Las empresas advierten que la nueva reglamentación de la Ley Provincial 3141, que eleva al 90% la exigencia de mano de obra local, podría ser “restrictiva” para las inversiones. CAMICRUZ pidió al Gobierno acompañar la medida con capacitación, infraestructura y una política de incentivos que permita cumplirla sin afectar la competitividad.

La Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) manifestó su preocupación por la reciente reglamentación de la Ley Provincial N°3141, que modifica el histórico esquema 70/30 de contratación local —vigente desde hace más de una década— y lo eleva al 90/10, es decir, 90% de mano de obra santacruceña y 10% de foránea.

Si bien las empresas aseguran compartir el espíritu de la norma —priorizar la participación local en los proyectos mineros—, advierten que el nuevo porcentaje es difícil de alcanzar en el corto plazo y que su implementación sin acompañamiento estatal puede afectar la previsibilidad y el clima de inversión en la provincia.

Qué establece la Ley 3141

La Ley Provincial 3141, modificada este año por iniciativa del gobernador Claudio Vidal y aprobada por unanimidad en la Legislatura, exige que todas las empresas mineras, pesqueras e hidrocarburíferas que operen en territorio santacruceño contraten al menos un 90% de trabajadores locales.

El objetivo, según el texto legal, es maximizar el empleo santacruceño en sectores estratégicos y garantizar que el desarrollo de los recursos naturales impacte directamente en las comunidades donde se produce la riqueza.

La reglamentación publicada en el Boletín Oficial aclara que el cupo aplica tanto a personal permanente como transitorio, y que el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Minería provincial serán los encargados de controlar su cumplimiento.

La mirada del sector: “Queremos cumplir, pero necesitamos condiciones reales”

Desde CAMICRUZ, que agrupa a las principales operadoras y proveedoras del sector, señalaron que las empresas ya superan el 90% de mano de obra local en operarios y personal básico de planta, pero que no ocurre lo mismo con perfiles técnicos y profesionales.

“El desafío no está en los puestos operativos, sino en los mandos medios, ingenierías y especialidades. Hay vacantes que no pueden cubrirse localmente por falta de recursos formados” – explicaron desde la cámara.

Según el sector, alcanzar el 90/10 pleno requiere fortalecer la infraestructura educativa y los programas de capacitación en minería, geología, metalurgia y mantenimiento industrial, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

Las mineras remarcan que no se oponen al espíritu de la ley, pero sí piden tiempo y acompañamiento estatal para poder cumplirla sin comprometer la seguridad operativa ni la eficiencia productiva.

Riesgo para la competitividad

CAMICRUZ advirtió además que una aplicación rígida del 90/10 podría desalentar inversiones en un contexto donde otras provincias mineras como San Juan, Salta y Catamarca avanzan con regímenes más flexibles.

“La minería es intensiva en capital y necesita reglas previsibles. Si las condiciones locales son más exigentes que en otras jurisdicciones, las inversiones tenderán a orientarse hacia donde haya mayor estabilidad”, sostienen desde el sector.

También recordaron que cada empleo minero directo genera entre tres y cuatro empleos indirectos, por lo que la mejor forma de impulsar la ocupación local es garantizando un flujo sostenido de proyectos nuevos, algo que depende de la confianza del inversor.

Lo que pide el sector al Gobierno

CAMICRUZ propone que el Estado provincial complemente la reglamentación del 90/10 con un plan integral que incluya:

• Capacitación técnica continua, en conjunto con universidades, sindicatos y empresas.
• Mejoras de infraestructura y conectividad en zonas mineras (vivienda, salud, educación).
• Regímenes de incentivos para la formación y retención de talento local.
• Un plazo de transición razonable, que permita alcanzar gradualmente la meta sin afectar operaciones ni inversiones en curso.

El sector también sugiere crear una mesa de trabajo permanente entre el gobierno, las cámaras y los gremios, para evaluar avances, identificar cuellos de botella y definir prioridades de formación local.

Un equilibrio en debate

La discusión sobre el 90/10 vuelve a poner sobre la mesa uno de los dilemas centrales de la minería argentina: cómo generar más trabajo local sin frenar la inversión privada.
Desde el Gobierno provincial defienden la medida como un paso necesario para “santacruceñizar” la producción, mientras que las empresas insisten en que el empleo genuino sólo crece si hay proyectos activos, reglas claras y desarrollo de proveedores.

En un momento clave para el futuro minero del país, Santa Cruz busca consolidar su identidad productiva sin perder competitividad.
Y el desafío, una vez más, será lograr que la licencia social y la sustentabilidad económica caminen de la mano.

Por Nicolás Muñoz – Director de E360°