Una nueva disposición del Ministerio de Economía fija el marco para detectar casos con “capacidad de pago” y rechazar o sacar del subsidio a quienes no encuadren. Qué significa en la práctica para un hogar de Río Negro y qué conviene revisar hoy para evitar bajas por datos desactualizados.

El nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) sigue sumando piezas operativas y ahora incorporó una de las más sensibles: los “indicadores de exteriorización patrimonial” y de “manifestación de capacidad económica” que podrán usarse para admitir, rechazar o excluir hogares del beneficio, incluso más allá del nivel de ingresos declarado o registrado.

La medida fue formalizada por la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, que aprueba un Anexo técnico donde se definen esos indicadores y habilita su aplicación para depurar el padrón del SEF a partir de cruces de información entre bases del Estado.

En términos simples: el SEF no se apoya solamente en lo que un hogar declara (o en lo que figura como ingresos), sino que suma señales objetivas de patrimonio o capacidad económica. Si el sistema detecta una o más de esas señales en alguno de los integrantes del hogar, el beneficio puede no otorgarse (si se solicita) o darse de baja (si ya se venía recibiendo).

Para Río Negro el impacto es directo, porque el esquema es nacional y aplica de la misma manera en toda la provincia: desde el Alto Valle hasta la Región Sur y la Costa Atlántica. Lo que cambia no es “la tarifa rionegrina” (eso depende del cuadro provincial y la distribuidora), sino la elegibilidad al subsidio nacional que reduce el precio de la energía (electricidad y/o gas) dentro de determinados consumos base.

La disposición también detalla cómo se instrumenta el control: el Estado realizará cruces con el SINTyS y “otras bases de datos”, además de criterios de georreferenciación, para evaluar ingresos y la existencia de indicadores patrimoniales.

Un punto clave: en el Boletín Oficial se publica el texto de la disposición, pero el listado específico de indicadores está en el Anexo, que se difunde en la edición web del Boletín. En esta conversación pude acceder al cuerpo de la disposición, pero no al contenido completo del Anexo con el detalle punto por punto; por eso, a continuación te dejo lo más útil desde lo operativo (qué significa para un hogar y qué hacer hoy) con base estricta en el marco oficial publicado.

Qué debería hacer hoy un hogar rionegrino para no quedar “afuera” por un error: primero, verificar que los datos del hogar estén actualizados en el registro correspondiente (ReSEF, que se conforma a partir del RASE) y que la titularidad del servicio y la composición del hogar reflejen la realidad. La norma remarca que el régimen se apoya en registros existentes y cruces de información: cuando hay datos viejos o inconsistentes (domicilio, integrantes, ingresos, titular), el riesgo práctico es que el hogar quede mal categorizado y termine sin beneficio al momento de la evaluación.

Segundo, si el hogar encuadra por situaciones especiales que el propio esquema contempla (por ejemplo, Certificado de Vivienda Familiar – ReNaBaP, pensión de Veteranos, o casos con CUD, que quedan sujetos a evaluación específica), conviene tener esa situación correctamente asociada a los integrantes del hogar en los registros estatales, porque la disposición deja claro que esos supuestos forman parte del universo de elegibilidad del SEF.

Tercero, tener en mente la lógica: la autoridad de aplicación puede presumir capacidad de pago a partir de indicadores patrimoniales. Si un hogar está justo en el límite por ingresos pero exhibe señales de patrimonio, el sistema puede resolver el rechazo o la exclusión.

En paralelo, la norma sostiene que la focalización busca reducir “errores de inclusión” y que debería preservar instancias de revisión para usuarios, lo que abre la puerta a reclamos y re-evaluaciones cuando haya inconsistencias o situaciones particulares.

La Disposición 2/2026 rige desde su publicación (20 de enero de 2026) y se integra con el nuevo entramado normativo del SEF creado por decreto y reglamentado por la Secretaría de Energía.