca del 15% de la capacidad hidroeléctrica total del país.
Fueron construidas entre las décadas del 70 y 90 por empresas del Estado como Hidronor S.A, en un esquema de desarrollo regional planificado. En 1993, durante el proceso de privatización del sector energético, se otorgaron concesiones por 30 años a distintas operadoras privadas. Estas concesiones han vencido entre 2023 y 2024, y se encuentran actualmente prorrogadas mientras se define su futuro.
El corazón del conflicto: ¿Qué reclaman las provincias?
Neuquén y Río Negro, amparadas en la reforma constitucional de 1994 (art. 124), sostienen que los recursos naturales —como el agua utilizada para generar electricidad— son de dominio provincial. Por esto exigen:
- Participación activa en las nuevas sociedades concesionarias.
- Un canon por el uso del recurso hídrico.
- Tarifa diferencial para los habitantes de la región.
- Información técnica y participación en la planificación energética.
El gobernador Figueroa señaló recientemente que “no pueden volver a privatizarse las represas sin un modelo que integre a las provincias, porque esto no es solamente energía, es desarrollo territorial, recursos, infraestructura y empleo”.
Alberto Weretilneck fue aún más enfático: “El agua es de las provincias, y las represas no pueden estar bajo control exclusivo de empresas que no tienen ningún compromiso con la región”.
Qué propone Nación
La Secretaría de Energía de la Nación impulsa una licitación internacional para la operación de las represas a través de nuevas sociedades anónimas. Estas sociedades serían controladas por privados y no contemplan, en principio, participación accionaria de las provincias.
Desde Nación explican que la decisión responde a:
- La necesidad de asegurar eficiencia técnica y financiera en la operación.
- Evitar conflictos de gobernabilidad que puedan surgir con múltiples actores.
- Garantizar inversiones privadas en mantenimiento, modernización y seguridad.
Como compensación, Nación propone mantener vigentes los organismos técnicos de fiscalización:
- Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para monitoreo hídrico.
- Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), para seguridad estructural.
Además, se reconocería a las provincias el cobro de un canon por el uso del agua, aunque sin intervención en decisiones estratégicas.
Marco legal en debate
El corazón del conflicto está en la colisión entre el dominio originario de los recursos naturales de las provincias (Cons. Nac. art. 124) y el control federal sobre la infraestructura estratégica del sistema energético nacional.
El esquema actual genera tensiones por:
- Falta de control provincial sobre decisiones clave.
- Inexistencia de beneficios tangibles para las comunidades locales.
- Desconexión entre los ingresos generados y las inversiones en la región.
¿Qué se negocia?
Durante la reunión de hoy, las partes avanzaron en un proceso de diálogo que busca evitar judicializaciones y sentar las bases de un nuevo esquema de gestión. Si bien no se anunciaron definiciones públicas, fuentes gubernamentales explicaron a Energía 360 que “las partes se encuentran en instancia de negociación y que una vez que finalicen darán detalles”.
“Las partes se encuentran en instancia de negociación y que una vez que finalicen darán detalles” dijeron fuentes consultadas por Energía 360.
Esto indica que aún está abierta la posibilidad de encontrar un punto de equilibrio entre el modelo impulsado por Nación y el reclamo de mayor participación por parte de las provincias. El resultado de estas conversaciones será clave para determinar el nuevo mapa energético de la región.
PREGUNTAS CLAVE PARA ENTENDER EL TEMA
¿Qué son las represas hidroeléctricas?
Son infraestructuras de gran escala que transforman la energía del agua en electricidad, a través de turbinas impulsadas por el caudal regulado de los ríos. Representan una fuente de energía renovable y estratégica para la matriz nacional.
¿A quién pertenecen?
Las obras son del Estado nacional, pero los recursos hídricos (el agua de los ríos) son de dominio provincial según la Constitución. Esto genera un esquema compartido que requiere coordinación interjurisdiccional.
¿Por qué se construyeron?
Fueron impulsadas por el Estado para abastecer de energía a grandes regiones del país, prevenir inundaciones y ordenar el desarrollo de la Patagonia norte.
¿Qué capacidad tienen?
En conjunto, las represas hidroeléctricas del Comahue suman más de 4.000 MW de potencia instalada, esenciales para el sistema eléctrico nacional.
¿Qué exigen las provincias?
Participación en las decisiones, beneficios económicos, tarifas más bajas para sus poblaciones y mecanismos de control ambiental y social.
¿Qué dice Nación?
Que la operación debe mantenerse en manos privadas, pero bajo regulaciones estatales, con compensaciones económicas para las provincias, sin ceder el control de las concesiones.
¿Cuál es el próximo paso?
Las negociaciones continúan en una mesa técnica. Se definirá si se avanza con el modelo actual o se rediseña el esquema para incluir a los gobiernos provinciales de forma directa o indirecta.
