Navitas (Israel) y Rockhopper (Reino Unido) tomaron la decisión final de inversión para desarrollar el yacimiento offshore Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, con un plan de hasta US$ 2100 millones y producción prevista para 2028. El Gobierno argentino calificó el avance como “ilegal e ilegítimo” y advirtió con sanciones y acciones legales, mientras la prensa internacional advierte que el proyecto puede reavivar la disputa en el Atlántico Sur.
Un proyecto petrolero de US$ 2100 millones en el Atlántico Sur
Sea Lion es un yacimiento de petróleo ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros al norte de las islas, en aguas profundas del Atlántico Sur. Fue descubierto en 2010 por Rockhopper Exploration y, desde entonces, atravesó un largo recorrido de estudios sísmicos, pozos exploratorios y reconfiguraciones comerciales hasta llegar a la decisión de avanzar a la etapa de desarrollo.
El nuevo esquema tiene como protagonista a Navitas Petroleum, una compañía israelí que hoy es operadora del proyecto y posee el 65 % de participación, mientras que la británica Rockhopper Exploration mantiene el 35 %. Ambas empresas anunciaron la Decisión Final de Inversión (FID) para la Fase 1 del desarrollo y confirmaron que el gobierno de las Islas Malvinas aprobó el plan de desarrollo y producción para las fases 1 y 2. Con esa autorización, las licencias pasan formalmente a fase de explotación por 35 años, con posibilidad de extensión si fuera necesario para completar la producción.
En términos técnicos y económicos, la Fase 1 apunta a extraer alrededor de 170 millones de barriles de petróleo, con un pico de producción estimado en 50.000 barriles diarios hacia 2028. La inversión total tras la FID se calcula en US$ 1800 millones hasta el primer barril y cerca de US$ 2100 millones hasta la finalización de la fase, incluyendo contingencias y costos financieros. El desarrollo se realizará mediante una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), a la que se conectarán los pozos submarinos, y desde donde el crudo será transferido a buques tanque para su exportación.
El mismo plan contempla una Fase 2, ya avalada por el gobierno isleño, que sumaría otros 149 millones de barriles, dentro de un recurso total estimado para el área que supera los 900 millones de barriles de petróleo. Para las autoridades de las islas, se trata de un proyecto “transformador”: la legislación local prevé una regalía del 9 % sobre los ingresos del campo y un impuesto corporativo del 26 % sobre las ganancias, configurando una fuente de ingresos a varias décadas que se sumará al actual peso de la pesca en la economía del archipiélago.
La posición argentina: rechazo diplomático y advertencias legales
Para la Argentina, Sea Lion no es solo un gran proyecto petrolero offshore, sino una explotación de recursos naturales en una zona que el país considera parte de su plataforma continental y en disputa de soberanía con el Reino Unido.
Ayer, 11 de diciembre, la Cancillería argentina difundió un comunicado en el que expresa su “más enérgico rechazo” a la “Decisión Final de Inversión” anunciada por Rockhopper y Navitas para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, al que describe como ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las Islas Malvinas, “sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina”. El texto califica el avance como una acción “unilateral e ilegítima” del Reino Unido y de las “ilegítimas licenciatarias” que operan en la zona.
El Gobierno recuerda que las leyes 26.659 y 26.915 prohíben explorar o explotar hidrocarburos en cualquier sector de la plataforma continental argentina sin autorización y que contemplan sanciones e inhabilitaciones para las empresas que lo hagan. En ese marco, Cancillería remarca que Rockhopper ya fue sancionada e inhabilitada en 2012-2013 y que Navitas fue incorporada más recientemente al listado de compañías infractoras por sus actividades vinculadas a Sea Lion.
El comunicado también advierte a bancos, aseguradoras, proveedores y demás actores de la cadena de valor que cualquier participación directa o indirecta en el proyecto podría ser considerada un acto ilícito desde el punto de vista del derecho argentino y quedar sujeta a “medidas administrativas, legales y judiciales”, tanto en jurisdicción nacional como en foros internacionales. Según distintos medios, la Cancillería buscará que estas advertencias queden formalmente notificadas a los principales actores financieros y técnicos vinculados al desarrollo.
En paralelo, el gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur —provincia que en el ordenamiento interno argentino tiene jurisdicción sobre las islas y los espacios marítimos adyacentes— emitió su propia respuesta. La administración provincial calificó la decisión como “ilegal y provocadora”, habló de un “avance británico en la Cuenca Malvinas Norte” y reclamó a la Nación “acciones urgentes en todos los foros internacionales”, al considerar que la maniobra vulnera normas internacionales y afecta gravemente los derechos soberanos argentinos.
Desde Buenos Aires, la lectura oficial es clara, cada barril producido en Sea Lion refuerza una presencia británica que la Argentina considera colonial, consolida un flujo de renta petrolera de largo plazo bajo administración de Londres y complejiza el cuadro de la disputa en el Atlántico Sur, que ya tenía en la pesca uno de sus puntos más sensibles.
La mirada internacional y el marco que plantea la ONU
La decisión de avanzar con Sea Lion no pasó desapercibida fuera de la región. Medios económicos y especializados de Europa y América describen el proyecto como el primer gran desarrollo petrolero en las Islas Malvinas y subrayan que, si los plazos se cumplen, el archipiélago podría convertirse en productor de crudo hacia 2028, casi dos décadas después del descubrimiento del campo.
Diarios británicos como The Times remarcan que se trata de un proyecto de alrededor de US$ 2100 millones, con un pico previsto de 50.000 a 55.000 barriles diarios, que aportará regalías e impuestos durante al menos 30 años y generará demanda para la cadena de ingeniería, servicios y manufactura del Reino Unido. Al mismo tiempo, señalan que el desarrollo “podría reavivar las tensiones con la Argentina”, país que reclama soberanía sobre las islas y sus aguas circundantes.
Medios especializados en energía offshore, como Offshore Energy, Upstream o Brazil Energy Insight, destacan el largo derrotero de Sea Lion —“15 years in the making”—, el salto de costos que postergó la FID hasta 2025 y el hecho de que el proyecto ingrese ahora en una fase de explotación de 35 años tras la aprobación definitiva del gobierno de las islas. Todos mencionan la disputa de soberanía como un factor de riesgo político, aun cuando la decisión de inversión ya está tomada y el financiamiento se encuentra en etapa avanzada.
En este escenario, la argumentación argentina se apoya de manera central en el marco de Naciones Unidas. La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General, aprobada en 1965, reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas y señaló que se trata de una situación colonial que debe resolverse a la luz de la Resolución 1514, que impulsa la descolonización, invitando a ambas partes a negociar una solución pacífica “sin demora”, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.
Más tarde, la Resolución 31/49 de 1976 dio un paso adicional al instar a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que impliquen introducir modificaciones en la situación mientras la disputa esté pendiente de solución, formulación que la diplomacia argentina cita cada vez que protesta por actos británicos vinculados a recursos naturales en el área, tanto en pesca como ahora en hidrocarburos.
Desde la mirada de buena parte de la prensa internacional, Sea Lion se ubica justamente en ese cruce: un proyecto económicamente atractivo y técnicamente viable, que inaugura una nueva etapa para el offshore del Atlántico Sur, pero que se desarrolla sobre un territorio cuya soberanía está en disputa y bajo un paraguas jurídico que la Argentina no reconoce.
Para nuestro país, la puesta en marcha de este campo petrolero vuelve a plantear una pregunta de fondo: cómo articular, más allá de los comunicados, una estrategia de largo plazo que combine diplomacia, derecho internacional y política energética propia en el Atlántico Sur, capaz de defender la soberanía y, al mismo tiempo, disputar con hechos el mapa de los recursos que se está redibujando en torno a Malvinas.
