El gobierno de Marcelo Orrego envió a la Legislatura el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero. La norma fija 80% de empleo sanjuanino y 60% de compras a proveedores provinciales, crea un registro obligatorio y extiende la exigencia a contratistas. La apuesta se parece al camino que ya tomó Río Negro, aunque en San Juan la batalla por los contratos suma un factor extra: la competencia de proveedores chilenos, con ventaja histórica y geográfica en los proyectos de cobre fronterizos.
San Juan decidió acelerar una herramienta que apunta directo al corazón de la cadena de valor minera: quién trabaja y quién factura cuando llegan las inversiones de gran escala. El Ejecutivo provincial presentó el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, conocido como “Compre y Empleo Local” minero, y lo mandó a la Legislatura con metas concretas y obligatorias para los proyectos que entren en construcción u operación.
La propuesta fija tres reglas centrales. La primera es laboral: cada proyecto deberá integrar al menos 80% de trabajadores sanjuaninos en su nómina total, incluyendo empleo directo e indirecto. La segunda apunta a las compras: 60% del monto de bienes y servicios tendrá que contratarse con proveedores locales inscriptos y habilitados, salvo que no exista oferta provincial capaz de cubrir esa demanda. Y la tercera cierra el circuito: contratistas grandes y medianas que trabajan para las mineras también estarán obligadas a cumplir esos mismos porcentajes, evitando que la exigencia quede solo en la operadora principal.
Para que “proveedor local” no sea una etiqueta de papel, el texto crea un Registro Provincial obligatorio (REPROMIN) con requisitos de arraigo: participación mayoritaria de capital sanjuanino, domicilio legal y fiscal en la provincia, establecimiento principal operativo local y reglas similares para uniones transitorias. La idea es dar preferencia real a empresas radicadas y con actividad efectiva en el territorio.
El apuro de San Juan no es casual. La provincia está a las puertas de un salto de escala con los proyectos de cobre, especialmente el polo Vicuña (Josemaría + Filo del Sol), que redefine el tamaño de la minería sanjuanina y dispara una carrera temprana por contratos de obra, servicios y logística. En ese contexto, el gobierno busca evitar que la mayor parte del derrame se vaya afuera: hoy el propio entramado empresario sanjuanino estima que solo una porción menor de las compras queda dentro de la provincia, y la ley apunta a revertir esa balanza.
Un espejo con Río Negro
Desde la mirada de Energía 360°, la iniciativa sanjuanina va en línea con el camino que ya inició Río Negro en 2025. Nuestra provincia sancionó el Régimen de Promoción y Desarrollo de Proveedores Rionegrinos (Ley 5805), que también fija un piso de 60% de compras provinciales en proyectos estratégicos (minería, hidrocarburos, energía e infraestructura asociada), con registro y mecanismos de verificación para garantizar contenido local.
En empleo, Río Negro empuja el mismo norte: el esquema 80/20 de mano de obra local, ya vigente en obras y proyectos estratégicos, prioriza trabajadores rionegrinos con requisitos de residencia, y se plantea como herramienta para capturar empleo local en la nueva ola de inversiones.
En síntesis, San Juan y Río Negro están hablando el mismo idioma: porcentajes altos de empleo local, preferencia efectiva a proveedores provinciales y registros que eviten “radicaciones fantasmas”. La diferencia no está en el modelo, sino en el terreno donde se aplica.
La gran diferencia: en San Juan compiten con Chile
A diferencia de Río Negro, San Juan tiene un desafío extra que condiciona la discusión: la competencia directa de proveedores chilenos. Los grandes proyectos de cobre están pegados a la cordillera y operan en un corredor binacional donde las empresas chilenas ya se están organizando para desembarcar con oferta de servicios y equipos. Hubo encuentros empresariales en Santiago y movimientos explícitos para posicionar proveedores del otro lado de la frontera en Vicuña, generando alerta en cámaras locales.
La ventaja chilena no es menor: Chile tiene décadas de minería de cobre a escala mundial, un clúster industrial maduro, proveedores con experiencia específica en alta montaña y una logística que muchas veces queda más cerca y aceitada para esos yacimientos fronterizos. En un escenario donde los contratos grandes empiezan a jugarse antes de la construcción, San Juan quiere llegar con una ley que ponga prioridad provincial desde el arranque, sin frenar los cronogramas pero evitando que el derrame se “evapore” hacia el otro lado.
Lo que abre este debate
El proyecto sanjuanino suma un antecedente federal fuerte. Reafirma que, en la nueva minería argentina, la discusión ya no es solo cuántas toneladas se producirán, sino cuánto desarrollo queda donde se produce: empleo, pymes, industria, formación técnica y tejido social. Desde Río Negro, donde ya se viene trabajando una política similar para minería y energía, el caso San Juan sirve como espejo y también como advertencia: en territorios con frontera minera activa, el contenido local no compite solo con otras provincias, sino con clusters internacionales que llegan con ventaja.
Si la ley se aprueba como pretende el Ejecutivo, San Juan pondrá reglas claras antes del despegue del cobre. Y en ese movimiento, vuelve a quedar claro que las provincias que ordenen temprano empleo y proveedores serán las que mejor capturen el valor de la minería que viene.
