En un mundo atravesado por guerras, tensión energética y búsqueda de nuevos proveedores, Río Negro eligió posicionarse como territorio confiable para grandes inversiones. La provincia prioriza estabilidad fiscal, seguridad jurídica y radicación de proyectos por sobre una lógica de mayor presión tributaria inmediata. El objetivo es claro: transformar su costa en la nueva salida energética de la Argentina y capturar valor a través de empleo, servicios e infraestructura.

La energía volvió a confirmar en 2026 que no responde sólo a la lógica del mercado. Responde también a la guerra, a los bloqueos, a las rutas marítimas y a la necesidad desesperada de los países de asegurarse suministro en un mundo cada vez más inestable. La tensión en Medio Oriente y la fragilidad que volvió a exhibir el Estrecho de Ormuz empujaron otra vez a Europa y a Asia a mirar con atención a proveedores alternativos, más previsibles y menos expuestos a los grandes focos del conflicto global. En ese escenario, la Argentina empieza a jugar una carta que durante años fue apenas una promesa: convertir el gas y el petróleo de Vaca Muerta en exportaciones sostenidas hacia el mundo. Y dentro de ese nuevo mapa, Río Negro entendió antes que otros que la disputa no se gana sólo con recursos, sino con confianza.

La provincia decidió pararse frente a esta oportunidad con una lógica distinta a la tradicional. En lugar de pensar exclusivamente en capturar valor a través de más gravámenes o de una renta fiscal inmediata más agresiva, eligió fomentar la radicación de proyectos de escala con estabilidad regulatoria, previsibilidad tributaria y seguridad jurídica. Esa definición no es discursiva. Río Negro adhirió al RIGI en julio de 2024 y lo hizo con una idea explícita: ponerse “en la primera línea de largada” para recibir inversiones capaces de ampliar y diversificar su matriz productiva. El propio Gobierno provincial presentó ese paso como una señal para consolidar proyectos de petróleo y gas y generar empleo, mientras que Nación definió al régimen como una herramienta para dar previsibilidad, seguridad jurídica y reglas claras a inversiones con potencial exportador.

Ese cambio de paradigma explica mejor que cualquier otra cosa el acuerdo firmado ayer por Alberto Weretilneck con Southern Energy y San Matías Pipeline. Lo que hizo Río Negro fue ofrecer un marco fiscal y regulatorio estable para destrabar una inversión de gran escala en el Golfo San Matías, con dos buques de licuefacción, un gasoducto dedicado de 471 kilómetros desde Vaca Muerta y un cronograma que apunta a iniciar operaciones en septiembre de 2027 con la primera unidad y en el segundo semestre de 2028 con la segunda. La apuesta provincial es transparente: no apropiarse de la renta para sostener gasto corriente, sino crear las condiciones para que el capital llegue, las obras se hagan y el territorio capture valor a través de trabajo, proveedores, infraestructura y movimiento económico.

Visto desde esa lógica, el debate sobre si los US$ 55 millones en 20 años que recibirá la provincia son mucho o poco cambia de eje. Si se analiza el número en forma aislada, frente a una inversión de más de US$ 15.000 millones, el monto parece acotado. Pero el razonamiento oficial va por otro lado: el verdadero valor no estaría en maximizar el canon, sino en garantizar que el proyecto ocurra y en asegurarse que su derrame quede en Río Negro. Por eso el acuerdo también incluye un aporte comunitario único de US$ 36 millones, un componente anual contingente atado al precio internacional del GNL y, sobre todo, el compromiso de priorizar trabajadores y proveedores locales. La provincia parece haber leído que en este tipo de desarrollos la captura de valor no pasa sólo por la renta directa, sino por la capacidad de convertir una plataforma exportadora en actividad económica real.

Ese posicionamiento dialoga además con el momento político y económico nacional. El Gobierno de Javier Milei instaló una narrativa centrada en bajar el peso del Estado sobre la actividad privada, ofrecer certidumbre al capital y romper con la lógica de un sector público que absorbe renta productiva para financiar un gasto creciente. Río Negro adhirió rápido a ese esquema y lo hizo con hechos concretos. Fue una de las primeras provincias en sumarse al RIGI y desde entonces construyó un discurso y una práctica orientados a mostrarse como una jurisdicción amigable con la industria, receptiva a las inversiones y dispuesta a competir por proyectos de gran escala. No se trata sólo de decir que quiere inversiones; se trata de demostrarle a las empresas que quienes desembarquen en la provincia saben de antemano que las reglas no van a cambiar a mitad del juego.

Ese punto es central porque en energía las decisiones no se toman con horizontes cortos. Se toman a 20 o 30 años, con miles de millones de dólares en riesgo y con la necesidad de saber que los marcos regulatorios, tributarios y operativos serán relativamente estables. En ese terreno, Río Negro intenta construir una marca propia: la de provincia confiable para el desembarco de grandes proyectos, tanto en petróleo como en GNL. Esa estrategia ya se ve en el frente gasífero del Golfo San Matías, pero también en la infraestructura que acompaña el crecimiento exportador, y en el modo en que la provincia busca posicionarse como la puerta atlántica de la energía argentina.

La discusión de fondo, entonces, no es si Río Negro resignó renta en el corto plazo. La discusión es si eligió deliberadamente otro camino para capturarla. Uno menos apoyado en gravar de entrada y más orientado a generar condiciones para que la renta aparezca multiplicada en empleo, servicios, logística, proveedores, obra pública y desarrollo regional. Es una apuesta política y económica. Puede salir muy bien si la provincia logra que el derrame se territorialice de verdad. Puede quedarse corta si los barcos salen, los caños se llenan y la riqueza se fuga sin dejar demasiado más que una recaudación modesta. Pero lo que ya está claro es que Río Negro tomó una definición estratégica: prefirió volverse competitiva para atraer capital antes que encarecer el acceso al territorio con una lógica puramente fiscalista.

En un país que durante años discutió cómo repartir riqueza antes de generar nuevas escalas de inversión, la provincia eligió correrse de ese libreto. Entendió que en la nueva geopolítica energética el activo más importante no es sólo el recurso, sino la confianza. Y sobre esa base está intentando hacer algo más ambicioso que cobrar un canon: convertirse en el lugar donde la Argentina empiece, de una vez, a exportar energía al mundo con reglas previsibles, obras concretas y un modelo que apueste al desarrollo antes que a la apropiación inmediata de la renta. Si esa jugada sale bien, Río Negro no habrá ganado sólo un proyecto. Habrá ganado un lugar estable en el nuevo mapa energético argentino.