El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa criticó la falta de definiciones en la Legislatura pampeana y advirtió sobre el costo económico y social que implican las demoras para avanzar en la concesión del área.

El futuro del área Medanito, ubicada en el departamento 25 de Mayo al oeste de La Pampa, sigue envuelto en indefiniciones legislativas y tensiones políticas que, según el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, podrían tener un alto costo para la producción y el empleo en la región.

Se trata de un yacimiento convencional maduro, históricamente operado por Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), que presenta todavía oportunidades de desarrollo a través de técnicas de recuperación secundaria y terciaria, así como el reacondicionamiento de pozos y perforaciones selectivas.

PCR tiene a su cargo la concesión del área desde hace décadas, pero el contrato se encuentra próximo a vencer. Ante esta situación, la Legislatura de La Pampa debe resolver si lanza una nueva licitación para convocar a otras operadoras interesadas o si avanza con la extensión del vínculo con la actual concesionaria. La discusión se ha trabado por diferencias políticas entre sectores del oficialismo provincial y la oposición, lo que ha generado incertidumbre entre los trabajadores del sector y la comunidad de 25 de Mayo, cuyo desarrollo económico está fuertemente ligado a la actividad hidrocarburífera.

En medio de ese debate, el secretario general del gremio petrolero, Marcelo Rucci, salió al cruce de algunos sectores políticos que impulsan la apertura de un data room como paso previo a cualquier definición.

“Lo que están planteando algunos diputados en La Pampa con el área Medanito no es más que una maniobra dilatoria que le va a costar carísima a la gente”, advirtió Rucci. “Hablan de abrir un data room como si se tratara de un gran descubrimiento, cuando todos sabemos que esa área es un yacimiento maduro, del que existe información completa y pública desde hace años.”

Según el dirigente sindical, ya existen estudios, informes técnicos y reportes elaborados por consultoras y por la propia operadora PCR, lo que haría innecesario destinar recursos públicos a ese fin. “No hace falta gastar 200.000 o 250.000 dólares del bolsillo de los ciudadanos para armar un expediente que ya existe”, cuestionó.

Rucci también advirtió sobre el impacto económico y social de las demoras legislativas: “Lo que está en juego no es el conocimiento del yacimiento, sino el tiempo y la decisión política de avanzar con la licitación o la extensión de la concesión para que se siga trabajando. Cada día perdido es producción que se cae, inversión que no llega y empleo que se pone en riesgo.”

Para el sindicato, el camino a seguir es claro. “Basta de dilatar con excusas que suenan técnicas pero esconden razones políticas. La información está. Se puede resolver rápido y sin despilfarrar plata que podría destinarse a generar trabajo y fortalecer la producción de la provincia”, concluyó el titular del gremio.