El convenio firmado en Casa Rosada puso en marcha la transferencia, pero la Provincia todavía no tomó posesión efectiva de los corredores. El acuerdo deberá pasar por la Legislatura y establece un plazo de 60 días hábiles para los primeros sectores liberados. La transición adquiere especial relevancia por el creciente peso de ambas rutas en la conexión del Alto Valle con Vaca Muerta.

La firma entre Río Negro y Nación cerró una etapa de negociación política, pero abrió inmediatamente una pregunta mucho más concreta: ¿cuándo comenzará efectivamente la Provincia a hacerse cargo de las rutas nacionales 22 y 151?

La respuesta está en la letra del acuerdo firmado este lunes: El traspaso no será automático ni ocurrirá simultáneamente sobre toda la extensión de ambos corredores. El convenio establece un mecanismo progresivo que dependerá, en primer término, de su aprobación por parte de la Legislatura de Río Negro y, posteriormente, de la instrumentación necesaria para tomar posesión de cada sector.

Para los tramos que se encuentran en condiciones de ser transferidos, la toma de posesión efectiva está prevista a los 60 días hábiles del perfeccionamiento de los instrumentos firmados.

En el caso de Río Negro, ese perfeccionamiento requiere la aprobación legislativa del acuerdo: Esto significa que la firma realizada en Casa Rosada puso en marcha el proceso, pero no implicó que desde el día siguiente Vialidad Rionegrina pasara automáticamente a administrar cada kilómetro de las rutas 22 y 151.

El dato no es menor: Ambos corredores se volvieron piezas cada vez más sensibles dentro del sistema logístico regional. La Ruta 22 concentra buena parte del movimiento del Alto Valle y articula ciudades, áreas productivas y accesos hacia Neuquén, mientras que la Ruta 151 funciona como una de las principales conexiones terrestres entre Río Negro y el norte de la cuenca neuquina.

El crecimiento de Vaca Muerta incrementó sobre estas trazas la circulación de camiones, equipos, insumos, servicios y trabajadores vinculados con la actividad hidrocarburífera. Ese aumento de la demanda vial expuso todavía más una infraestructura que arrastra problemas de mantenimiento, seguridad y capacidad.

Por eso, el traspaso no debe leerse solamente como una modificación administrativa.

Río Negro empieza a asumir responsabilidad directa sobre corredores que hoy forman parte del entramado necesario para sostener una expansión productiva que ya tiene efectos concretos sobre el tránsito y las ciudades del Alto Valle.

El convenio marco tiene una vigencia de 20 años y contiene 23 cláusulas que organizan cómo se realizará esa transición.

Uno de los puntos centrales es que los sectores con situaciones contractuales pendientes no podrán ser entregados a la Provincia en las mismas condiciones que aquellos que ya están liberados.

Nación asumió el compromiso de entregar esos tramos ordenados y saneados. Para hacerlo tendrá un plazo de 60 días hábiles, durante el cual deberá resolver las situaciones vinculadas con contratos activos y otras obligaciones anteriores al traspaso.

La definición resulta especialmente importante porque Río Negro dejó establecido que no asumirá deudas ni compromisos generados durante la administración nacional.

Certificados de obra impagos, juicios, intereses, penalidades y otros reclamos anteriores continuarán bajo responsabilidad del Estado nacional.

De esta manera, la transferencia se estructurará en etapas.

Los corredores que ya estén en condiciones administrativas podrán avanzar primero hacia la gestión provincial, mientras los sectores que todavía tengan contratos o situaciones pendientes deberán esperar hasta que Nación complete su regularización.

También habrá convenios específicos para concretar posteriormente la toma de posesión.

La diferencia entre la firma política y la transferencia operativa permite entender por qué el proceso puede extenderse durante los próximos meses.

Hasta ahora, Río Negro reclamaba ante Vialidad Nacional por el estado de los corredores y las obras pendientes. Cuando cada tramo sea efectivamente transferido, esa responsabilidad cambiará de manos: será la Provincia la encargada de administrar, conservar y definir las intervenciones necesarias.

Pero la jurisdicción nacional de las rutas no desaparece.

El acuerdo concede a Río Negro facultades de gestión, mantenimiento, operación e intervención durante 20 años, sin modificar la titularidad nacional de las trazas.

La Provincia tampoco recibe solamente la posibilidad de realizar reparaciones.

Una vez incorporados los corredores podrá intervenir sobre calzadas, banquinas, accesos, colectoras, puentes, rotondas, señalización e iluminación, además de organizar tareas de conservación y seguridad vial.

Ese escenario comenzará a hacerse efectivo a medida que se formalice la transferencia de cada sector.

La primera referencia concreta son aproximadamente 305 kilómetros de tramos que actualmente se encuentran liberados y que aparecen como la puerta de entrada al nuevo esquema provincial.

Pero incluso sobre esos kilómetros habrá que completar primero los pasos administrativos previstos en el convenio.

El nuevo esquema aparece, además, en un momento en que Río Negro y Neuquén comenzaron a discutir de manera conjunta cómo adaptar la infraestructura regional a la nueva escala de Vaca Muerta.

El tránsito pesado que une los yacimientos con las ciudades, las bases operativas, los proveedores y los corredores de salida dejó de ser una cuestión exclusivamente neuquina. La expansión hidrocarburífera ya proyecta su impacto sobre buena parte del norte rionegrino y obliga a pensar las rutas como parte de una red logística integrada.

Ese contexto explica por qué la transferencia de las rutas 22 y 151 adquiere una dimensión mayor.

No se trata solamente de definir qué Estado debe ocuparse del mantenimiento, sino de establecer quién planificará y financiará los corredores que deberán soportar una actividad productiva en expansión durante las próximas décadas.

Después de la firma del 24 de agosto, el calendario pasa ahora a ser determinante.

Primero deberá intervenir la Legislatura rionegrina. Luego comenzarán a correr los plazos establecidos en el acuerdo y deberán formalizarse los instrumentos específicos para cada tramo.

En paralelo, Nación tendrá que resolver las situaciones pendientes que todavía impiden transferir otros sectores.

Recién entonces podrá observarse el cambio más visible para quienes utilizan diariamente estos corredores: Vialidad Rionegrina actuando directamente sobre rutas que hasta ahora dependían de las decisiones de Vialidad Nacional.

La firma, por lo tanto, no fue el final del proceso.

Fue el punto de partida de una transición con plazos, condiciones y responsabilidades diferenciadas, en momentos en que la infraestructura vial empieza a convertirse en uno de los principales desafíos para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y su impacto sobre Río Negro.

La próxima fecha clave ya no será la de una nueva firma política.

Será el día en que la Provincia tome efectivamente posesión de los primeros kilómetros de las rutas 22 y 151.