El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado la semana pasada por el gobierno nacional y por el propio organismo implica para la Argentina el cumplimiento de tres ejes centrales: el mantenimiento del equilibrio fiscal, la transición hacia un régimen cambiario más flexible y la profundización de reformas estructurales con el objetivo de crear una economía más abierta, competitiva y orientada al mercado.

En este marco, ya se habla de que la Secretaría de Energía definirá antes de fin de año un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas con el objetivo de acelerar el recorte del gasto público y avanzar en la desregulación del sistema energético. La intención es reemplazar la actual segmentación por ingresos en tres niveles por una única asistencia destinada exclusivamente a hogares vulnerables.

Sin embargo, este proceso sería gradual. Actualmente, seis de cada diez hogares reciben subsidios.

Según el esquema vigente, los usuarios se agrupan en tres niveles: ingresos altos (Nivel 1), que pagan la tarifa plena; ingresos bajos (Nivel 2); e ingresos medios (Nivel 3).

De acuerdo con datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hasta diciembre había 9,5 millones de usuarios de electricidad con tarifa subsidiada: 6,3 millones en el Nivel 2 y 3,2 millones en el Nivel 3, sobre un total de 16,2 millones. En el caso del gas, 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios residenciales recibían subvenciones, con 3,1 millones en el Nivel 2 y 2,2 millones en el Nivel 3.

En su primer año de gestión, el Presidente Javier Milei ya aplicó un ajuste del orden de los USD 3.000 millones, al tiempo que incrementó los componentes tarifarios de transporte y distribución.

Desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad aumentaron un 264% y las de gas un 622%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA-Conicet. Estos incrementos corresponden a hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no reciben subsidios.

La eliminación del actual esquema también es clave para cumplir otra meta establecida en el acuerdo con el FMI: avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad para noviembre de 2025, con el objetivo de mejorar la competencia y aliviar la presión sobre la cadena de pagos del sector energético.

¿Qué pasó en Río Negro?

Según datos difundidos por Edersa, entre noviembre y diciembre de 2024 más de 14.000 familias perdieron el subsidio en la factura de energía eléctrica en el área de concesión de la distribuidora, lo que generó que en muchos casos pasaran a pagar hasta un 50% más.

La empresa manifestaba a principios de enero que con el objetivo de reducir el déficit fiscal, el gobierno nacional había iniciado un paulatino recorte en los subsidios al Costo de Abastecimiento eléctrico, aplicable también al gas, lo que significó que en todo el país miles de familias fuesen perdiendo el beneficio.

Entre octubre y diciembre de 2024, Edersa, que distribuye la energía en todo el territorio rionegrino menos en Bariloche y Río Colorado, experimentó un recorte nacional en cantidad de subsidios para 14.353 familias.

“Hasta octubre, el 42% de nuestros usuarios estaban segmentados como Nivel 2 (N2), mientras que el 37% eran N1 y el 21%, pertenecían al grupo N3. Dos meses después, ese escenario dio un giro, ya que ahora el 42% son N1 y sólo el 34% corresponden a N2”, explicaron desde la distribuidora.

Cabe recordar que son N1 aquellos usuarios que perdieron totalmente el subsidio eléctrico porque -de acuerdo a datos nacionales- el núcleo familiar suma salarios registrados que superan los 3.500.000 pesos. En cambio, son considerados N2 aquellos que no alcanzan la Canasta Básica y N3 las familias con sueldos en “blanco” que están entre una Canasta Básica y los 3.500.000 pesos.

“En términos económicos, aquella familia que era N2 y perdió el subsidio, pasando a ser N1, experimentará un aumento en su factura del orden del 50%. Y si pasó de N2 a N3, de alrededor del 15%”, indicó la distribuidora en su momento.