La Legislatura acompaña el desarrollo local: dictamen favorable al régimen que prioriza proveedores rionegrinos en inversiones estratégicas. La iniciativa busca integrar a empresas provinciales en la cadena de valor de proyectos hidrocarburíferos, mineros y energéticos, fortaleciendo el empleo, el arraigo productivo y la soberanía económica en Río Negro.

La comisión plenaria de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo de la Legislatura de Río Negro emitió dictamen favorable al proyecto de ley que crea un régimen de desarrollo de proveedores de bienes, servicios y obras, vinculado a proyectos hidrocarburíferos, mineros, energéticos y de otras fuentes estratégicas.

La iniciativa tiene como objetivo impulsar la participación de empresas rionegrinas en la cadena de valor de estos emprendimientos, favoreciendo el arraigo productivo, la generación de empleo local y la diversificación económica en toda la provincia.

El proyecto establece un marco normativo que permitirá la incorporación de proveedores locales en las distintas etapas de ejecución de los proyectos, con criterios de competitividad y calidad, fortaleciendo así el entramado empresarial provincial.

Andrés Vera, Subsecretario de Minería explicó que “este proyecto involucra actividades estratégicas vinculadas a hidrocarburos, minería y energía. Para su elaboración analizamos normativa comparada de distintas provincias y de diferentes países, especialmente en lo referido al fomento del desarrollo de proveedores. Lo que observamos es que, en estas industrias complejas, no existen demasiadas iniciativas concretas que fortalezcan de manera clara a los proveedores locales”.

En esa línea, agregó: “Lo que hicimos fue establecer un marco normativo que ofrece incentivos claros para que pequeñas, medianas y grandes empresas rionegrinas puedan, en los próximos años y décadas, integrarse plenamente a la cadena de valor de estas actividades estratégicas. Creemos que este registro será una herramienta fundamental para fijar parámetros precisos sobre cómo el desarrollo de la provincia debe estar vinculado al crecimiento de los proveedores locales”.

Detalles del proyecto

La iniciativa fue presentada por el gobernador Alberto Weretilneck y les otorga prioridad de contratación en las grandes inversiones energéticas, petroleras y mineras. Busca que la riqueza generada en la provincia se traduzca en más empleo local y en desarrollo para el entramado productivo provincial.

“Cada gran inversión que llega a Río Negro debe significar más empleo para nuestra gente y más oportunidades para nuestras pymes. Defender el trabajo y la producción rionegrina es una decisión clara y una obligación de este Gobierno”, afirmó Weretilneck.

La iniciativa establece que concesionarias y empresas operadoras, junto a sus prestadoras y firmas vinculadas, deberán destinar al menos un 60% de bienes, servicios y obras a proveedores radicados en la Provincia, garantizando además el uso de mano de obra local. También se crea el Registro de Proveedores Rionegrinos, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Energía y Ambiente y tendrá inscripción gratuita.

Entre las principales herramientas, el proyecto incorpora un régimen de preferencia competitiva, que otorga a las pymes locales el derecho a igualar la mejor oferta en un proceso de adjudicación. Además, fija reglas claras en caso de empate, priorizando a empresas con establecimiento operativo en la Provincia o con mayor cantidad de trabajadores residentes.

Se contempla además un programa de desarrollo de proveedores, que obligará a las compañías a implementar instancias de capacitación técnica, acceso a financiamiento, certificaciones de calidad y sostenibilidad ambiental. Estas acciones estarán dirigidas a fortalecer la competitividad de las pymes y la calificación de la mano de obra local.

En materia de control, la norma prevé mecanismos de transparencia mediante una plataforma digital de acceso público, donde se publicarán los llamados a contratación y el listado de proveedores inscriptos. El régimen incluye sanciones proporcionales para quienes incumplan, que van desde apercibimientos y multas hasta la cancelación del certificado de proveedor y la revocación de permisos o concesiones.