Con la Resolución 1050/2025, el Estado comenzó el desprendimiento de 15 unidades de negocio. Entre ellas, el control indirecto de Transener, operadora de más del 85% de las líneas de energía eléctrica en el país.

El Gobierno nacional formalizó la privatización de Energía Argentina (ENARSA), dando inicio a la venta de su participación en CITELEC, empresa que controla Transener, la transportista de energía eléctrica en alta tensión más importante del país.

Esta medida, establecida por Resolución 1050/2025, pone en juego el control estatal indirecto sobre más del 26% de Transener, una firma que opera el 85% de las líneas de alta tensión del sistema argentino.

La decisión se enmarca en la Ley de Bases que declaró a ENARSA como empresa sujeta a privatización. La resolución establece el inicio de la venta de las acciones de CITELEC S.A. a través de un concurso público de alcance nacional e internacional, un paso clave en el plan de desprendimiento de las 15 unidades de negocio de ENARSA, autorizado por decretos previos.

De acuerdo a la resolución publicada el viernes 25 de julio en el Boletín Oficial, el procedimiento estará bajo la coordinación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que tiene el mandato de concretar la venta de las acciones de CITELEC S.A. en un plazo máximo de ocho meses desde la entrada en vigencia de la resolución.

La Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Secretaría de Energía será la encargada de elaborar la documentación técnica y contractual necesaria para la licitación. La valuación será realizada por un banco público, dado que no se cuenta con activos físicos sino con ingresos futuros como base.

Desde la mirada rionegrina y patagónica de Energía 360 observamos que en esta decisión del gobierno nacional está en juego lo siguiente:

*Infraestructura estratégica: Transener gestiona más de 14.000 km de líneas de alta tensión, fundamentales para la integración energética del país.

*Conexión territorial: Estas redes vinculan regiones, pueblos y zonas productivas de todo el país. Privatizar sin participación pública puede poner en riesgo la planificación con mirada federal.

*Desigualdad energética: La propiedad pública garantiza que la energía llegue como derecho. La privatización puede convertirla en un negocio con criterios de rentabilidad, dejando a regiones periféricas sin prioridad.